El Hospital Perpetuo Socorro, en Uribia, La Guajira, es uno de los dos centros asistenciales que atiende al territorio wayúu al norte del departamento en al menos 8.000 km2.
Además, es el centro de una insólita disputa entre la directora saliente de la institución, Melba Cortez, y el alcalde, Bonifacio Henríquez, quien decretó le reemplazo de la funcionaria.
De ahí en adelante arrancó una polémica que terminó en los juzgados del departamento: una acción de tutela fue fallada a favor de la exdirectora y dejó sin efecto el decreto de Henríquez.
El mandatario, de ñapa, terminó arrestado cinco días por desacato a la medida que le restableció los derechos fundamentales invocados por la tutelante. El juez determinó que el alcalde no se había pronunciado ante el requerimiento judicial, incurriendo en un desacato.
El lío no es menor, si se tiene en cuenta que hoy más que nunca la necesidad ingente de recursos económicos, administrativos y sanitarios que requieren los hospitales para afrontar la crisis por la pandemia desatada por el virus del COVID-19, cada vez más cerca de La Guajira que este viernes registró su primer contagiado.
No deja de ser atípico y, si se quiere, irresponsable, que esta situación se presente, cuando se requiere también de un mandatario local en pleno ejercicio de sus funciones.
Cabe recordar que el de Uribia es uno de los nueve alcaldes de La Guajira con su elección demandada por delitos electorales. Sin embargo, mientras las cosas se resuelven en los estrados, lo último que puede estar en disputa es quién manda y quién no en un municipio.
Así mismo, ocurre en este hospital que, de paso, es casi que el único con el que se podrá contar para mitigar en algo el pánico por el coronavirus. El alcalde, en su defecto, atizó la pelea a propósito de un comunicado oficial, donde deslegitimó la decisión de un juez de la República y donde justifica su actuación amparado en la ley, que según él lo avala para este tipo de casos. Sin embargo, el juez ordena que la señora Cortez siga en el cargo, cuya tutela fue fallada el día 21 de enero del 2020. Esta zona en de La Guajira registra según el DANE una alta mortalidad por problemas de desnutrición y enfermedades asociadas a ella, derivadas de la negligencia y en su mayoría en actos de corrupción que aún permanece en la impunidad y en algunos casos sin investigaciones que arrojen resultados, lo que hace de los pobladores en un 98% indígenas de la etnia wayúu blanco fácil para el COVID-19.
