Cuando se anunció que se abriría la sede La Paz de la Universidad Nacional, los jóvenes de la región fueron los más entusiasmados. Por fin tendrían educación de calidad, algo que antes parecía inalcanzable debido a las pocas alternativas que ofrece la capital vallenata y su lejanía con los municipios del departamento. Sin embargo, nada ha salido como se planeó, lo que sería la nueva promesa en educación de la región ha estado plagada de altibajos que ha dejado un sabor amargo no solo en los estudiantes, que hoy son 700, sino también en las directivas y el Consejo Superior Universitario (CSU) de La Nacional.
Mesa de trabajo entre Monsalvo Gnecco y rectora Dolly Montoya para la sede La Paz (2020)
En 2013, la universidad hizo entrega a la Gobernación del Cesar, en aquel entonces encabezada por Luis Alberto Monsalvo Gnecco y quien actualmente también es gobernador, para que ejecutará los recursos de la primera etapa de la construcción de la sede que queda ubicada en la vía Valledupar-municipio La Paz. Dos años después, la Controlaría General de la Nación emitió un dictamen sobre el estado de la infraestructura en un informe que dio cuenta de las irregularidades del proyecto. La construcción parecía haberse hecho "a las patadas", en un mismo bloque habían diferentes materiales -cemento y metal- mientras que los techos del campus tenían drywall en su interior como se evidencia en las siguientes imágenes:
Desde entonces, la Universidad Nacional decidió que no volvería hacer entrega de los recursos proveniente de Pactos Territoriales a la Gobernación del Cesar para la primera etapa de la II fase de la construcción. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que se invertirían 80 mil millones de pesos provenientes de recursos de la nación, pero terminó estableciendo que solo daría el 70% y el 30% restante lo pondría el departamento del Cesar. Sin haberse comunicado directamente con la Universidad Nacional, el gobernador Monsalvo Gnecco dio por sentado que la gobernación sería la encargada de manejar el dinero para ejecutar los recursos, como había sucedido años atrás. El 2 de julio, el gobernador expidió una certificación dirigida a María Marcela Camacho, la vicerrectora de la Sede La Paz, en la que declaró que la gobernación sería la ejecutora. Ante tales atribuciones, la Nacional le informó a Monsalvo Gnecco que no aceptaría sus términos. A esto se le sumó el rechazo del CSU de La Nacional.
Sobre el 30% de los costos de la construcción que daría la Gobernación del Cesar, la Universidad Nacional estableció que el grueso del aporte debe provenir en un 100% del Estado. Por su parte, la vicerrectoría pide autonomía para evitar que la nueva construcción presente las mismas irregularidades de la Fase I.
A continuación, la respuesta de la Universidad Nacional al gobernador del Cesar:
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