Desde agosto de 2023, Bogotá y Cundinamarca se han quedado sin acceso al tradicional Aguardiente Amarillo de Manzanares. Las razones detrás de esta situación están vinculadas con aspectos legales y económicos que rigen la distribución de licores en Colombia. Publicado originalmente en: Más Colombia
La Ley 1816 de 2016 y el monopolio departamental
Uno de los principales factores que ha desencadenado este problema es la Ley 1816 de 2016, una normativa que otorga a los departamentos el control sobre la venta de licores producidos en otras regiones del país. Esta ley ha establecido un monopolio que restringe la distribución de productos como el Aguardiente Amarillo en Bogotá y otros territorios.
Bajo esta legislación, cada departamento tiene la facultad de decidir qué licores, entre ellos aguardientes, pueden comercializarse en su jurisdicción, y cualquier empresa que desee distribuir su producto en otra región debe obtener permisos específicos de las autoridades locales.
Este marco legal ha provocado que departamentos como Cundinamarca ejerzan un control estricto sobre los productos que compiten con los suyos. En este caso, la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), que produce el Aguardiente Néctar, es la responsable de regular qué productos pueden entrar en su mercado.
La ELC, inicialmente, había permitido la venta del Aguardiente Amarillo en Bogotá, pero en junio de 2023, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca revocó este permiso mediante la Resolución 797, lo que generó un conflicto legal con la Industria Licorera de Caldas (ILC), productora del Aguardiente Amarillo.
Controversia legal del Aguardiente Amarillo en Bogotá
La revocación del permiso de comercialización del Aguardiente Amarillo ha sido calificada como una medida arbitraria por parte de la ILC. Según esta empresa, la decisión de Cundinamarca no respetó el debido proceso legal, lo que ha llevado a una escalada en la controversia. En respuesta, la capital colombiana ha decidido defender su derecho a comercializar este licor, una batalla que ahora se libra en los tribunales.
Uno de los principales defensores de esta causa es el concejal Juan David Quintero, quien ha manifestado abiertamente su intención de demandar la Ley 1816 de 2016. Según Quintero, esta normativa no solo limita la capacidad de Bogotá para acceder al Aguardiente Amarillo, sino que también infringe principios fundamentales de libre comercio. En sus declaraciones, el concejal ha subrayado que el monopolio departamental sobre los licores es una restricción injusta para los consumidores, quienes deberían tener la libertad de elegir qué productos desean consumir.
Además, Quintero ha señalado que Bogotá está en una posición de desventaja en términos económicos, ya que, bajo el monopolio rentístico de licores, la capital solo recibe un 10,5% de lo recaudado por el consumo de licores destilados, mientras que el departamento de Cundinamarca se queda con la mayor parte de los ingresos.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en 2023 se recaudaron $287 mil millones por este concepto, de los cuales $257 mil millones fueron destinados al departamento, mientras que Bogotá recibió únicamente $30 mil millones. Este desequilibrio es otro de los motivos que ha impulsado la demanda por parte del concejal Quintero.
El impacto en los consumidores y la industria
Para los consumidores en Bogotá, la falta de acceso al Aguardiente Amarillo ha sido un golpe significativo, especialmente para aquellos que consideran este licor como parte de su tradición y cultura. Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas, ha expresado su frustración con la situación, señalando que, mientras en la ciudad es fácil encontrar licores internacionales, el Aguardiente Amarillo de Manzanares solo se consigue a precios inflados en tiendas virtuales, llegando a costar hasta el doble de su precio normal, lo que además plantea riesgos de adulteración del producto.
La Industria Licorera de Caldas, por su parte, ha visto afectada su capacidad de distribución y ventas, ya que Bogotá representa uno de los mercados más importantes para su aguardiente. Este escenario ha creado tensiones no solo entre las autoridades departamentales, sino también dentro del sector licorero colombiano, que se enfrenta a un panorama de competencia desigual debido a las barreras impuestas por las normativas locales.
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