Sin desconocer esfuerzos gubernamentales y de algunas entidades privadas para enfrentar la pandemia, el progresivo descuido de la red pública de salud que durante décadas operó con algunas fallas orientada desde el ministerio, secretarias departamentales, municipales, los puestos de salud en coordinación con hospitales universitarios y de niveles 1, 2, 3 y 4, fue resultado del proceso de privatización de la salud, a partir de la Ley 100.
Al ser un servicio público esencial a cargo del Estado, la prevención de enfermedades mediante: la vacunación, fumigación e implementación de campañas de educación en hábitos saludables, era esencial en sus agendas, al igual que la coordinación con entidades del Estado encargadas de fomentar y construir sistemas de acueducto y alcantarillado, recolección y tratamiento de basuras en centros urbanos y sectores rurales con miras a prevenir numerosas enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de diverso origen.
Con la excusa de que el Estado -colonizado por la politiquería, la corrupción administrativa y por unos sindicatos desbordados en sus pliegos de peticiones- era ineficiente y el sector privado, “más eficaz y honrado”, la mayoría de billonarios recursos del sector fueron entregados en bandeja de plata a ávidos negociantes, que gracias a sus vínculos con la alta clase política y empresarial también corrupta, se apoderaron de las rentables EPSs, que como en el caso de Saludcoop, fueron orientadas a construir lujosos hoteles, condominios campestres, clínicas particulares, patrocinar equipos de fútbol y pagar cuantiosos salarios y bonificaciones a sus directivos, mientras a los amenazados médicos los obligaban a mezquinar tratamientos, drogas y cirugías a los pacientes, estableciendo la universalización del diclofenaco y el acetaminofén como ‘panaceas universales’ para casi todas las enfermedades, obligándolos mediante las tutelas, a pelear la aprobación de cirugías y prolongados tratamientos.
Como consecuencia de la aparición de las EPSs, las campañas de educación, prevención en salud y de vacunación, entre otras, fueron descuidadas y los hospitales públicos y clínicas, llamadas IPSs, sufrieron desmejora en sus ingresos y servicios, al negarles o demorarles las EPSs el pago a los servicios prestados a pacientes afiliados, lo que ocasionó deficiente dotación de insumos de salud y demora en pagos de los bajos salarios y desmejoradas condiciones en que fueron subcontratados médicos, paramédicos y demás personal de trabajadores y administrativos vinculados a los centros asistenciales, a través de la engañosa figura de los “contratos sindicales”, institucionalizados en el primer gobierno de Uribe y controlados por los dueños de las EPSs y otros empresarios ligados a políticos socios.
Este esquema de privatización experimentado desde los 80 en el laboratorio neoliberal que iniciaron en el Chile de Pinochet, fue replicado a todos los países de Latinoamérica y la mayoría de países del mundo cuando paulatinamente desmantelaron el llamado “Estado de Bienestar”, que garantizaba a sus ciudadanos servicios básicos, como: salud, educación, vivienda, bancos, servicios de acueducto, alcantarillado, recolección y tratamiento de basuras, energía, pensiones, etc, para entregárselos al sector privado.
Bastó una emergencia global para mostrarnos la debilidad institucional, hasta en los países ‘desarrollados’ que siguiendo la receta privatizadora también debilitaron sus instituciones de salud pública, aseguramiento social y sistemas de pensiones. Así sucedió en Italia, España y los Estados Unidos, donde Trump intentó acabar con el Obamacare, que garantizaba atención básica de salud a cerca de 20 millones de pobres, desmanteló la oficina de prevención en salud y en medio del pandemonio mundial generado por el coronavirus, acaba de suspender los aportes del gobierno de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, OMS, acusándola de no haber advertido a tiempo del peligro de la pandemia, a la que calificó como una “gripita”, por la que no debía paralizarse la economía. (Es como hacer huelga de bomberos en medio de un incendio)
Si algo enseñó el coronavirus, es que “las fuerzas del mercado” no son las más indicadas para manejar servicios básicos como la salud pública, sobre todo cuando están motivadas por exorbitantes ganancias en beneficio de la alianza de políticos y empresarios privados que también son corruptos, y en Colombia controlan varias EPSs, junto a metalizados fabricantes de drogas e insumos médicos sin control de precios, dejando en segundo plano el bienestar de la mayoría de la población al descuidar la salud preventiva y sin garantizar oportuna atención de los ciudadanos.
