La zona G de Bogotá, ubicada entre las calles 65 y 73, es de enorme concurrencia por ser uno de los puntos gastronómicos más famosos de la capital, pero así mismo es hoy un lugar de caos en movilidad, incumplimiento de normas de patrimonio, abusode parqueaderos en calles y andenes, basuras en las vías, aparición de vendedores ambulantes, indigentes, expendio de drogas y presencia de bares y usos de antejardines sin autorizaciones legales.
Igualmente, este espacio impacta barrios como Emaus, Granada, Rosales, Juan XXIII, Bosque Calderón, Chapinero alto y contiene tres quebradas llamadas la Vieja, Rosales y las delicias, que se encuentran en un proyecto de recuperación ambiental y tres corredores peatonales importantes como son las carreras séptima, quinta y la cuarta.
La zona ha sido noticia en los últimos días debido a que el alcalde local de chapinero, Mauricio Jaramillo, se ha empeñado, en acuerdos con algunos dueños de restaurantes, en desarrollar un proyecto de peatonalización con un costo de 3.600 millones de pesos para beneficiar 20 restaurantes, de los 45 que existen, ubicados en la 69ª entre carreras séptima y quinta y en la carrera sexta entre la 69ª y la setenta.
Por este motivo, la comunidad de residentes de la zona G organizados en esta localidad, consideran que ese proyecto no beneficia la inversión urgente que se requiere para arreglar vías, andenes, parques, iluminación, arborización y demás necesidades urgentes del sector. Y que destinar esos recursos que son el 60% del total de presupuesto que es de 5.970 millones, es algo irracional y de beneficio particular, como lo expresan en un comunicado que han divulgado a los medios titulado: “Las mentiras del alcalde de chapinero sobre la intervención en la zona G”.
Cuando aparecieron las aclaraciones de los residentes en la prensa manifestando su desacuerdo con lo planteado por el alcalde, con el respaldo de más de 200 firmas de habitantes de la zona por las razones anteriores, Jaramillo, distribuyó un folleto en el cual propone llevar a cabo peatonalizaciones temporales, un plan de renovación urbana y una intervención integral que incluye el trabajo conjunto de la administración con la ciudadanía, para lo cual tiene pensado abrir una licitación durante el primer semestre de 2015.
Agrega Jaramillo, que se realizaron 5 reuniones con la comunidad para establecer las problemáticas de vías y espacio público, derecho de participación en los presupuestos locales, socialización en la JAL desde el 2013, más las reuniones en la personería distrital, que entre otras en la última citación del martes 18 de noviembre, el alcalde no asistió y tampoco se excusó, como lo manifiestan los representantes de la comunidad que estuvieron cumplidamente.
Para los residentes, el alcalde disfraza con el nombre de “intervención integral” el proyecto de peatonalización de las calles 69ª y 70, motivo por el cual ha habido una fuerte oposición durante un año de audiencias públicas en la personería distrital, ya que los residentes consideran que inevitablemente esto agudiza los problemas de la zona, entre otros aspectos porque se volvería un corredor turístico, aumentarían los barres ilegales que ya existen, se incrementaría la presencia de ambulantes, de valet parking, de basuras, de ruido con la consecuencia inevitable de la huida hacia otros barrios de los residentes del sector.
Esto ya ha pasado en otras localidades de la ciudad como en la zona Rosa, Usaquén, Teusaquillo y la Soledad, en las cuales con el apoyo de la Corporación de Patrimonio, Corpopatrimonio, han podido regresar a sus antiguas viviendas, como es el caso del Park Way, porque dicha entidad con el apoyo del Instituto distrital de Patrimonio, lograron frenar el uso y el abuso de la intromisión de establecimientos que degradaban los distintos sectores mencionados e incumplían con las normas de barrios de conservación.
Hoy en día, los más de 45 establecimientos de comida atraen un sinnúmero de visitantes que invaden el sector de camionetas mal parqueadas, escoltas que invaden calles y andenes, tiendas y cigarrerías que venden cerveza en las noches, escándalos en horas de la madrugada de clientes de los bares ilegales, entre otros factores, que generan un detrimento que desvaloriza las casas y apartamentos de los habitantes y que inevitablemente buscan encontrar apoyo y respeto por las normas de parte de la alcaldía local y de la distrital.
La mayor parte de estos barrios cuentan con casas que son consideradas patrimonio arquitectónico y sin embargo las fachadas, el cambio de uso de los antejardines y las adecuaciones para ser restaurantes o bares, carecen de los permisos legales que debe expedir la oficina de patrimonio del distrito con el fin de contribuir y respetar la conservación del barrio.
Mauricio Jaramillo levanta una cortina de humo, dicen los residentes organizados, al plantear que será una asociación la que decidirá el manejo de los bolardos en la zona en días específicos para que sea peatonal y que la intervención corresponde a una renovación del sector. Así mismo, la comunidad organizada argumenta que la renovación obedece a un plan parcial y que depende de un decreto del Alcalde Mayor y que hasta la fecha no se ha expedido y sin embargo, sienten que el alcalde local ya asumió un compromiso con una minoría de comerciantes que aboga por dicha peatonalización.
De una u otra manera, los proyectos que se adelanten tienen que contar con la aprobación de planeación, de movilidad, el Instituto de patrimonio, el DAEP y sobre todo de las decenas de firmas que se han recogido en el sector y que respaldan el derecho de la comunidad a manifestar su desacuerdo con argumentos técnicos y sociales por lo cual la personería ha considerado que es fundamental el requerimiento al alcalde para confrontar las dos posiciones y llegar a un acuerdo que beneficie a la distintas partes que cohabitan en el sector.
Lo que sí parece que es determinante es la intervención de las autoridades competentes para controlar el parqueo irregular sobre la carrera quinta, la carrera cuarta, las calles 69ª y la 70, especialmente. El cargue y descargue de furgonetas con alimentos, el abuso del valet parking apropiándose de andenes y calles y la presencia de basuras en varios puntos de las vías públicas con los deshechos de los restaurantes, entre otros factores.
Se hace imprescindible un estudio de movilidad que en su momento impidió que se construyera un centro comercial en la famosa Villa Adelaida, que queda a escasos metros del proyecto del alcalde Jaramillo y que implica el incremento del flujo vehicular.
La comunidad no se opone a que la Zona G sea un punto importante turístico, comercial y gastronómico, pero está en pie de lucha para lograr que se respeten sus derechos como habitantes de estos barrios, ya que son finalmente ellos los que, en el trajinar diario de los oficinistas, de los trabajadores en los restaurantes, los encargados de parquear, los que manejan los establecimientos comerciales, quedan en sus viviendas para poder disfrutar de la calidad de vida que se merecen como moradores diurnos y nocturnos en esta área de la capital.
