Contéstese a usted mismo: ¿No vale la pena leerse ese cuento?
Se cumplió un año de la firma del acuerdo de paz de La Habana, pacto que reintegró a la vida social y política a las Farc. Este actor del conflicto que estaba por cumplir 60 años de lucha insurgente, ha tenido que adaptarse a los tiempos del Estado y a su vez a una opinión pública ampliamente dividida.
Más allá de las dificultades propias de un ejercicio político, social y jurídico que realizamos por primera vez en Colombia, como ciudadanía deberíamos analizar las ganancias que superan; sin duda alguna, el costo de la guerra.
Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación, tantos años de conflicto en el país con los diferentes actores (guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes) dejó un aproximado de 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos.
Acostumbrados a la dinámica de la guerra que seguíamos tras las pantallas de televisión, fuimos pocos los que le pusimos números al conflicto que en promedio dejaba 3.000 muertos por año. Ignoramos que tan solo en el 2002 se reportaron 19.640 víctimas directas, una cifra aterradora que equivale al total de habitantes de municipios de departamentos como Antioquía, Córdoba y Meta.
Hemos perdido tantos compatriotas, algunos que, en la categoría de desaparecidos aún son esperados por su familia. En este panorama crecían las historias trágicas, dolorosas y estremecedoras de los colombianos víctimas del conflicto.
Ellos, las víctimas merecían después de tanto tiempo, un compromiso real de no repetición. En ese sentido el acuerdo con las Farc, es una medida efectiva por parte del Estado y se convierte en una enorme oportunidad para caminar hacia la verdad y justicia sobre lo que sucedió, una lucha que las plataformas de representación de las víctimas siguen reclamando.
Sin duda, la cifra que realmente pone con los “pelos de punta” a las entidades nacionales e internacionales, es la del desplazamiento forzado. Son 7, 4 millones de víctimas que, según la Organización de las Naciones Unidas, se vieron obligadas a dejar sus hogares para salvar sus vidas. Un destierro que Caballero Calderón en alguna de sus novelas, bien podría denominar como una enorme barbarie que enseñoreó los campos, sembrando terror y muerte.
Territorialmente las Farc operaban en 242 de los 1.122 municipios que tiene todo el país, con el acuerdo de paz, se desocuparon militarmente el 90% de estos territorios. Un efecto que no había podido lograr ni la “seguridad democrática” en sus mejores tiempos.
La paz, es un pacto por la vida. Yolanda Pinto, directora de la Unidad para las Víctimas, es en sí misma una víctima del conflicto armado al perder a su esposo Guillermo Gaviria Correa, ex gobernador de Antioquia asesinado por las Farc en el 2003[1]. En una entrevista que dio a Alfredo Molano para El Espectador[2], expresó que: "Lo mejor que nos ha pasado a los colombianos es parar esta masacre. ¿Cómo alguien puede pretender volver al pasado? ¿A quién se le puede ocurrir que salvar 4.000 vidas no vale la pena? A mí me repararon salvando esas vidas".
A pesar de no estar en el Registro Único de Víctimas y, que las armas de la guerra no tocaron directamente mi piel, me sumo a ese llamado por la vida, a pesar de los tropiezos, vicisitudes, diferencias y aciertos políticos y jurídicos. La palabra patria significa familia y tierra. ¿Cómo hablar de patriotismo, sin hermanos, sin tierra, sin paz?
¿Vale la pena apostarle el todo o nada? ¿Qué más podemos perder?, ¿no han sido suficientes 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos?
El Mambrú colombiano salió a la guerra hace 60 años, ya es un viejo que necesita volver a casa, sentarse a contarle historias de reconciliación a sus pequeños nietos, quienes en sus brazos podrán soñar con otro país posible. Contéstese a usted mismo: ¿No vale la pena leerse ese cuento?
[1] El gobernador que entregó su vida por la paz. El Tiempo.
[2] La catarsis de la directora de la Unidad de Víctimas. El Espectador.
