Desde que el actual Gobierno Nacional presentó con bombos y platillos su política de “Paz Total”, esta estrategia se ha convertido en un laberinto casi indescifrable y un desafío de seguridad nacional. Los diferentes ceses al fuego que ha decretado la Casa de Nariño han dado vía libre a los grupos delincuenciales para que aumenten sus actividades ilícitas a lo largo y ancho del territorio colombiano.
De acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, se evidenció que, durante los primeros meses del presente año, hubo un aumento en la presencia de grupos criminales: 32 casos más de enfrentamientos armados y 47 eventos y 7 amenazas adicionales.
Asimismo, se demostró que han continuado los desplazamientos de población civil, al punto que en primer semestre de 2023 se han confinado 103 comunidades a causa de los enfrentamientos entre bandas y grupos al margen de la ley, lo que equivale a la migración forzada de 5.825 familias.
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Como si fuera poco, las masacres se incrementaron en 61,1% desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República. Aunque la situación es generalizada a nivel nacional, en Antioquia es particularmente dolorosa. En nuestro departamento, los actos delictivos como el secuestro crecieron en 162% en relación con el año anterior. Igualmente, de acuerdo con Indepaz, se registraron 83 asesinatos a líderes sociales de enero a junio del 2023.
Todos estos indicadores reflejan que hoy Colombia está en una situación azarosa bajo el paraguas de la “Paz total”, que es una propuesta etérea, se quedó en la teoría y constituye una burla hacia los colombianos, quienes terminamos pagando el precio más alto por las malas decisiones que se toman desde el Gobierno Central.
Lo más sensato es que exista una justicia efectiva y una fuerza pública equipada y operada bajo una política de seguridad que, en vez de otorgarles privilegios a los que atentan contra la tranquilidad y los derechos de los ciudadanos, brinde herramientas para la protección a la vida y todas las garantías consagradas en la Constitución Política.
No se le puede llamar “Paz Total” a un proceso donde lo único que se ha demostrado es que los terroristas y grupos delincuenciales tienen más poder. Ya es hora de que el Presidente tome las riendas del país y se comprometa con una verdadera estrategia de paz, porque hasta el momento solo ha habido impunidad.
¿Cuál es la solución? En primer lugar, hay que recordar que la seguridad es el primer bien del Estado. ¡Hay que hacer todo para garantizarla! Como lo hice en Rionegro, voy a atacar con contundencia el microtráfico. Es un compromiso: casa de vicio que me reporte la Policía, casa de vicio que tumbaremos. Asumiré este riesgo. Así lo hice en Rionegro y así lo haré en Antioquia.
En segundo lugar, hemos entendido la seguridad ciudadana como una tarea de todos.. Debemos conformar al menos 10 mil frentes de seguridad-red de apoyo- e instalaremos más de cinco mil cámaras de seguridad y vigilancia en todos los rincones de Antioquia.
Además, construiremos no menos de tres granjas resocializadoras y disuasoras del crimen, para que los delincuentes sepan que la justicia será eficaz y llegará con todo el peso de la ley.
Mano firme para brindarles a los colombianos y antioqueños más seguridad, haciendo honor al escudo nacional: Libertad y Orden.
