El reciente anuncio de cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y las FARC EP emite, sin duda alguna, un mensaje de optimismo al país en relación con la posibilidad –casi irreversible- de alcanzar el fin de la guerra e iniciar un largo camino de construcción de paz en los territorios. Pese a ello, los medios masivos de comunicación han tenido una tendencia a reducir las implicaciones que tendría un eventual acuerdo final a las meras zonas transitorias en las que la insurgencia iniciaría su paso a la acción política no armada. Se ha convertido en costumbre sustituir tanto el contenido como el alcance de los acuerdos por lo informado en los medios de comunicación, quienes desde el inicio del proceso, han tenido un afán desesperado por conocer cuándo, dónde y cómo la guerrilla dejará las armas.
Sin embargo, es evidente que el conflicto armado no ha afectado únicamente a los territorios donde existirán zonas acordadas para la dejación de armas, y mucho menos, la construcción de paz con enfoque de territorialidad es únicamente responsabilidad de las veredas donde estas estarán ubicadas. Por ejemplo, la región caribe aparece como aquella que menos zonas campamentarias presenta, más por aspectos técnicos de la dinámica militar que por ausencia del conflicto en la región.
Es indiscutible la presencia de los diferentes grupos armados a lo largo y ancho del caribe colombiano, los bombardeos realizados por las fuerzas militares en los Montes de María durante la primera década de este siglo, los combates entre fuerza pública e insurgencia en la Sierra Nevada, la presencia paramilitar en todos los departamento de la región y el dominio de las AUC en ciudades como Montería y Santa Marta, que aún hoy se reflejan en el control e influencia que mantienen los grupos que han heredado la tradición paramilitar en estas y otras ciudades del caribe. Esto sin contar los miles de asesinados, exiliados y presos que existen por razones del conflicto, reconociendo especialmente a las víctimas que ha dejado universidades como la Uniatlántico, que a razón de la violencia política ha sido reconocida como una víctima colectiva, tras ser un campus universitario en el que han detonado bombas de uso privativo del ejercito oficial y se han derramado la sangre de profesores, estudiantes y trabajadores.
La construcción de una paz territorial debe avanzar en dirección a la solución de los problemas que en los territorios han servido como fuente de violencia, permitiendo a las comunidades resolver sus problemas más inmediatos y sentidos (así la solución a éstos entre en contraposición con el modelo de desarrollo propuesto por el gobierno nacional), allí se encuentra precisamente el problema fundamental de la paz territorial, no en la simple ubicación de los frentes de las FARC EP.
Hoy las fuerzas contrarias a la paz salen a exigir -con cínica vehemencia- consulta a los territorios frente a la ubicación de estas zonas, mientras al mismo tiempo, desconocen los ejercicios democráticos que se han desarrollado en decenas de municipios que se han opuesto a la explotación minero-energética en sus territorios a través de vías constitucionales, y pese a ello, han sido ignorados por el establecimiento. Por esta razón una contradicción fundamental que debe ser resuelta en este proceso de paz es la que existe entre los intereses de territoriales y las ambiciones centrales, que hoy día parecieran irreconciliables, no solo por la desconexión que existe entre el gobierno nacional y el sentir de las comunidades del país, sino además, por la incapacidad que ha tenido la clase dirigente colombiana para consolidar un Estado nacional plural como está establecido en la constitución del 91.
En ese sentido, quienes están llamados a ser los voceros de los departamentos ante el nivel central (como en el caso de los representantes a la cámara), terminan siendo voceros de los intereses del nivel central en los departamentos, o a lo sumo, voceros de sus propios intereses individuales ante el gobierno nacional, en una cultura del reparto y la mermelada que está enquistada en la tradición política de quienes siempre han ostentado el poder en Colombia.
Transformar el sentido de las relaciones entre el centro y la periferia es un reto de este nuevo escenario que se abre, y en parte, estas relaciones solo se podrán modificar en la medida que las comunidades consigan presionar la implementación de los acuerdos con el mayor alcance posible en favor de los territorios fortaleciendo la autonomía de estos, y permitiendo la coexistencia de diversos modelos productivos, institucionales, políticos y culturales, acordes precisamente a las realidades concretas de cada territorio y las aspiraciones y cosmovisiones de las comunidades que allí habitan. Por este motivo, el Estado no debe llegar allá, es justamente allá donde debe construirse un Nuevo Estado para un Nuevo País en paz con enfoque territorial.
