Los más de tres años de negociaciones entre el gobierno y las FARC, en la Habana, Cuba, han dinamizado fuertemente el debate público en el país. Cada uno de los actores, de extremo a extremo ideológico, han sentido el afán por defender y revindicar sus posiciones. Ante el miedo de ceder terreno en la opinión pública, no ha importado la decencia, el decoro o la verdad. Durante los últimos tres años hemos tenido presidentes que “traicionan” y que se sienten “traicionados”; guerrilleros en yates y exfuncionarios corruptos buscando “asilo político” en el mundo; ha habido muertos “malos” y “buenos”; hemos dado premios a los gobernantes locales del posconflicto, sin haber vivido una sola década sin conflictos armados en los últimos dos siglos; en fin, continuamos escribiendo la historia de este desdichado país bajo las pasiones del presente inmediato, sin poder –ni querer- entenderla.
No parece cierto, aunque el presidente lo diga y lo repita, que la mayoría de colombianos quieren, lo que él ha denominado la “paz”. De hecho, es por la ausencia de una mayoría aplastante a favor de proceso de negociación, lo que ha hecho que el gobierno le atribuya a un posible acuerdo, la solución a grandes problemas nacionales. La estrategia de gobierno han sido las verdades a medias y el exagerado optimismo para generar apoyo al proceso.
Se ha dicho que un acuerdo traería la “paz”, sin entender lo que ésta significa. Si hay algo que la historia nos ha mostrado, es que en Colombia la violencia no se acaba, sino que se trasforma. Lo digo porque en un eventual acuerdo saldrían las FARC del panorama violento que vive el país, pero aun permanecerían importantes y peligroso actores que verían en la salida de este grupo guerrillero una importante oportunidad para quedarse con sus rentas ilegales. Sin la inclusión formal del ELN en el proceso de negociación, aun quedaría una guerrilla con influencia en ciertas zonas país. Por otro lado, con un acuerdo en la Habana no se acabarán las billonarias rentas del narcotráfico y, mucho menos, los incentivos para incurrir en esta actividad.
Para los colombianos que vivimos en la ciudad, donde los estragos directos de la guerra no nos afectan en el día a día, es difícil entender las dinámicas cambiantes del conflicto colombiano más allá de las cifras. Las personas que sí viven en medio del conflicto, tienen una visión más certera sobre las dificultades de un pos-acuerdo: “Con paz será más guerra” le aseguró un campesino de Caquetá a Erin McFee, estudiante de doctorado de la Universidad de Chicago y quien ha hecho su trabajo de campo en Florencia, Caquetá. El gobierno debe dejar a un lado la demagogia, dejar de prometer tropas colombianas para las Misiones de Paz de la ONU y demás conflictos internacionales, y entender que el pos-acuerdo implica mayores retos en seguridad urbana y rural. La experiencia de El Salvador lo demuestra, tras el acuerdo los homicidios aumentaron hasta un 30,8%.
El uribismo, por su parte, se ha hecho valer del miedo y las mentiras para fijar su posición. El expresidente Uribe, en su cuenta de Twitter que llega a más de 4.1 millones de personas, ha sacado a relucir sus elocuentes capacidades de estratega político y creatividad demagoga. La relación del uribismo con las FARC y el proceso puede ser fácilmente entendida en palabras de Alberto Lleras Camargo, en su libro Mi Gente, cuando asegura que en la violencia partidista del Siglo XX “el enemigo parecía estar definido desde la eternidad”.
Sin lugar a dudas, hay que apoyar el proceso de negociación con las FARC. No por rebuscadas externalidades positivas, como lo quiere hacer ver el gobierno, sino por una responsabilidad histórica que tenemos como colombianos de desescalar la violencia que ha vivido el país. Se nos ha dicho que apoyemos el proceso por los beneficios que puede traer en el futuro, pero lo debemos apoyar por respeto a las victimas, debemos demostrarles que aunque la mayoría de colombianos no vivamos el conflicto, somos capaces de entender su dolor.
Debemos dejar de culpar a las FARC de todos nuestros males, con su desmovilización salvaremos vidas, posiblemente reparemos miles de victimas y probablemente mejore la soberanía del Estado en el territorio, pero habrán impactos marginales sobre la educación, la corrupción o la calidad de vida del país. Si hoy no logramos satisfacer las necesidades básicas de la población, tampoco lo lograremos en el pos-acuerdo si no hacemos un estudio juicioso de las causas de las grandes dificultades que tiene el país. Firmar el acuerdo es fundamental, pero en su importancia no se pueden esconder los grandes problemas sociales, políticos y económicos con los que vivimos.
@scperez97
