Diversas organizaciones sociales del país vienen desarrollando procesos para la construcción de una paz territorial que va más allá de pensar una ejecución presupuestal. Parte del empoderamiento ciudadano en los territorios para garantizar en el escenario del posconflicto una seguridad integral rural, territorios de paz, convivencia y vida digna.
Según el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, en los diálogos de la Habana se acuerdan unos mínimo y de ahí se debe empezar a construir Nación fundamentada en la movilización social. Por lo tanto, este proceso debe llevar a ser un motor de cambio social que tiene el reto construir Estado en los territorios y la adecuada ejecución de recursos para la paz territorial. Es claro que no basta con silenciar las armas; para el profesor e investigador, Gustavo Briñez se trata de una paz para el pueblo que lleve a la autonomía y la vida digna.
En el sur del país el despojo y control de los territorios por la política minero-energética y las corporaciones transnacionales es una constante, frente a esta arremetida se construye procesos de movilización y resistencia en defensa de la vida y los territorios.
La economía extractiva de minerales, especialmente petróleo acecha al Putumayo y Caquetá. Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el 50% del Caquetá se puede hacer explotación petrolera, mientras en Putumayo hay 27 pozos que afectan territorios indígenas. Por eso varios campesinos se han organizado y movilizado para evitar la entrada de multinacionales concesionadas quienes realizan actividades de explotación del crudo. Según el representante de la Mesa de Organizaciones Sociales de Putumayo, Armando Guerrero, una de las causas históricas de la guerra es la desigualdad y la pobreza impulsada por megaproyectos latente en Putumayo, “nos hemos organizado y movilizado para enfrentar el extractivismo que tuvimos del caucho y ahora del petróleo”.
Una paz territorial pasa por empoderamiento social para defender los territorios de esa política extractivista que afecta los proyectos y planes de vida. En este sentido, el representante de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, COORDOSAC, Yesid Doncel agrega que hay una lucha frente al saqueo de recursos que se agudiza en los territorios. “Hay una arremetida de las multinacionales, tienen los ojos puestos en el petróleo de Caquetá. Por eso hay que dar la lucha para que termine el conflicto, pero una lucha también por la defensa del territorio”, afirma el líder campesino.
El caso del Huila
El departamento del Huila ya tiene dos represas sobre el río Magdalena. Según La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ASOQUIMBO, en el proyecto de aprovechamiento del río Magdalena se quieren construir 17 hidroeléctricas, es decir 7 más para el Huila. También imponer 50 pequeñas centrales hidroeléctricas, de las cuales hay 14 solicitudes que afectan ríos y quebradas del departamento. A lo que se suma 12 áreas de exploración petrolera.
El investigador y ambientalista, Miller Dussán manifiesta que en el Huila se viene participando de un proceso de construcción de La Agenda Común para la Paz desde los Territorios, “durante 7 años hemos mantenido un proceso de resistencia contra la política minero energética y de Defensa del Territorio, el agua, la vida y las comunidades que han sido despojadas por el Estado y las Empresas transnacionales”. Proceso que busca una política minero energética soberana y autónoma sustentada en otras alternativas.
En los territorios los sectores sociales se organizan, movilizan y generan acciones para la construcción de su propia agenda de paz y esta parte de la defensa del territorio para garantizar una vida digna. Ahí está el reto de la paz.
