El 26 de septiembre del 2016 se hizo oficial el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, con las promesas de que llegaría una época de perdón y prosperidad para todos los Colombianos, donde las víctimas del conflicto que duró medio siglo serían compensadas justamente y el Estado se encargaría de prevenir cualquier surgimiento de una nueva guerrilla. A los guerrilleros se les dio curules en el Senado de la República, se estableció un juzgado de justicia transicional, la JEP, se les asignaron guardaespaldas, camionetas blindadas, gasolina gratuita, y una cantidad absurda de otros beneficios, por los cuales, no tuvieron que pagar ni un peso, el pueblo Colombiano ha estado financiando todo este proyecto y todas las generosas promesas que el Estado le hizo a estos terroristas, se han cumplido. Pero acercándose al cuarto año de este “logro”, es obligación nuestra analizar qué salió mal con este proceso, qué engañó al pueblo colombiano y apaciguó a narcoterroristas que desangraron a las áreas rurales de nuestro país durante décadas y dejaron una cicatriz permanente en nosotros como nación.
El proyecto en sí nunca debió haber pasado, el plebiscito que Santos convocó para el 2 de Octubre de 2016 (con absoluta confianza que el sí ganaría rotundamente), trajo una victoria del no, evidenciando que más del 50% de los 13 millones de colombianos que votaron no, querían que el actual acuerdo, donde los desmovilizados entregarían las armas a más tardar, 60 días después de que el acuerdo fuera firmado, y donde se legitimaría la presencia política de los que causaron la muerte de 200,000 personas, y la desaparición de más de 40,000, pasara, considerando que no castigaba a los comandantes de la guerrilla, y era sumamente permisivo, hasta el punto en que el Estado se arrodillaba ante los guerrilleros en La Habana, bajo la presión de Mario Bergoglio (el actual papa Francisco), y el presidente estadounidense, Barack Obama. Santos estaba muy preocupado de su imagen ante el mundo como para permitir que un proceso así, que él había construido desde el 2012, fallara, por eso llevó a “políticos” que lo apoyaban profundamente, y no a los que verdaderamente buscarían el bien del ciudadano colombiano. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que Humberto de la Calle tuvo un puesto público de utilidad?, ¿el 2003? Evidentemente, un proceso lleno de intereses, que necesitaban apoyo para no dejar que sus carreras políticas murieran, y fueran sepultadas bajo la nueva ola de democracia que dejó al Partido Liberal como una sombra de su antigua gloria.
Esto no acaba ahí, resaltemos el caso de Carlos Bermeo, un exfiscal de la JEP, quien fue capturado en marzo del 2019 cuando, en un hotel al norte de Bogotá, iba a recibir 500,000 dólares en efectivo, a cambio de incidir en el trámite de extradición a Seuxis Hernández (alias Jesús Santrich), ¿saben cuál fue la excusa de la JEP ante este incidente? Un comunicado donde se decía que el fiscal “no desempeñaba ningún rol” en el proceso de extradición, si esto fuera verdad, el director de la Unidad de Investigación de la JEP no le hubiera pedido la renuncia a 24 fiscales de apoyo, y 16 funcionarios, de los cuales todos fueron delegados y representantes adentro del órgano judicial. Puede que todo esto tenga que ver con el hecho que, a pesar de que Santos había pedido que el fiscal general pudiera intervenir y participar en la confección del acuerdo final, el ministro Juan Fernando Cristo se negó a autorizar eso, prefiriendo hacer caso omiso de las órdenes del presidente.
#ATENCIÓN Juez envió a la cárcel al exfiscal de la #JEP Carlos J. Bermeo, al exsenador Luis A. Gil, y a los particulares Ana Cristina Solarte, Luis Orlando Villamizar y Yamit Prieto. Fueron detenidos cuando recibían 500mil dólares en dos hoteles de #Bogotá
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 14, 2019
Después está la representación que ambos bandos tuvieron en la mesa de negociación, las FARC contó con el apoyo de Iván Márquez, el exguerrillero Rodrigo Granda, Jesús Rodrigo Carvajalino; alías ‘Andrés París’, Luís Alberto Albán, y Tanja Nijmeijer, investigada por EE debido al el secuestro de tres ciudadanos americanos. Es verdaderamente triste que mimebros de sus filas sean terroristas que torturaron, asesinaron, violaron, sobornaron, y extorsionaron a colombianos y estadounidenses durante décadas. Aunque no es sorprendente. Mientras tanto, los encargados de representar al gobierno y a los ciudadanos fueron: Humberto de la Calle, el filósofo Sergio Jaramillo Caro, dos abogados (donde uno pertenece a una asociación de empresarios colombiana), y dos excomandantes de las fuerzas armadas de Colombia. Aunque la presencia de Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo trae un leve balance, no puede ser aceptable que Santos haya enviado a un filósofo, y a un empresario a representar a 48 millones de colombianos. ¿Dónde está la representación justa? Cómo es posible que en un proceso de tan elevada importancia, a nivel nacional e internacional, nos representen personas sin experiencia política, que solo ocupan los puestos, y no saben la cantidad de miseria que los sublevados llevaron al campo y a los pueblos de Colombia.
Ahora está la reparación de las víctimas, el 15 de Agosto de 2017, las FARC entregó su inventario de bienes al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, donde se comprometieron a entregar alrededor de 500,000 millones de pesos en equipo militar y demás al gobierno colombiano.
Como lo dijo el exfiscal Néstor Humberto Martínez, es absolutamente irrisorio que las FARC haya entregado solo 3,ooo millones de pesos hasta ahora, y que la mayoría de eso sean traperos, coladeras, banderas, crayones, y cortinas. Cabe recordar que la fecha de vencimiento para entregar todos los bienes y su dinero es el 31 de julio de este año, bueno, tomando en cuenta que han entregado menos del 1% de su promesa, no deberíamos sorprendernos cuando no cumplan con la fecha estipulada, y pidan una extensión de algunos años, solo para haber entregado otro 1% cuando aquella fecha llegue, inclusive el órgano encargado, la SAE es incapaz de asegurar obediencia. ¿Qué acaso nos ven caras de ineptos? El uribismo sabía que esto iba a pasar, pero como ahora los guerrilleros tienen Unidades de Protección especializadas, ¿quién puede quejarse o hacerles el reclamo sin que lo llamen “paraco”?
No nos podemos olvidar de aquel discurso publicado en agosto del 2019, donde Iván Márquez, junto a Jesús Santrich (que debería estar preso en los EE. UU.), el Paisa y alías Romaña, una vez más declararon la guerra al pueblo colombiano y a la democracia, proclamando La Segunda Marquetalia, extraño es que le echen la culpa al gobierno Duque, cuando este siguió al pie de la letra el acuerdo que fue firmado. Los recientes incendios en la Serranía de la Macarena y Caño Cristales fueron iniciados por las disidencias farianas con el objetivo de despejar tierras y reanudar la plantación ilícita de coca, pues ellos saben que después de que Santos detuviera la aspersión de glifosato, el Estado no tenía muchas opciones, y no es sorprendente que, entre octubre del 2016, y marzo del 2020, la producción de cocaína haya aumentado. Es importante resaltar el reciente reporte de la ONU, que le mostró a Colombia que 600 niños han sido reclutados por las disidencias desde que se firmó el acuerdo, cuando la organización de burócratas internacionales que apoyo el acuerdo reconoce que hubo un pequeño problema, no es una buena señal.
La JEP es la columna jurídica del proyecto de la paz, este órgano de justicia transicional supuestamente iba a asegurar que se juzgara objetivamente a todos los involucrados en la muerte o desaparición de algún ciudadano en el conflicto. El problema es que no ha hecho eso, solo ha servido como un arma política que protege y otorga amnistías a los terroristas, hace poco, no solo concedieron la amnistía a Marilú Ramírez Baquero, la exguerrillera que ayudó a coordinar el atentado a la Escuela de Guerra en el 2006, sino dijeron que el ataque en sí, donde se utilizó un carro bomba, y se violaron múltiples protocolos del DIH, era amnistiable, y un acto de guerra que seguía leyes internacionales de seguridad; ignoraban el hecho de que los carros bombas están prohibidos por ley internacional, y, de los 9 heridos, ninguno era un oficial que cursaba en el Curso de Estado Mayor, los supuestos objetivos. Ahora, le otorgaron libertad condicional a alias César, carcelero de Íngrid Betancourt, ignorando el hecho de que actualmente está preso en una cárcel estadounidense, y para completar, los Moreno recientemente apelaron a la JEP para que sean aceptados como terceros civiles en el conflicto, y reciban los beneficios de aquellos. Es un organismo que solo busca proteger criminales, y no es sorpresa que una reciente encuesta de Blu Radio mostró que el 62% de los colombianos apoyan la eliminación total de la JEP.
También hay que hablar de los infames campos de concentración, y todos los crímenes de lesa humanidad que fueron olvidados por los “pacifistas”. ¿Acaso las 522 personas que fueron asesinadas en cautiverio de las FARC no valen nada? ¿Qué hay de las 114 personas calcinadas, incluyendo niños y mujeres, en Bojayá? ¿Y los 11 diputados que fueron brutalmente asesinados en julio del 2007, después de estar en cautiverio y sin ver a sus familias por 5 años? ¿O los 35 habitantes de La Chinita que fueron masacrados con ametralladoras pesadas? Por lo que parece, a los actuales senadores no les afecta, no tienen remordimiento, y nunca buscaron la reparación de las víctimas, solo Santrich lo pudo decir honestamente, cuando le preguntaron si pedirían perdón y compensarían a los colombianos que hirieron, el simplemente respondió con un “Quizás, Quizás, Quizás” seguido de risas. ¿Como se ríen de los 6 millones de desplazados internos que dejaron de esa forma? Son inhumanos, acusan a Uribe de ser un genocida, pero no reconocen que ellos fueron los que causaron la muerte de 1/5 de millón de personas, básicamente, Santos le entregó el país a estos maníacos, ahora tienen sus propios órganos judiciales, para juzgar a los comandantes del ejército y perdonar a sus camaradas, con los que hicieron más atrocidades que cualquier otro grupo en la historia de este país.
Esa paz que Santos nos prometió en el 2012 no se materializó y jamás lo va a hacer, porque mientras tengamos un país donde los jóvenes que quieran verse importante critiquen al ejército y a la policía (que son los únicos órganos que los dejan dormir en paz), y defiendan a los narcoterroristas que tenían nexos con los dictadores más brutales del continente, como los Castro y Chávez, será imposible perdonar y llegar a un acuerdo justo y asequible. Santos abandonó el país después de su desastrosa presidencia, no es sorpresa que el modelo santista haya obtenido menos votos que un socialista que busca basar la economía colombiana en los aguacates.
Lo que tenemos en nuestras manos no es paz, nunca lo ha sido, es terrorismo legalizado, y un Estado que está muy restringido como para hacer lo que se debe y mantener la dignidad de Colombia.
