El portal Narino.info dialogó con varios líderes de la Costa Pacífica y les preguntó sobre la paz y los inconvenientes que las comunidades alejadas de los cascos urbanos de los municipios, y las grandes capitales padecen y se enfrentan a diario. Como primera entrega, como abrebocas, dejamos esta reflexión a modo de editorial:
Se habla, se discute y se propone pero lejos de los territorios.
Mientras en las grandes urbes se habla de postconflicto y de la paz territorial, a través de foros, reuniones y hasta investigaciones de académicos y expertos, en las comunidades el panorama es desolador y entristece porque los pocos recursos y esfuerzos que deberían destinarse en las comunidades solo quedan en ideales institucionales que no concuerdan, en la mayoría de las veces, con las realidades estructurales de los territorios.
Han existido cientos de encuentros, seminarios, charlas, foros y cuanta actividad académica sobre paz, pero casi ninguno ha dado solución a la crisis de inversión, inclusión, principios de democracia y respeto por los derechos humanos de hombres y mujeres víctimas, que a diario padecen las injusticias del conflicto armado, el narcotráfico y la corrupción.
El foco de atención, como todos sabemos, se concentra en los diálogos en La Habana, que se han convertido en un mero hecho coyuntural en donde el discurso de la paz se desgastó y mal interpretó, pero desde donde la institucionalidad empezó a hablar de paz y donde los académicos discuten y le dan vueltas a lo qué es y no es paz, a lo qué es y no es postacuerdo o postconflicto, ¿Qué tan importante es para las comunidades víctimas distinguir conceptualmente postacuerdo o postconflicto? ¿Cuál es la contribución real y efectiva y los procesos de transformación en y para las comunidades? ¿Cuánta ha sido la inversión del Estado, cooperación internacional y el sector privado en estos eventos?
Expertos nacionales e internacionales de traje o vestimenta costosa dedican innumerable tiempo en la construcción de principios, normas y leyes para afrontar lo que se viene luego de una posible firma de paz entre el gobierno y las Farc, pero que casi nunca es garantía para las personas que viven a 8, 12, 20 o más (alguna a veces a pie, en burro o en canoa) horas de las cabeceras municipales. ¿Cuántos y qué expertos y académicos han caminado y vivido en estos territorios para tener autoridad y hablar sobre paz? ¿Cuánto dinero se ha invertido en esto?
Escuchamos cantidades de informes sobre eventos de formación de los diálogos en la Habana, Justicia Transicional, construcción de paz, derechos humanos, etc. De los cuales se sacan conclusiones promisorias , pero ¿concuerdan con las necesidades de quienes son directamente afectados por la violencia? ¿Escuchamos a las personas que han perdido a sus líderes, hijos, padres o amigos por culpa del conflicto? ¿Las conclusiones son producto del andar y convivir en los lugares del conflicto o son meras proposiciones para ganar publicidad?
Queda como una propuesta y una responsabilidad que los expertos, académicos y las universidades asuman enserio un papel que tienen en deuda desde hace varias décadas e investiguen desde los escenarios del conflicto y no desde los discursos que se encuentran en las bibliotecas y los escritorios. Es más, es urgente que se realice investigación etnográfica, IAP, Investigación-Creación como alternativas de incidencia social.
Por otra parte, el gobierno nacional, departamental y municipal deben, de una vez por todas, ponerse en cintura y decir la verdad, la paz con la firma de los acuerdos en La Habana, es un ideal que no se puede conseguir de la noche a la mañana porque antes es necesario resolver los problemas estructurales de tipo social, cultural, político y militar que son los responsables de la mala suerte en los territorios. Es urgente anunciar que los Acuerdos en la Habana no solucionarán los conflictos ocasionados por otros grupos armados, la delincuencia, la corrupción en las instituciones públicas, la privatización y mal servicio de la salud, el acceso a la educación, etc.
Además, los servidores públicos (Ministros, Gobernadores, alcaldes, secretarios, directores, gerentes, etc.) tienen que asumir su compromiso real y no embustero que desde hace tiempo utilizan para colocar en los informes o rendiciones de cuentas. No se trata de inundar todos los eventos con la palabra paz sino de cómo los recursos que invierten (o mal gastan) pueden ayudar a transformar el conflicto o pueden incidir en la autonomía de los territorios y cómo pueden alejar a los grupos armados de éstos.
Finalmente, los ciudadanos tenemos que empezar a exigir a los gobiernos transparencia en los diferentes procesos y recursos que los colombianos aportamos a través de los impuestos. Debemos exigir nuestros derechos desde lo mínimo a lo máximo y no dejar que lo público siga siendo el escampadero de los partidos políticos y la corrupción. Más cuando se trata de la paz, la cual tiene que asumirse desde la colectividad, la participación y los méritos ciudadanos. No es válido que está caiga en manos de personas que por compromisos políticos están al frente de ella.
