Desde el lejano día en que se iniciaron las conversaciones con uno de los grupos de delincuentes más numeroso que tiene el país, se nos ha tratado de vender por parte del ejecutivo y sus aliados que estas conversaciones equivalen a pactar la paz para nuestro país; sobredimensionando la verdadera importancia de los beneficios que los colombianos podemos eventualmente obtener de dichas conversaciones.
Por una parte, el grupo que ahora impone sus condiciones en La Habana no es el único grupo delincuencial del país, por lo que asegurar con pasión irreflexiva que la firma de cualquier acuerdo, bueno o malo, significa de manera automática la consecución de la paz en Colombia, no deja de ser una ingenuidad o un maligno engaño. Esta percepción se refuerza día a día, mediante la utilización de medios de comunicación y funcionarios de todas las ramas del poder público, fletados expresamente para el efecto.
Conviene recordar que en nuestro territorio operan numerosos grupos armados, dedicados a todas las modalidades delictivas concebibles. Es cierto que el grupo de negocia en Cuba es uno de los mayores, con ramificaciones y pactos con algunos de los otros delincuentes. Lo anterior quiere decir que, aún si la actual contraparte negocia de buena fe y se desmoviliza de manera efectiva y permanente (sin reciclarse o reconvertirse), se estaría logrando momentáneamente una reducción de los niveles de delincuencia. Pero no se lograría ninguna paz, como el gobierno y sus altoparlantes pregonan.
De otro lado, la elástica confidencialidad de las conversaciones ha impedido que se conozcan las verdaderas circunstancias en las cuales se está llegando a los acuerdos parciales que de tanto en tanto se anuncian, y sobre los cuales el gobierno pide de manera incesante que se le otorgue el beneficio de la fe ciega, hasta tener completo y firmado el acuerdo. Solo entonces, espero, podremos saber qué fue preciso dejar sobre la mesa de negociaciones, con el fin de lograr un acuerdo con la otra parte. Siendo el presidente de la República un funcionario ungido por la voluntad popular, lo más lógico es que someta a esa misma voluntad la refrendación de un acuerdo hasta ahora secreto, en el cual bien podría haberse cedido en asuntos inaceptables para la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos no podemos renunciar al derecho que nos asiste de manifestarnos sobre las bases del acuerdo, para saber si el sacrificio que implica desmovilizar a este actor armado se justifica; o si por el contrato se ha entregado más de lo que la mayoría de los colombianos estaríamos dispuestos a aceptar.
Pero ahora aparece un exfuncionario de la rama judicial, sin saberse con qué tipo de atribuciones, a exponer una tesis que por absurda solo puede caber en la mente de alguien cuya agenda para nada se cruza con la del país y sus habitantes.
Según su peregrina interpretación de las leyes y de la realidad, y partiendo de la falsa premisa que lo que se está negociando en la mesa de La Habana es la paz, el exfiscal pretende blindar los oscuros acuerdos de La Habana elevándolos a la categoría de pacto entre naciones, de tal manera que nadie, ni siquiera los colombianos, podamos cuestionar, modificar o rechazar el contenido de lo pactado en Cuba. En otras palabras, el nunca lamentado exfiscal pretende protegernos contra el riesgo de tomar una decisión democrática, mayoritaria y soberana, contraria al deseo del Ejecutivo.
En resumen, si la mayoría de los ciudadanos considera que para lograr la paz no se justifica renunciar a los demás derechos fundamentales, ello no deberá ser tenido en cuenta, en opinión del siempre bien ido exfiscal.
Según su tesis, con tal de firmar un acuerdo para que los violadores inveterados de todos los derechos fundamentales de los colombianos apunten sus armas hacia otro lado, se justifica acallar a la mayoría de los ciudadanos, víctimas de atropellos contra sus derechos a la vida, la honra, los bienes, la expresión libre de sus ideas, al trabajo, a la libertad, etc.
Solo en la mente calculadora de quien pone sus intereses por encima de los demás
cabe la idea de obligarnos a aceptar cualquier paz,
a cualquier precio; sin derecho a opinar sobre su contenido
No, señor Montealegre. Los colombianos somos ciudadanos con derechos y con principios; y usted es solo un funcionario en pausa, ubicado en el sector público mientras la puerta giratoria lo regresa de nuevo al sector privado. Los colombianos pensamos, analizamos, discernimos, sin necesidad de que nadie nos trate de manera paternalista y condescendiente, bajo el supuesto que alguien tiene que defendernos de nosotros mismos. O peor aún, que alguien tiene el derecho de decidir qué es lo mejor para nosotros. Como muchos colombianos, yo no contribuí a elegir al actual presidente, pero acepté el veredicto de la mayoría, por considerarlo una de las reglas de la democracia. Esa misma democracia que a usted ahora le parece tan inconveniente, es la que ejerceremos una y otra vez para expresar lo que la mayoría de las personas queremos.
La elección del cargo de fiscal no es popular, porque no es democrática. Resulta de los cálculos torticeros de quienes necesitan ungir como fiscal a alguien que les sirva desde esta posición; y más tarde les pueda devolver el favor. Eso se llama cooptación ampliada, siniestro mecanismo para perpetuar las injusticias que en principio generaron grupos de autodefensa como las Farc, que luego se convirtieron en la bacrim (o GAO) que personas como usted tratan de blanquear, sin que quede muy claro el verdadero trasfondo de este proyecto impopular, diseñado para favorecer a 6000 delincuentes, aun si en el proceso es preciso sacrificar a 48 millones de habitantes de nuestro país.
Muchos colombianos estaríamos dispuestos a aceptar el acuerdo al que se llegue eventualmente en La Habana, pero luego de ponderar el costo y el beneficio que ello implique. Si el acuerdo es decente y presentable tanto en los escenarios internos como en los del exterior, resulta obvio que hay que sacrificar algunos de los tratamientos que todos esperamos para quienes tanto daño han causado. Si el acuerdo incluye mecanismos claros de incorporación a la civilidad de los delincuentes que se acojan al mismo, justo es otorgar ciertos beneficios por hacerlo.
Pero solo en la mente calculadora de quien pone sus intereses por encima de los demás cabe la idea de obligarnos a aceptar cualquier paz, a cualquier precio; sin derecho a opinar sobre su contenido.
