Uribe y Vargas Lleras con el respaldo de dos de los cacaos (escribí primero por certero error, cacos) Luis Carlos Sarmiento —dueño de El Tiempo y de los bancos— y Ardilla Lulle, dueño de RCN, se han aliado para engañar a la ciudadanía y para impedir que el Congreso de la República apruebe la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, una ley que es el corazón del Acuerdo de Paz que las guerrillas firmaron con el Estado colombiano en cabeza del Presidente Santos.
Uno de los engaños es la idea —en apariencia justa y verdadera— de que los rebeldes que firmaron la paz deben ir a la cárcel de barrotes, a pagar por sus crímenes: ellos encarnan el mal. En más de 50 años de guerra y degradación humana y de propaganda de guerra y guerra psicológica contrainsurgente, ellos encarnaron a los verdaderos malos de la nación: los criminales más avezados: el demonio del mal. Que vayan a la cárcel será justicia. Y la cárcel los hará “pagar sus crímenes” y arrepentirse. Es la vieja idea religiosa de la justicia como castigo y penitencia: el infierno para salvar a los malvados.
Pero, aún si nuestro problema fuera extirpar el mal de unos malvados para que retornen al generoso seno de la sociedad, lo efectivo sería que digan la verdad y acogerles con cariño y no someterles al castigo, porque, como dice una bella canción de Violeta Parra, "al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero". En ello coincide el Acuerdo de Paz con la poeta cantora: el Acuerdo de Paz propone algo más hondo y necesario para la construcción de la paz que la simple y religiosa justicia punitiva del castigo infernal. Los rebeldes —y todo aquel que haya participado de un modo u otro en la guerra— irán a la Jurisdicción Especial para la Paz a decir la verdad, a ser sinceros y contar lo que hicieron: cómo, por qué, con quién: a revelar sus acciones de guerra. La verdad no sólo nos hará libres, como dice el Evangelio. También será una garantía de que no vuelva la guerra. Porque, como ha dicho el filósofo: un pueblo que no conoce las tragedias que ha vivido puede condenarse a repetirlas.
Pero, además, no será justicia alguna enviar a los rebeldes en paz a cárceles como las cárceles colombianas. Primero porque las guerrillas no fueron derrotadas, y ningún rebelde al que no han derrotado acuerda la paz y deja sus armas para ir a la cárcel. Menos aún a cárceles que más de tres mil de ellos conocen. Y saben que esas cárceles no son más que verdaderas escuelas del crimen. Dentro de esas cárceles gobiernan las mafias, y, se sabe, los criminales siguen delinquiendo. Esa justicia y sus cárceles son otra expresión de la corrupción de los que se roban al Estado y han hecho del despojo y de la guerra la fuente de sus riquezas. Los mismos que le temen a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Quienes se oponen a la Jurisdicción Especial para la Paz le temen a la verdad. La verdad de quienes se acojan a la JEP permitirá revelar el entramado de los verdaderos determinadores de los crímenes que ha vivido el país.
Los que se oponen a la JEP reclaman, en cambio, como lo hace el Fiscal Nestor Humberto Martínez, aplicar la justicia punitiva, una justicia que vemos cada día cómo se cae a pedazos: corrupta, vendida.
Este lunes 2 de octubre, el Congreso de la República debe aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a las barras del Congreso, solo necesitas tu cédula para entrar. Vamos como ciudadanos y ciudadanas que deseamos la paz y que Colombia no vuelva a la guerra. Porque si no se aprueba la JEP… ¿Qué puede pasar? ¿Se van acaso los guerrilleros en paz a dejar llevar a las cárceles o extraditar?
Es un plan de perfidia y de vuelta a la sangre, a impedir el fin de los negocios de la guerra y la muerte el que está detrás de impedir la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
No lo podemos permitir. Como profetizó Gabriel García Márquez, tenemos en nuestras manos una nueva oportunidad sobre la tierra.
