Profundas incertidumbres se ciernen en los últimos días sobre la tan anhelada paz para el país. Las últimas declaraciones de las llamadas disidencias y los hechos de violencia en contra de candidatos nos han enfrentado a la realidad histórica del conflicto armado, que tras la firma de los acuerdos con las Farc se veían lejanas a la realidad y condenadas al pasado.
El llamado a la guerra, tanto de quienes abandonaron el proceso como de los voceros del gobierno, se ha convertido en una constante, adornada por acusaciones de lado y lado; donde la ciudadanía será la condenada a pagar el precio de las decisiones individuales. Múltiples actores, cada uno movido por intereses diversos, muestran sus intenciones que trascienden el beneficio colectivo para imponer la particularidad de sus “ideales”.
¿A quién beneficia este escenario de incertidumbre? Esa es la más compleja y a la vez más fácil de las preguntas a responder. Por un lado, tenemos a las disidencias, en cabeza de históricos mandos, cuestionados por sus supuestas actividades ilegales y el uso de la fuerza como mecanismo para eludir su responsabilidad de presentarse ante la justicia y que con su manifestación pública buscan que la lucha revolucionaria se convierta en una excusa para ocultar una verdad a puño: la infiltración del narcotráfico en su accionar.
El gobierno, en el otro lado del conflicto, ha sido constante en demostrar con su accionar la poca o nula voluntad de paz, supeditados a los intereses de partido por encima de los de la nación y de todos los seres humanos que la conforman. El constante incumplimiento a los acuerdos ha dejado a los desmovilizados de la extinta guerrilla frente a la encrucijada de seguir con sus procesos de desmovilización o reincorporarse a la lucha armada, a pesar de que más del 90% ha mantenido la vocación de cumplir la palabra empeñada.
Otros actores también han dejado ver sus ansias de iniciar la guerra total. Por un lado, los “mercaderes” de la guerra, industriales y gamonales que se enriquecieron durante el prolongado conflicto a través de jugosos contratos o de la ocupación ilegal de tierras. Y en la otra esquina, están los barones electorales, que han construido su poder territorial bajo el escenario del miedo y las alianzas con los diversos grupos armados o en su defecto aprovechando la percepción de la ciudadanía, para presentarse como salvadores mesiánicos frente al impacto de la guerra.
No podemos dejar de lado el beneficio directo para la imagen en las encuestas de ciertas instituciones y personas que se ven beneficiadas directamente por el conflicto, ya sea para mostrarse o para ocultarse. Noticias recientes como el llamado a indagatoria contra un expresidente, la corrupción en los contratos en las fuerzas militares, la presencia de estructuras criminales en Bogotá y el control de los carteles mexicanos en diversas regiones del país han pasado a segundo plano bajo este efecto distractor.
Finalmente, no podemos negar que esta “reactivación” del conflicto beneficia directamente la imagen del presidente Duque y su débil administración, más preocupada por los problemas del vecino que por los propios; extrañamente sus mejores aliados para recuperar su debilitada imagen son las guerrillas que dicen oponérsele. En los peores momentos de su imagen, estas organizaciones se han convertido en sus mejores “jefes de prensa”; el atentado a la Escuela de Cadetes y este nuevo llamado a la guerra de las disidencias, se convirtieron en un salvavidas para su muy cuestionada administración. Este último “golpe de opinión”, muy seguramente se verá reflejado a su favor en el futuro proceso electoral en algunas regiones, donde se aprovechará convenientemente el miedo y el temor, por encima de las ideas.
Realmente lo único que podrá llevarnos a la guerra no es el llamado de personas, organizaciones, gobiernos o partidos, sino la problemática evidente que nos enfrenta a una crisis en lo social; niveles de desempleo más altos, el elevado precio del dólar, la pobreza naciente, la injusticia social, la falta de oportunidades, la pérdida de tierra de los campesinos, la migración desbordada y muchos otros factores que conocemos todos los colombianos son el verdadero caldo de cultivo para la discriminación, la estigmatización, la injusticia y por ende de todas las formas de violencia. Es el momento para que la ciudadanía deje de ser espectadora del devenir político y se comprometa con su papel de defensor de la paz y de los derechos, junto con el rol transformador que le compete o definitivamente lo que Dios nos dio se lo llevará el diablo.
