La sensación de frustración e incertidumbre generada por la reciente decisión de la Corte Constitucional de revisar los apartes H y J de la vía rápida legislativa o fast track, ha incidido notoriamente en el debate sobre para dónde va el proceso de paz y lo que pueda pasar con la implementación del mismo. Dentro de este contexto, el lunes 22 de mayo estuvo en la Universidad de Antioquia Humberto de La Calle Lombana, exjefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC de La Habana, invitado a la celebración de los 25 años de la revista de estudios políticos de la Universidad.
El anuncio del fallo de la Corte Constitucional el miércoles pasado, ha abierto muchos interrogantes respecto al rumbo y el tiempo que pueda tomar en adelante el procedimiento legislativo para la tramitación de la normatividad de los acuerdos en el Congreso. Y es que la misma información y los análisis hechos por distintas fuentes de opinión, no han sido, a mi parecer, lo suficientemente claros y han ayudado a aumentar las dudas. Las distintas interpretaciones que se han hecho dejan un sinsabor preocupante y de nuevo cierta sensación de vacío y frustración, como cuando se perdió el plebiscito.
El miércoles 17 de mayo se escuchó en la radio una declaración de Francisco González, “Pacho Chino”, uno de los negociadores de la guerrilla, acerca del congelamiento de la entrega de los 1200 fusiles de miembros de las FARC que iban a hacer parte de la UNP, ya que la decisión de la Corte declaró inexequible el decreto 298 del 2017 que permitía la incorporación de integrantes de esa guerrilla a la UNP, de acuerdo a lo pactado en los acuerdos.
Hay un conjunto de hechos que generan una situación alarmante respecto a los acuerdos de la La Habana, particularmente lo referido a los numerales H y J del fast track que fueron tumbados, y que consistían básicamente en la posibilidad de votar en bloque los proyectos de ley para la implementación, tal y como se hace con los tratados comerciales (TLCs); y, en que las modificaciones que se hicieran a los proyectos tendrían que tener el aval del Gobierno. Esta última modificación que permite hacer cambios sin el aval, está supeditada a que los cambios no pueden ir en contravía del espíritu de los acuerdos. La tesis de la Corte es que hay una violación a la independencia y autonomía de los poderes, y de otro lado, que así como estaban los apartes del fast track, se estaba sustituyendo con ellos la Constitución.
Humberto de La Calle expresó categóricamente su compromiso para defender lo que fue el fruto del equipo de gobierno que él encabezó, un esfuerzo muy grande de más de 6 años de discusiones y negociaciones muy delicadas en La Habana. Fue enfático en la necesidad de asumirnos como un país que debe pasar ya esta página de la violencia que tanto daño ha hecho a los colombianos. Aceptar por fin nuestro compromiso real con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que trabaje decididamente por disminuir los niveles de inequidad social y saldar por fin la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto, millones de compatriotas, que también han sido de la negligencia del Estado.
Ante la el reversazo que metió la Corte a los acuerdos, De la Calle hizo un llamado urgente a que nos apropiemos de los acuerdos y asumamos nuestro compromiso ético con el cumplimiento de “la palabra empeñada” en la construcción y la firma del Acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera con las FARC-EP. LLamó a construir una gran coalición, a lo largo del país, en defensa de lo acordado y exigirle al Congreso que no puede seguir dilatando ni poniéndole freno a la implementación.
Ante las elecciones presidenciales que se avecinan, caldo de cultivo para el oportunismo que caracteriza a la mayoría de los políticos colombianos, se hace necesario que los colombianos dejemos de ser víctimas de la desinformación que generan cada día las fuerzas políticas contrarias a los acuerdos, que buscan hacerlos “trizas” y de paso destruir la vida de miles de jóvenes, porque nadie pone en duda que hacerlos trizas, no se puede traducir a otra cosa que volver a la guerra.
El compromiso y el imperativo poliético (político y ético) que tenemos es hacer respetar nuestro derecho a la paz, consagrado como un derecho fundamental en nuestra Carta magna, y nuestro derecho a cambiar el destino de nuestro país. Finalmente, en este complejo, incierto y difícil momento para el país hay que asumir posiciones en defensa de la vida, impedir que suenen tambores de guerra con cantos de alegría, y hacer trizas sus discursos de muerte.
