La más reciente denuncia de Daniel Coronell sobre los abusos del Defensor del Pueblo puso en jaque al director del despacho abanderado de los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, la denuncia y la posterior renuncia de Otálora sólo son la punta del iceberg de un problema mayor: el de todos los funcionarios de alto nivel que en el proceso de generar resultados, vulneran, maltratan y abusan de los que los rodean. Más que un caso aislado, el del Defensor del Pueblo es un ejemplo de la paradoja de aquellos que trabajan para la paz, pero no paran de ejercer la violencia en el trabajo.
Las historias de funcionarios maltratadores y acosadores ha pululado por décadas en los pasillos de las entidades públicas, donde los subalternos comparten sus experiencias para poder identificar a los malos y los buenos jefes, sin entrar en la controversia que implica imponer una denuncia formal, con altísimos riesgos y escasos resultados. Como bien lo plantea Hirschman en su texto clásico Exit, Voice and Loyalty, las opciones que tienen los servidores públicos para expresar su descontento con las acciones de sus jefes son supremamente limitadas; pocas veces un funcionario sensato incluye en su carta de renuncia las reales razones de su salida y en cambio, se limita a una nota cordial agradeciendo la oportunidad y argumentando motivos personales.
Como se evidenció también con la confusa renuncia del Vicedefensor, los funcionarios más prudentes se van ‘de común acuerdo’ , agradecen y terminan en otro lugar, con la esperanza de que éste sea mejor. El problema de este sistema, es que el Gobierno se queda sin opciones de mejorar, no hay caminos para establecer quejas sin hacerlas escándalos, no hay acciones de mejora y los mecanismos de control son un simple saludo a la bandera. Por eso, la valentía de Astrid Helena Cristancho y de Juan Manuel Osorio, quienes seguramente tuvieron que pensarlo más de dos veces antes de arriesgarse al ostracismo institucional que suponía denunciar a un alto funcionario de Gobierno, exige no sólo una condena real y ejemplar para este caso particular, sino reexaminar los mecanismos con los que se evalúa a las personas que llegan a ocupar cargos de tal importancia.
Los gritos, la humillación y las amenazas no pasan solo en la Defensoría del Pueblo. Los Ministerios y las entidades publicas están plagadas de renuncias silenciosas que disfrazan el maltrato y la desmoralización de los funcionarios que día a día soportan el yugo de jefes obsesionados con una gran aparición pública, con una buena foto con el Presidente y con mostrar resultados que les den más poder. Es hora de comenzar a medir la gestión de los altos funcionarios de entidades públicas, no solo por sus eventos o por sus obras entregadas, sino por su calidad administrativa y por su capacidad de ejercer un liderazgo que no necesite gritos para producir resultados.
Las victorias de un Gobierno que busca la paz, no pueden darse a costa de la violencia de la que hoy son víctimas los servidores públicos. El llamado de Astrid Helena no es sólo de ella; es el de todas las secretarias, conductores, asesores, contratistas y profesionales que, sin ninguna garantía de sus derechos, se enfrentan a diario a los malos tratos de poderosos Ministros, Directores y Altos funcionarios que están tan estresados por hacer la paz, que ni siquiera se dan cuenta de la violencia que ejercen al interior de sus despachos.
Bien haría el Presidente, en su interés por el buen gobierno, en plantear acciones que den una solución real a este problema. Una solución que implica que los directivos que elige sean mucho más que grandes políticos o excelentes técnicos, sino que sean además buenas personas. Una solución que implica crear opciones para que la denuncia no se constituya en un Harakiri laboral, para que el único mecanismo para disentir no sea el escándalo, para que exista la crítica constructiva y sobre todo, para que se evalúe a los funcionarios que hoy definen los rumbos de la paz, en la competencia básica de estar en paz con quienes todos los días hacen posible su trabajo.
