Los colombianos hemos tenido que tragarnos distintos sapos en la aplicación de los distintos puntos del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, como es la continuación del conflicto con grupos armados por los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico, las cuestionadas políticas que serán aplicadas en las tierras rurales, la imprecisa información sobre el número de armas que se prometieron entregar y que efectivamente entregaron, o el desvergonzado silencio frente al asunto de los niños de la guerra, entre muchas otros.
Pese a las gravosas condiciones que le toca asumir a la población colombiana –que llevaron a que la mayoría de los votantes rechazaran el plebiscito del 2 de octubre—con su dinero y libertad, en este acuerdo también es posible encontrar algunos puntos positivos.
Particularmente hablamos de las mayores facilidades que tienen (o tendrán) los distintos movimientos o asociaciones de personas para participar en las distintas elecciones políticas en el país.
El punto 2 del acuerdo menciona que para que cualquier movimiento o partido político pueda conservar su personería jurídica ya no se necesitara de alcanzar un umbral específico en las elecciones al Congreso de la República; sino que se requerirá de un número mínimo de afiliados.
Esto implicaría la llegada de nuevas fuerzas políticas a participar por distintas curules en las distintas corporaciones públicas colombianas y hasta en distintos puestos de gobierno local y nacional. Esto podría llegar a ser un camino para que las ramas ejecutiva y legislativa del Estado dejen de ser controladas por las mismas élites y familias que vienen dirigiendo el país, gracias a las grandes barreras de entrada para una persona común y corriente con escasos recursos y/o contactos para participar.
Y aunque debemos aceptar que es en verdad un buen punto para mejorar el pluralismo y la participación política, no es en absoluto suficiente. Para explicar esta afirmación, debemos hacer una pequeña ilustración de los requisitos que actualmente se exigen para que una persona, sin capital político, pueda entrar a participar en una candidatura política.
Límites a la participación
Como ya se dijo, la personería jurídica se obtiene con la consecución de un número de votos en las elecciones de la Cámara de Representantes o el Senado; tal número fue establecido por el Acto Legislativo 01 de 2009 que menciona que solo se le dará a aquellos que consigan más del 3% de los votos emitidos válidamente, y se podrá perder si cada cuatro años no mantiene esta buena racha. Esto significa que si en las elecciones al Congreso votan un poco más de 14 millones de personas (que fue el número de participación en las elecciones al Congreso de 2014), para mantener la personería jurídica, es necesario que el partido o movimiento obtenga por lo menos unos 430.000 votos.
Pero, ¿qué implica que no se tenga personería jurídica? Que para poder participar en una candidatura se necesita de dos condiciones: una recolección de firmas y el pago de una póliza de seriedad.
Por ejemplo, la semana pasada estuve inscribiendo mi candidatura a la presidencia de la República de Colombia ante la Registraduría Nacional y ahí se me indicó que el número de firmas que necesito recolectar para que esta sea válida debía ser de un poco menos de 386.148. Algo que solo se puede lograr con una gran inversión y despliegue de personas en todos los rincones del país para que me ayuden a conseguir ese número tan alto. Sin contar que solo dan un plazo de un poco menos de 5 meses para lograr esta proeza para alguien que no es Ordóñez o Petro o Clara López o Fajardo; es decir una persona común y corriente.
La cuantía de la póliza de seriedad aún no se conoce, pero si suponemos que el Consejo Nacional Electoral no cambia lo que ya había estipulado en la Resolución 3251 de 2013 –norma que definió el costo de la póliza para las candidaturas a la presidencia de la República por firmas del año 2014—y mantiene el costo en 390 salarios mínimos legales mensuales vigentes, estaríamos hablando, para el presente año, de un pago de 287’709.630 pesos. Algo que no cualquiera estaría dispuesto a pagar. Además, es preciso mencionar que es difícil encontrar una aseguradora que esté dispuesta a otorgar este tipo de pólizas: muchas prefieren ni siquiera acercarse a los temas políticos y las pocas que quedan hacen los debidos estudios de riesgo con la posible abstención en el otorgamiento.
Es así que para una persona que no tenga los contactos políticos, o el dinero, o no se encuentre o haya nacido en las castas políticas colombianas de siempre, no tiene posibilidades de participar en una contienda política. Parece que el derecho fundamental constitucional de elegir y ser elegido no aplica para la gran mayoría de los ciudadanos.
Luego de todos estos impedimentos, es interesante conocer además los beneficios exclusivos para los movimientos y partidos políticos con personería jurídica. Para estos existe una repartición del presupuesto reunido en el Fondo Nacional de Financiación Política, dinero que proviene del Estado de acuerdo al número de ciudadanos inscritos en el censo electoral nacional. A los partidos ya constituidos el Estado les paga y a los que recién empiezan les cobra.
Además, en las campañas, estos mismos partidos y movimientos tienen derecho a una financiación previa de sus campañas; cosa contraria con los candidatos por firmas que solo podrán obtener una financiación por reposición de votos.
Pero eso no es todo. Para la misma campaña es necesario hacer un gasto para pendones, publicidad, viajes, videos, cuñas. Según el Consejo Nacional Electoral los topes máximos son en Senado 74 mil millones y para Cámara de Representantes 15 mil millones de pesos. Si lo analizamos en términos económicos básicos, vemos que la inversión máxima para conseguir un puesto público es mayor al retorno: un senador gana –desde hace recientemente—unos 29 millones de pesos; si lo multiplicamos por los meses en el que tendrá este puesto (48) obtenemos un resultado de 1.392 millones.
No es un buen negocio. Esto implica que alguien debe financiar estas campañas para obtener algún favor, protección o favorecimiento de un puesto que puede ordenar presupuesto y leyes a nivel nacional. No sería sorprendente que podamos encontrar una causa de la gran corrupción que vive el país en esta política de financiamiento.
En definitiva, las barreras electorales para poder ser elegido son tan difíciles de superar que no sé por qué nos sorprendemos de que en el Congreso, las alcaldías, gobernaciones y demás, siempre están las mismas elites untadas, corruptas e ineptas de siempre.
Entonces, el acuerdo sobre la conservación de la personería jurídica es un tema positivo para una mayor participación de los ciudadanos no afiliados o inclinados a los partidos políticos actuales y una mayor pluralidad de las ideas filosóficas, políticas, económicas, sociales y culturales de lo que significa ser país y el papel del Estado. Sin embargo no es suficiente.
Aplaudimos los cambios que se buscan hacer, pero es necesario también presionar en los otros impedimentos señalados anteriormente que impiden una participación en igualdad de condiciones.
Igualmente, creemos que la base de afiliados del 0,02% del censo electoral nacional sigue siendo un obstáculo para honrar de manera completa y coherente el derecho fundamental estipulado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de elegir y ser elegido. No deberían existir impedimentos para participar en distintas contiendas electorales, excepto las mínimas sobre nacionalidad, impedimentos e inhabilidades. La representatividad se logra y crea efecto después de la contienda, no antes.
¿Representatividad solo para las Farc?
También quisiera aprovechar este espacio para denunciar los beneficios de los que disfrutarán los miembros de las FARC y que no podrá disfrutar ninguna otra persona.
El acuerdo garantiza la participación de este grupo al ruedo político, sea que tenga o no un cuerpo a representar; cosa de la que no goza (ni podría gozar) ningún otro movimiento o agrupación de ciudadanos.
No nos oponemos a que las FARC hagan política. Perfecto, que entren a la competencia electoral, pero solo pedimos que lo hagan en las mismas condiciones que los demás ciudadanos. Una cosa es la competencia por el poder y otra regalar puestos a dedo para que estas ideas y posturas entren sin ningún tipo de representación.
La institución pública de representatividad por antonomasia en una república tendrá “representantes” que no representan a nadie; sino a ideologías anacrónicas que apenas logran contener una cantidad irrisoria de adeptos que no han despertado del sueño socialista como posibilidad terrenal.
El partido o movimiento político que salga de las FARC, tendrá asegurado 10 curules (5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes hasta el 2026) sin siquiera mover un dedo para participar en la competencia por estos puestos.
Así que, para ser enfático: los de las Farc no entran a competir en la arena política, serán representantes que no representan a nadie. O por lo menos representan a solo 8000 ex guerrilleros; sin contar que muchos son menores secuestrados y obligados a jugar a la guerra, y otros se fueron a vivir la disidencia.
Mientras tanto, los demás ciudadanos, que nunca creyeron en la violencia como medio para hacer política, ni se dedicaron a hacer desmanes impedidos por ciertos principios éticos, tienen que buscar dinero de donde no hay y hacer malabares para poder participar en cualquier elección.
