El aguacate se puso de moda del planeta. Hasta hace décadas era desconocido en Europa, ahora es protagonista en los escenarios de la alta cocina, en un mercado que más o menos demanda entre 5.000 y 5.500 toneladas semanales. Al punto de que hoy en día muchos agricultores abandonan otras plantaciones para ser monocultivadores de este fruto, llegando a quemar amplias zonas de bosque para aumentar la producción.
En Colombia, los municipios del norte del departamento de Caldas no han sido ajenos al furor de la fiebre por el oro verde. Desde años atrás se ha observado como compañías recién constituidas, sin pilares de buen gobierno corporativo, se han instalado en las zonas rurales, especialmente en Aguadas y Pácora, con falsos indicios de prosperidad, desarrollo y progreso para los pobladores de las zonas aledañas y del municipio como tal, segregando todo al mero ofrecimiento de empleos informales, tratando de encubrir las consecuencias ambientales que apenas comienzan a ponerse en evidencia...
No es asunto de estar en contra de la agricultura, por supuesto que no, y menos si es entendida como el conjunto de técnicas, conocimientos y saberes para cultivar la tierra. Tampoco es atacar el desarrollo agroindustrial de los pueblos que se encuentran alejados de las periferias territoriales. Todo ello es bueno, pero es bueno cuando se ejerce en el marco de lo que todo el entorno requiere, y el entorno de las empresas dedicadas el cultivo de aguacate se encuentra conformado por seres humanos, otros cultivos, animales y fuentes de abastecimiento de agua; el hecho de que en los municipios mencionados se desarrollen iniciativas empresariales de carácter agrícola es una gran idea, pero no se puede caer como años atrás en lo que fue la fiebre por los cultivos de granadillas, de los que al día de hoy ni el recuerdo queda. Además, todas las iniciativas empresariales tienen el deber de respetar las leyes constitucionales, ambientales, laborales, civiles, las penales, entre otras, que se encuentran amparadas a lo largo de la legislación nacional y en diversos tratados internacionales ratificados en Colombia.
Empresa bien constituida es un concepto que alude a las compañías que respetan los derechos laborales de todas las personas que les prestan sus servicios, que no exponen a menores de edad a arduas jornadas de trabajo, ni a riesgos tóxicos, y sobre todas las cosas que les otorgan a todos los trabajadores las condiciones laborales mínimas, porque eso no es un favor ni una caridad, es atender al mínimo vital amparado en la constitución. Todos los empleados tienen derecho a un salario, a una afiliación a la seguridad social, a que se les coticen los aportes al fondo de pensiones y cesantías, y a todas las prestaciones sociales amparadas en la ley y que nunca pueden ser negociadas a favor del empleador. Entonces, surge el primer cuestionamiento: ¿en las compañías dedicadas al cultivo de aguacate se logra observar ese respeto por los derechos laborales?
Por otro lado, desde la óptica ambiental, está comprobado que las personas que interactúan con dichos cultivos están expuestas a sufrir las consecuencias del monocultivo de aguacate, porque más allá de la tala de los bosques y de los efectos sobre la retención ilegal de agua, se encuentra el alto uso de productos químicos agrícolas y los grandes volúmenes de madera necesarios para embalar y transportar aguacates, que son, sin duda alguna, otros factores que podrían tener efectos negativos sobre el medio ambiente y el bienestar de los habitantes de la zona, incluso. Por eso es relevante mencionar que un cultivo de aguacate utiliza casi el doble de agua que un bosque bastante denso, lo que significa que menos agua alcanza para suplir las fuentes hídricas habituales de las que dependen los bosques, las poblaciones y otros cultivos que no son tan invasivos pero tampoco tan lucrativos.
El cultivo del aguacate se asocia indiscutiblemente a una problemática ambiental muy seria debido al cambio de uso de suelo, la pérdida de la cubierta forestal, los efectos negativos en la biodiversidad, la contaminación química del suelo, aire y agua. Pero el daño más severo, es la degradación sistemática e irreversible de la salud de las personas.
El uso de pesticidas para controlar plagas asociadas al cultivo de aguacate es un grave problema de salud que debe ser vislumbrado por los empresarios que encabezan esas compañías, para evitar no sólo el colapso de la agroindustria aguacatera, que es una de las más importantes en la escala nacional, sino el daño irreversible en la salud de la población que directa o indirectamente está relacionada con la actividad económica del aguacate. Existen investigaciones científicas que han permitido identificar evidencias de daños en niños, jóvenes y adultos que exhiben cansancio, desequilibrios hormonales e incluso cáncer con una causa común, la exposición a los cultivos de aguacates.
Hay que reconocer que el aguacate es una agroindustria de alta importancia para el sostenimiento de la economía regional, contando con que genera un aporte significativo al Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario del país, lo que se convierte en un argumento de peso para que las empresas acudan a atender y frenar la naciente problemática ambiental con prontitud, lo que implica voluntad política del gobierno local y sus instituciones; y acciones radicales y concretas para hacer cumplir la regulación y la normatividad ambiental vigente, aunque esto exija que esas empresas realicen un cambio en las prácticas agrícola, adquiriendo y realizando verdaderos compromisos comunitarios con el establecimiento de una idónea veeduría ciudadana.
Lamentablemente, en Colombia la voluntad política para resolver esta serie de problemas debe comenzar en la comunidad, así es, poco a poco, en grupos, en cadenas de apoyo, para fortalecer la protesta e inconformismo racional de manera pacífica, pero diciente, se necesita llegar a oídos de las autoridades competentes, la ANLA, los ministerios, la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales, para que así, el gobierno haga cumplir las normas establecidas, que están siendo evadidas en todos los niveles.
No se puede esperar a que uno o varios municipios con trayectoria como potencias ambientales e hídricas se conviertan en un desierto, tampoco que un afán por cultivar cueste la salud o la vida de muchos, no se trata de lo que acontece hoy, es cuestión de las secuelas que se pueden evitar mañana, porque todavía hay tiempo, se requiere de unión de todos y cada uno en búsqueda de la protección de un interés común, hay que convertir la voz de protesta en una verdadera fuerza, no hay que esperar a que los daños sean irreversibles y que solo quede el recuerdo de un paisaje que lamentar.
No será una tarea fácil pero la historia demuestra que los grupos con ganas de defender los derechos perduran y para el caso en concreto, se corre el riesgo de lograr ser escuchados y de que una causa se vuelva visible para las autoridades competentes. Agricultura sí, pero no así.
