Tras 30 años de neoliberalismo cada día se devela con mayor nitidez la irracionalidad e inviabilidad del vigente modelo económico en nuestro país. El virus del covid solo ha cabalgado sobre una crisis gestada por este fracasado modelo, agudizado por los gobiernos del presente siglo. Santos tuvo que cambiar la metodología de medición de la pobreza para poder reducir sus cifras, y de la apuesta desenfrenada de imponer la locomotora minera solo quedó la volatilidad económica propia de la dependencia de las materias primas y un creciente desastre ambiental legado a las nuevas generaciones. Duque vuelve e insiste en el mismo modelo y muestra los desastrosos proyectos asistencialistas con los que Uribe hizo clientelismo, como si fueran la alternativa y no parte misma de la crisis, perpetuadores de la miseria de las mayorías.
La coyuntura del covid no debe eclipsar que los desbalances de la economía colombiana y la consabida crisis social venían de atrás, porque son inherentes al modelo neoliberal extractivista que impusieron los sucesivos gobiernos. En 2019 el déficit en la balanza de pagos llegaba al 4.3 % del PIB y ya el desempleo era de dos dígitos. El presupuesto estatal se había hecho adicto a dos peligrosas formas de ingresos: la renta petrolera y la deuda pública, que ascendía a niveles inéditos incluso en la era neoliberal. Hoy la deuda supera el 50 % del PIB, duplicando el porcentaje que alcanzó a tener durante la crisis financiera de 1999 y el gobierno nos sigue endeudando. Mientras tanto, por los reajustes en los precios del crudo se calcula la pérdida de más de 12 billones de pesos el año entrante para el estado colombiano. Se amarró el país a un mercado capitalista que se hunde en una recesión global y donde no se ven en lo inmediato grandes repuntes de precios para las materias primas que nuestros gobernantes nos condenaron a exportar.
Si bien la insulsa estrategia de la “economía naranja” de Duque no lograba siquiera paliar las graves problemáticas del modelo neoliberal, la pandemia aceleró en Colombia –como lo hizo a nivel global- la crisis económica capitalista, cargando los padecimientos a las y los más expropiados por el mismo modelo, con un sesgo muy fuerte en nuestro país hacia las mujeres y los pueblos étnicos. Muchas capas medias que ya habían empezado a protestar contra el modelo ante sus limitantes y asfixia dentro de éste, también sufrirán fuertemente la crisis la presente recesión, en medio de la indolencia gubernamental, que tercamente reincidió en el endeudamiento, el asistencialismo focalizado- y clientelizado- así como en la profundización del neoliberalismo. Ni un mínimo ajuste les ameritó la Ley 100 que nos heredara en su primer paso por el Senado Uribe Vélez.
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El reconocido economista Eduardo Sarmiento llega a calcular con rigor un decrecimiento de dos dígitos para nuestro país en este año. Sería bueno que el gobierno confirmara o desmintiera
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Las cifras son elocuentes: contracción de 15,7 % en el segundo trimestre que hace que en el acumulado del año la economía caiga un 7,4 %, muy por debajo de la recesión de -4.3 % en 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana. El consumo cayó 6,2 %, la inversión 20,2 %, las exportaciones 15,2 % y las importaciones 15,9 %. En lo corrido de 2020, 9 de los 13 sectores del PIB decrecieron. Además del agro, solo tuvieron indicadores positivos justamente los dos renglones más parasitarios de la economía: inmobiliarias y financiero, lo que da muestra clara del poder de la banca y la especulación en la economía colombiana. Las mismas cifras oficiales vaticinan que el déficit fiscal del Gobierno Nacional que todos pagaremos con nuestros impuestos pasará del 2.7 % al 8.2 % del PIB. El reconocido economista Eduardo Sarmiento llega a calcular con rigor un decrecimiento de dos dígitos para nuestro país en este año. Sería bueno que el gobierno confirmara o desmintiera con argumentos esta proyección.
Si cuando la economía va bien al pueblo le va mal, cuando a la economía le va mal, al pueblo le va peor. La tasa de desempleo disparada bordeando el 20 % y alcanzando un récord histórico en mayo del 21.4 %, con grandes desbalances regionales que hace que en las 13 grandes ciudades en el mes de junio el promedio de desocupación fuera del 24.3 %. Asobancaria calcula que al cierre de 2020 se destruirán, en promedio, cerca de 2 millones de empleos respecto al registro de 2019, lo que implica una reducción del 8.7 % en el total de ocupados del país, mientras que la tasa de informalidad solo en las mismas 13 principales ciudades sigue cercana al 50 %, la mitad de los trabajadores y trabajadoras. Este panorama aunado a la profundización de la precarización del trabajo contribuirá a aumentar nuevamente el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) cercano ya al 20 % el año anterior, con el agravante que este indicador en la ruralidad (39 %) triplicaba al promedio urbano (13 %).
Esta lamentable situación económica que sufren millones de compatriotas que durante esta pandemia no recibieron ninguna ayuda estatal en medio de la mezquina negativa gubernamental de reconocer el justo reclamo de la renta básica o del subsidio a pequeños comerciantes, tiende a acrecentarse cuando vemos la proyección presupuestal para el 2021 de Duque y Carrasquilla. Ad portas de ser aprobado con modificaciones no sustantivas cursa en el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación, PGN, del próximo año, generando cuando menos indignación que en medio de esta crisis social se le entreguen 75,94 billones al servicio de la deuda, de un total de 314 billones. Para plácemes del gran capital financiero, en el país del mayor desempleo de la historia, solo a Carrasquilla puede ocurrírsele aumentarle 22 billones de pesos a la ya onerosa tajada que le pagamos todos los colombianos y colombianas a la banca tenedora de la deuda estatal. Con tanta generosidad para con la banca, entiende uno porque Gilinski será gustoso embajador de Duque en la ONU.
Los 75.9 billones de la deuda, -diez veces más que los recursos que el Gobierno Nacional ha gastado para enfrentar los efectos sociales y económicos de la pandemia- están acompañados en el presupuesto de Duque-Carrasquilla por 38.1 billones de pesos para el Seguridad y Defensa. Así que cuando la economía puede decrecer un 10 %, el gasto en guerra va a crecer un 11 %, sin importar ni la firma del Acuerdo Final, ni la crisis legitimidad que vive la Fuerza Pública colombiana en medio de la pléyade de escándalos y del uso de la violencia contra la población civil. Afrenta a la paz, que no recoge ni 6 billones, y afrenta a las víctimas directas de los desafueros de este fletado aparato militar-policial.
A la pandemia del modelo económico, Duque solo la expande y la profundiza. A este proyecto impúdico de PGN, va de la mano con un verdadero paquetazo de reformas a las que se comprometió con los más poderosos: laboral, pensional, baldíos y tributaria, que serán siendo descargadas antes de que acabe la legislatura virtual. Todo esto justifica las exigencias y acciones de la Minga, las reivindicaciones vigentes del Paro del 21N y la convocatoria en marcha a la movilización del próximo 21 de octubre. Yo no veo infiltrados ni terroristas, como lo hacen los macartistas del Gobierno: veo una justa indignación ciudadana ante la más grave crisis social y económica del siglo, exacerbada por el actual Ejecutivo, una profunda crisis que no se resuelve con un programa de televisión.
