El aislamiento y el distanciamiento social son los medios de prevención para enfrentar la pandemia aplicados por todos los países del mundo. Las TIC, el internet, los nuevos desarrollos tecnológicos, sus herramientas y procesos por medios electrónicos en teoría deberían permitir al ciudadano acceder de manera eficiente a los servicios y trámites del Estado. Estos hoy se definen como servicios públicos esenciales por su implicación en la información, las comunicaciones y la productividad necesarias para la continuidad de las actividades económicas y sociales.
El presidente Duque, con buen tino, creyendo en sus ministros y asesores expidió ambiciosas normas de emergencia (decreto legislativo 491 de 2020) que promueven el trabajo en casa, flexibilizan las obligaciones de atención personalizada al usuario en aspectos como reconocimiento de la firma digital, audiencias públicas judiciales y administrativas, presentaciones personales, prestación de los servicios de justicia, notariado y registro, defensa jurídica del Estado, atención en salud en el sistema penitenciario carcelario y simplicidad del proceso administrativo sancionatorio.
Estallé de emoción cuando estudié la norma y creí que esta maldita pandemia nos estaba llevando de un salto a la esperada modernización del Estado digital, pero fue pronta mi decepción cuando constaté enormes atrasos en los planes y programas de gobierno en línea, en trámites administrativos y de gestiones judiciales o justicia digital y de capacidad de conectividad eficiente. Me pregunté: ¿le dicen mentiras al presidente?
Según el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), Colombia cuenta con cerca de 70 mil trámites y procesos administrativos que deben adelantar los ciudadanos, empresarios y entidades públicas ante entidades del Estado, de los cuales solo 1.300 se pueden hacer totalmente en línea, 5.300 parcialmente en línea y el resto,62 mil de forma presencial. Un estudio reciente del BID señala que en Colombia son necesarias por lo menos 7,4 horas en promedio para hacer un trámite, mientras que en la región es de 5,4 horas. Una persona tiene que destinar casi un día haciendo fila para obtener un papel sometida por los turnos, las ventanillas y los trámites presenciales engorrosos. Cada vez se vuelve más obsoleta la burocracia.
Desde 2015 el gobierno ha hecho cuantiosas inversiones en iniciativas digitales como Gobierno en Línea y Gov.co un portal de trámites virtuales, donde están vinculados MinTic, el Programa Nacional de Servicio al ciudadano del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). El proyecto tiene previsto la incorporación de nuevos trámites donde los ciudadanos puedan no solo encontrar toda la información y hacer desde allí todas sus diligencias. Hoy aún está en pañales.
Qué decir del fracaso del proyecto de justicia digital y expediente electrónico judicial para transformación de la justicia liderado por la Comisión de Justicia en Línea del Consejo de Estado, que permitiría trámites en de procesos judiciales y litigar en línea a instaurar una demanda a través del celular.
Otro canto a la bandera que podría hacer coro es la herramienta de consulta digital conocida como Consulta de Procesos. Tiene cerca de 12 años y no se ha actualizado. Entrega un pobre informe sobre el estado al día de los procesos y su cobertura es muy limitada. El sistema de Consulta de Procesos no alcanza a cubrir 50 de los 700 municipios que lo requieren y genera mucha desconfianza entre los litigantes. En Colombia hay cerca de 5.500 despachos judiciales de diferentes especialidades y de diferentes rangos, repartidos por la geografía nacional. Tenemos por cada 100.000 habitantes un promedio de 11 jueces cuando deberían ser 65.
Otro grave inconveniente para que el decreto 491 funcione es la autopista del internet o sea la banda ancha. En Colombia se debe controlar el reuso y la calidad del servicio, así como el cumplimiento de la real apertura a la competencia hoy controlada por el oligopolio de proveedores.
Terrible balance cuando hoy tenemos las nuevas trasformaciones digitales con la inteligencia artificial, big data, machine learning, block chain, cloud computing y más de 60 millones de usuarios de telefonía móvil. Estas tecnologías son económicas y están a la mano. Esperamos resultados positivos a corto plazo de la nueva Agencia Nacional Digital, una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de asociación civil, de participación pública y naturaleza privada, sin ánimo de lucro adscrita al MINTIC que busca contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, gracias al uso y aplicación de la ciencia y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
*El autor fue director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
