Queridos lectores, es extremadamente preocupante el aumento significativo de protestas violentas (denominadas acciones pacíficas) en cuanto a número, dimensión y militancia política, compuesta en su mayor parte por un grupo no formado fortuitamente en el que se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas en la condición de miembro de una organización estructurada que sirve de inspiración a sus partidarios para poner en práctica su ideología y el lenguaje del odio, fomentando, organizando y participando en actos violentos durante manifestaciones públicas, alimentadas por estereotipos, prejuicios y tópicos del pasado. Sus partidarios respaldados por una red específica de personas siguen tomándose calles y paralizando las actividades en algunas instituciones públicas con el propósito de intimidar y aterrorizar a la población civil o a un grupo de población, destruir valores políticos o constitucionales fundamentales u obligar al gobierno y sus instituciones a adoptar determinada medida o abstenerse de hacerlo o perjudicar los intereses del país, de la población, y actúan de manera concertada con el fin de cometer delitos, incitar a otras personas a protestar, resistirse a las autoridades y agredir a funcionarios del Estado en el cumplimiento de sus deberes.
Las acciones violentas y los actos de terrorismo en la calle incluso si se han cometido con un objetivo pretendidamente político, cuyos efectos ponen en peligro las vidas de las personas, que promueven la violencia y que buscan intimidar a la población están calificadas de delitos terroristas, no solo representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, sino que también ponen en juego la democracia. Seamos claros, no debemos confundir el derecho a la protesta y la libertad de reunión, las manifestaciones pacíficas o las protestas legales y legítimas de los ciudadanos, sin armas, con las acciones de terrorismo y los atentados contra la vida de las personas cuando y en la medida en que se cometan con un fin terrorista específico.
No deja de sorprender el cinismo y la hipocresía de aquellos que defienden objetivos cercanos a las actitudes extremistas y posiciones fanáticas y vandálicas o cruzadas violentas que pone gravemente en peligro la propia existencia de nuestro pueblo y nuestro país, la seguridad nacional y mantenimiento del orden público, como si se tratara de jóvenes alegres y entusiastas, de seres humanos inocentes en situaciones de riesgo, de estudiantes comprometidos, apasionados y enamorados de su tierra capaces de efectuar una contribución valiosa a la sociedad y que dichas formaciones de estructura corporativa no podían ser acreedoras de sanción penal, al carecer de capacidad de acción, de culpabilidad y de pena. Todo esto es inaceptable por dos motivos: estas prácticas constituyen violaciones de derechos humanos fundamentales y son ataques feroces a la democracia.
Las manifestaciones violentas y los delitos de carácter terrorista o actividades terroristas que infringe los derechos y libertades fundamentales de las personas o de terceros son ilegales con arreglo al derecho internacional y deberían ser perseguidos según el derecho penal. Y la mejor primera decisión que podemos hacer es la de no glorificar las hazañas delictivas y las conductas abominables que están detrás de los recientes ataques perpetrados contra personas civiles inocentes o que mantengan y sigan desarrollando sus actividades delictivas, tenemos que contemplar en perspectiva el hecho de que muchos manifestantes responsables de delitos censurables han sido manipulados por terroristas sin escrúpulos a fin de que participen en numerosas protestas callejeras violentas y bloqueos en contra del gobierno. Una vez más, han prevalecido la violencia y la brutalidad de los manifestantes en flagrante contradicción con las libertades democráticas y los derechos humanos. Si la justicia se ridiculiza y avergüenza, y todas las acciones ilegales de bandas de estudiantes, los atentados y el derecho de formar una "milicia bien regulada" y portar armas se legalizan, se animan, eso es lo peor que puede suceder en estos momentos delicados. Lanzar ladrillos y piedras y causar desmanes, emplear armas o atacar la propiedad privada o pública no es hacer política ni protestar pacíficamente es cometer delitos.
Es pura ilusión pensar que sin la respuesta de la justicia penal de la Colombia en la lucha contra el terrorismo y una firme cooperación en y entre los Estados, así como con y entre las agencias y órganos competentes se pueden proteger los intereses de un país. El Estado debería garantizar que sus medidas antiterroristas, se adopten en relación con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, con vistas a la estabilidad interna y externa y ofrecerle un alto nivel de seguridad y de protección para la población, sino que también hay que recurrir, y se recurrirá, a las posibilidades que ofrecen los instrumentos jurídicos y las instancias existentes en el marco de la comunidad internacional. La constitución, la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público y la seguridad es la piedra angular de la respuesta de la justicia penal de la Colombia en la lucha contra el terrorismo.
La incapacidad, la ausencia o la impotencia del Estado o del gobierno de reducir a los violentos han producido un temor paralizante, una sensación de impotencia y frustración hasta el punto en que las obligaciones y responsabilidades de este frente a la sociedad cesan. La seguridad nacional o seguridad pública —que por mandato constitucional es responsabilidad del Estado— es un derecho legítimo de todos los colombianos, sin excepción. Colombia tienen la obligación de responder con eficacia a esos signos tempranos de alarma y adoptar todas las medidas necesarias para corregir una situación que podría conducir a una situación crítica o desastrosa creada por la poderosa concurrencia de diversos factores, para ser francos. Lo que está sucediendo en Ecuador también se inscribe dentro de esta fuerza poderosa y desestabilizadora, que atenta contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio, la estabilidad y el funcionamiento normal de las instituciones. En mi opinión, deberíamos estar en guardia. Ciertamente es necesaria la coordinación a nivel internacional y ciertamente es indispensable que el papel de los Estados de la región funcione en los organismos internacionales con la estrategia adecuada, porque solos no podemos solucionar el problema. Creo que el vaso de la paciencia de la presidencia ya ha llegado a rebosar y, si tiene que iniciar ese procedimiento de la legalidad que pueda restaurar el orden quebrantado, el restablecimiento de la normalidad constitucional y el monopolio del uso de la fuerza, que lo inicie ya.
Señor presidente, apreciamos sus esfuerzos y la paciencia, sin embargo, lo invitamos respetuosamente para que en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales haga prevalecer los intereses públicos y necesidades del país y de su pueblo por encima de todo lo demás, dando primacía absoluta a la seguridad nacional, por ejemplo, modificando según proceda las leyes y los reglamentos existentes, y a tomar medidas drásticas para salir de esta difícil situación y sus graves y negativos efectos y consecuencias para la sociedad, estamos pidiendo una serie de acciones. A este respecto, la presidencia debe reaccionar de forma clara y responder de manera firme contra el fenómeno del terrorismo en la fase de incitación y provocación pública, de captación, de adiestramiento, de recepción de adiestramiento, de viaje con fines terroristas u organización o facilitación de viajes, financiación y otros delitos relacionados con actividades terroristas, así como garantizar que se castigue la complicidad y privar al fenómeno de su legitimación moral y tratar esos delitos con mayor rigor, empleando los medios aceptables en el respeto de nuestras libertades para garantizar que los terroristas no disponen de ningún santuario en Colombia.
Queremos, señor presidente, que adopte medidas en este ámbito. “Probablemente esto significa que la policía debe completarse con algún tipo de fuerzas de gendarmería que combinen competencias policiales y militares para la gestión de crisis civiles y completarse con una intensificación de la actividad en el ámbito de los servicios de inteligencia”. Los responsables de la investigación o enjuiciamiento de dichos delitos deben tener la posibilidad de utilizar instrumentos de investigación eficaces como los que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves, por ejemplo y según proceda, el registro de efectos personales, la interceptación de comunicaciones, la vigilancia encubierta, incluidas la vigilancia electrónica, la captación y grabación de sonido en vehículos y lugares públicos o privados y de imágenes de personas en vehículos y lugares públicos, y las investigaciones financieras, así como el recurso a todos los medios jurídicos y técnicos para lograr un intercambio más estructurado de información sobre los manifestantes violentos. Deben establecerse sanciones penales para las personas físicas y jurídicas que sean responsables de tales delitos, acordes con su gravedad.
El terrorismo es internacional y como tal debe afrontarse. Como es bien sabido por todos, la facultad del presidente para adoptar las medidas exigidas por las circunstancias en un estado de emergencia o estado de sitio así como la respectiva declaración y ejecución, deben siempre limitarse a las acciones necesarias y adecuadas para el mantenimiento del orden público, a la protección del interés general, al respeto del principio de la proporcionalidad y limitarse, principalmente cuanto a su extensión, duración y medios utilizados, a lo estrictamente necesario para el inmediato restablecimiento de la normalidad constitucional. Nosotros le apoyamos, señor presidente, y le pedimos que también nos apoye. Amén.
