Corre la voz de que un partido político, viudo del poder en Colombia, el Centro Democrático, divulgará su cartilla "alternativa" en relación con la "verdad verdadera" de lo que sucedió a lo largo de décadas y décadas de sangre, dolor y rabia en el país.
Esa cartilla se opondría al trabajo serio, documentado, aceptado por las mayorías nacionales, de la Comisión de la Verdad, que, valga decirlo, tampoco eleva la única gran verdad sobre las atrocidades cometidas por diversos actores; sobre crímenes, desapariciones y violaciones sin fin en gran medida aceptadas de manera tácita por el Estado bajo los gobiernos de muchas, muchas décadas.
El recién posesionado gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez anunció que los documentos de la Comisión de la Verdad tendrán para su difusión un canal idóneo y de amplio espectro: las instituciones educativas de Colombia. Escuelas, colegios, universidades, institutos de educación formal y no formal estarían comprometidos en la lectura y la comprensión de aquella versión de los acontecimientos. En ello estamos de acuerdo y como docentes debemos hacerlo a partir de distintas actividades pedagógicas, didácticas, lúdicas que garanticen aquella iniciativa gubernamental.
Sin embargo, una pregunta me ronda: ¿cuántos de los colegios privados optarían por la cartilla "alternativa" (que anularía o atenuaría la responsabilidad de militares, paramilitares y parapolíticos en la verdad de las atrocidades) y cuántos estarían dispuestos a desafiar a sus clientes, las familias, y asumir la divulgación de los documentos de la Comisión de la Verdad?
Sabemos que en muchos de los colegios privados de Colombia, sobre todo aquellos que educan a los estratos altos, pervive enquistada gran parte de la élite retardataria que se resiente cada vez que se habla de derechos humanos, construcción de equidad, inclusión social y cambio histórico.
En muchos colegios privados —para no hablar de algunas universidades cooptadas por la empresa privada— la Historia de Colombia fue desterrada en función de un entrenamiento feroz para obtener los mejores puntajes en las Pruebas Saber. El resultado, en no pocos casos, arroja estudiantes bastante "competentes" aunque poco conscientes de su pasado histórico y de su ubicación geopolítica en un mundo donde, hay que aceptarlo, las Humanidades andan en trance de muerte.
Por otra parte, el nuevo Gobierno ha anunciado la recuperación del pago por horas extras para trabajadores y trabajadoras de Colombia. Desde aquí pedimos que esto también sea tenido en cuenta en relación con la sobrecarga laboral que soportan muchos docentes en Colombia.
En el trabajo escolar hay una "zona gris", una especie de "limbo" que desconoce el debido reconocimiento monetario al docente por el tiempo que invierte fuera de la institución escolar no solo preparando clase sino evaluando, proyectando actividades, atendiendo a estudiantes y familias, calificando, leyendo cuanto papel burocrático aparece en función de los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. El precio de la vocación docente —a lo cual apelan directivas escolares de instituciones educativas privadas para justificar indirectamente esa explotación laboral— se paga con la gratitud de los estudiantes pero también con el cinismo aprovechado de quienes le sacan mayor provecho al gran negocio de la educación.
De modo pues que en mi concepto, si queremos un verdadero cambio social a través de la educación pública y privada en Colombia, debemos aceptar y divulgar la versión de los acontecimientos emanada del arduo y riguroso trabajo de la Comisión de la Verdad (no olvidemos, ligado al acuerdo de paz) y velar por el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros docentes.
Un país mejor educado es un país no sólo enterado de su pasado sino comprometido con el bienestar de sus maestras y maestros, formadores de presente y soñadores de futuro.
