Una semana antes de las elecciones regionales de 2015, un sondeo arrojó lo que podría ser el resultado en la votación para la Alcaldía de Bucaramanga. Adelante, cómodo en el primer puesto, Carlos Ibáñez, un liberal vieja escuela al que le había llegado el turno de quedar elegido, así como en su momento pasó con su antecesor y el antecesor de su antecesor, también liberales. Históricamente, Santander y su capital han sido fortines para el partido de las toldas rojas. Y al fondo de la encuesta, con casi ninguna chance y como un participante más, figuraba el ingeniero Rodolfo Hernández Gómez, dueño de una de las importantes constructoras de la ciudad y más conocido en el sector empresarial que por los ciudadanos de a pie.
El resultado cogió por sorpresa a todos. Hernández ganó por un mínimo margen, inesperado hay que decir, y arrebató la Alcaldía a los liberales. Su campaña austera, el nombre del movimiento ciudadano por el que se postuló (Lógica, ética y estética) y el hashtag que le sirvió como lema (#SinTamalYSinLechona) fueron los primeros elementos que cimentaron el personaje que, de a poco, se iría construyendo alrededor del ingeniero. Incluso, el lunes inmediatamente después de que se anunciara su triunfo, Hernández estaba fuera del país y cuando el periodista Julio Sánchez Cristo lo contactó para entrevistarlo por su hazaña electoral, este respondió que había viajado a realizar unos chequeos médicos en esas fechas porque ni él “tenía esperanzas de ganar”.
Rápidamente, emprendió una feroz batalla desde el gobierno municipal en contra de la politiquería y la corrupción. Según sus palabras, estos eran los males que no habían dejado progresar a Bucaramanga en el pasado y que con su llegada iniciaría el proceso para convertirla en la “Barcelona de América Latina”. Su estilo despabilado, sin pelos en la lengua, atravesado, frentero e incomodo llamó la atención de todo el país. Las redes sociales se inundaron de sus videos y personas, no solo de Bucaramanga, lo catalogaron como un adalid de la moral.
En alguna oportunidad aseguró que el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras se la había “fumado verde” por relacionar a la constructora de Hernández con las miles de viviendas de interés social que se entregaron en el gobierno de Juan Manuel Santos. También peleó en los micrófonos de emisoras nacionales con los concejales opositores a su mandato, afirmó que los bomberos de la ciudad eran “barrigones que dormían todo el día”, se bañó en lodo para una sesión fotográfica en protesta contra la explotación del Páramo de Santurbán y golpeó al concejal John Jairo Claro por asociar a su familia, en especial a su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, con un aparente esquema de corrupción.
Y es este último suceso el que más problemas le ha acarreado. No solo por el golpe, el cual conllevo una suspensión por parte de la Procuraduría y que se zanjó con una disputa jurídica en la que Hernández interpuso una tutela, sino por las afirmaciones del concejal Claro. Previo al manotazo, Claro afirmó que el hijo de Hernández y la empresa Vitalogic tenían relación. Esto enervó a Hernández y terminó en el escándalo que toda Colombia conoció. Sin embargo, poco o nada se dijo de Vitalogic y por qué es un tema espinoso para la Alcaldía de Bucaramanga.
En enero de 2016, cuando el ingeniero arribó a la Alcaldía, la capital santandereana completaba 14 años en emergencia sanitaria. Basado en experiencias exitosas de algunos países europeos, Hernández quiso cambiar el modelo de basuras de la ciudad con el objetivo de que al quemarla se pudiera generar energía a través del calor. Se abrió la jugosa convocatoria, con un contrato a 30 años y por un valor de 750 mil millones de pesos. El proceso jamás culminó porque, en su etapa final, la empresa Vitalogic (la destinada a ser elegida) falló en presentar la documentación requerida por ley. En vez de presentar una póliza de seguros, anexaron una póliza bancaria y esto fue causal para que la licitación se declarara desierta.
Vitalogic, no contenta con el resultado, demandó al municipio de Bucaramanga, pero no recibió la razón por parte del poder judicial. El error en la póliza fue motivo suficiente para desestimar las pretensiones millonarias que se pedían como indemnización. Parecía otra victoria para el gobierno de la lógica, ética y estética.
Pero el asunto no acabó ahí. Saltó a la luz pública que el hijo del alcalde, Luis Carlos Hernández Oliveros, y Vitalogic tenían vínculos contractuales. No existieron mayores pruebas en ese momento y la Administración capoteó las acusaciones. Se resguardaron, sobre todo, en que la licitación no se concretó, por lo que no se había puesto en riesgo el patrimonio de la ciudad, ni se había favorecido indebidamente a nadie. El dolor de cabeza se apaciguó por unos meses, hasta que la Procuraduría lo revivió el pasado mes de julio.
Una investigación en curso sugiere que el pliego de condiciones para el contrato de las basuras fue diseñado, de entrada, para favorecer a uno de los proponentes: Vitalogic. Y, además, se encontraron conversaciones de WhatsApp, documentos y testimonios que dan fe que Luis Carlos Hernández mantuvo al tanto de todo a su papá. Al parecer, Rodolfo Hernández vio con beneplácito el proceder de su hijo y su cercanía con Vitalogic.
Luis Andelfo Trujillo, quien fue socio de Luis Carlos Hernández y hoy es el testigo estrella de la Procuraduría, reveló que ya se habían acordado comisiones a favor del hijo del alcalde y sus socios en caso de que Vitalogic resultara ganadora de la licitación. La suma que hubieran recibido era de aproximadamente 16.500 millones de pesos. Trujillo también cuenta que, para agosto de 2016, el entonces alcalde había participado de dos reuniones en las que dio el visto bueno para que se continuara con la elaboración del pliego de condiciones.
Dicho pliego fue realizado por Jorge Hernán Alarcón, quien aterrizó en la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) en julio de 2016 como ficha del alcalde Hernández. Los chats de WhatsApp en poder de la Procuraduría demostrarían que Luis Carlos Hernández, en aras de que Vitalogic tuviera altas posibilidades de obtener el contrato, ejerció presión sobre su padre para que realizará el nombramiento de Alarcón. Este nombramiento ahora es investigado por la Fiscalía.
Alarcón, por su mal desempeño en la estructuración del pliego, fue removido por la EMAB. Luego acontecería lo previamente mencionado, la falla de Vitalogic en acreditar la respectiva póliza. Esto enfureció al alcalde Hernández que se quejó ante el asesor jurídico de la EMAB, César Fontecha, y le reclamó por poner tantas trabas al proceso. En una conversación telefónica de mayo de 2017 que Fontecha grabó, Hernández dice: "Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas (...) Entonces yo digo, acéptenle la hijueputa esa garantía".
Fontecha sería despedido por Hernández por acusaciones de corrupción. El malentendido quedaría oculto hasta ahora, cuando la Procuraduría ventila lo que podría interpretarse como la acusación que hundiría el mito alrededor de Rodolfo Hernández. Un alcalde que es percibido por sus seguidores como la encarnación de la lucha en contra del clientelismo y que ha recibido el favor de figuras nacionales como Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo, quienes lo han defendido en más de una ocasión.
Ayer, Hernández anunció su renuncia irrevocable a la Alcaldía de Bucaramanga tras enterarse de una suspensión de tres meses por parte de la Procuraduría por una supuesta participación en política. Él se defiende diciendo que el ministerio público lo tiene entre ojos, que nunca habían actuado con tanta celeridad para sancionar a un funcionario y que es una víctima de los corruptos. Puede que sea cierto.
Incluso, existen indicios de que el procurador regional, Yamil Álvarez, quien por la naturaleza de sus funciones es el encargado de vigilar la toma de decisiones del alcalde de Bucaramanga, podría estar viciado al momento de desempeñar su labor. Su hija, Marcela Álvarez, está contratada en el Concejo de Bucaramanga por el concejal Wilson Mora, líder de la bancada liberal y que libró una enérgica lucha en contra de Rodolfo Hernández. El hecho fue denunciado por el mismo Hernández en julio, pero la Procuraduría no se pronunció.
En todo caso, de lo que se le acusa al ingeniero es serio. Sus aspiraciones presidenciales, de las que tanto ha hablado en medios, puede que se estén empantanando. Está por verse.
