Una alegoría que sintetizaría la determinación de los manifestantes de Hong Kong contra las propuestas del gobierno de la ciudad, siendo el gobierno representante de la ambición China por diluir la autonomía que goza la ciudad, es ilustrada en el mito de David contra Goliat, teniendo en cuenta las desproporcionadas herramientas de presión pekinesas frente al valiente pero minúsculo determinismo del pueblo de Hong Kong para defender su legado occidental.
Este mismo determinismo se puso a prueba con satisfactorios resultados para la ciudad cuando el gobierno de Carrie Lam, jefe ejecutiva del gobierno autónomo de Hong Kong, anunció la eliminación del proyecto de ley que proponía la extradición de fugitivos y asistencia recíproca en materia judicial penal, conocido como Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019, siendo anunciado el 4 de septiembre de 2019 la supresión del proyecto. Pero es lógico preguntarse desde este hemisferio para entender la situación si la colaboración judicial internacional ha sido efectiva en algunos casos para la aplicación de justicia o funcionó como detrimento de la soberanía jurídica que se supone debe tener un Estado. Un claro ejemplo son las extradiciones de narcotraficantes de algunos países latinoamericanos a cárceles estadounidenses, razón por la cual al país norteamericano le es permitido transmitir su política antinarcóticos en las instituciones políticas de los estados soberanos. Entonces la incógnita recae sobre si el malestar que genera esta colaboración jurídica se usa como instrumento para socavar la autonomía de Hong Kong o si es realmente necesaria para una óptima administración de justicia. Para esto debemos explicar las razones por la que se lleva adelante esta propuesta legislativa.
El caso por el cual el gobierno decidió impulsar este proyecto se debió al asesinato de Poon Kiu-Wing, una joven hongkonesa de 20 años que fue asesinada por su novio en febrero de 2018 en Taiwán. Su victimario viajó a Hong Kong con el dinero de la víctima al poco tiempo de haber cometido el delito, pero ya que no existe un tratado de extradición con Taipéi fue tan solo procesado por malversación del dinero de su novia mas no por su asesinato porque el hecho no ocurrió en territorio hongkonés, permitiendo al homicida quedar impune. A este suceso podría sumársele unos altos índices de criminalidad o corruptibilidad en el sistema jurídico hongkonés, necesitando asistencia en la administración de justicia por parte de Pekín, pero sucede todo lo contrario, según datos del Banco Mundial (2016) se registraban 0.383 asesinatos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más seguras del mundo frente a los homicidios intencionales. Esta es una de las razones por las cuales parece injustificado este proyecto de ley, quedando en evidencia la intención de Pekín para interferir en la autonomía de la ciudad, por el hecho de que si se hubiese aprobado la colaboración jurídica, la extradición no se tendría que limitar a casos como el asesinato, también podría afectar a manifestantes, líderes sociales, dirigentes universitarios, personas adheridas a ONG o cualquiera que altere el orden público y sea penalizado por tal hecho. Las condiciones de los presos en la China continental son famosos por no estar acordes al derecho humanitario, siendo uno de los casos más famosos los prisioneros de la etnia Uigur en la región de Sinkiang al este de China.
En conclusión, la influencia occidental tanto en su cultura como en su sistema jurídico, división de poderes, uso de doble idioma, libertad expresión y libre circulación de personas, son características culturales y políticas disonantes con el resto del país, y, por ende, un motivo de discordia entre la excolonia y el gobierno continental chino. Esta diferencia es más marcada por los rasgos totalitarios de la china continental, implicando la persecución, los encarcelamientos arbitrarios, el hostigamiento, entro otros abusos que atentan contra los derechos humanos.
China actualmente ocupa el puesto 177 de 180 países en el ranking de libertad de prensa según Reporteros sin Fronteras (2019). La violación a la privacidad también es latente en la medida que se emplea tecnología para el monitoreo de comportamientos de los ciudadanos mediante el reconocimiento facial o manipulación de datos personales, hasta el extremo de calificar la conducta ciudadana mediante un sistema de puntos con el fin de permitirles una mayor circulación en el territorio nacional, acceso a transporte, beneficios y limitación en la venta de bienes y prestación de servicios. Ante tal escenario se justifica el temor hongkonés de ser absorbido completamente por el Estado chino. No obstante, aunque las batallas ganadas se llegasen a repetir, el gran temor hongkonés está en la Declaración Conjunta Sino-Británica del 19 de diciembre de 1984, estableciendo que la autonomía se mantendrá durante 50 años, después de la devolución del territorio de Hong Kong a China, es decir hasta el 2047, dando por finalizado el principio de “un país, dos sistemas”.
