La comunidad de Kanalitojo, conformada por indígenas Sikuani, Amorúa y Sáliva de la zona rural de Puerto Carreño, atraviesa un momento de miedo, zozobra y un poco de esperanza. Sus líderes han sido intimidados por alias Conejo, quien se define como paramilitar y tiene mucho poder e influencia en la región. Esto agrava la situación causada por una orden de desalojo contra ellos para proteger la propiedad que el Incoder le dio en 2005 a un colono que llegó a la región apenas diez años antes.
Arriesgando su vida y sin poder continuar con su estilo de vida nómada, regido por las épocas de lluvia y sequía, los indígenas se aferran con tanta fuerza a su tierra como a la expectativa de que el juez de restitución de tierras convierta en definitiva una decisión transitoria que tomó en febrero de este año. Ahí prohibió las adjudicaciones del territorio ancestral indígena a personas ajenas, así como cualquier orden de desalojo. Aunque sobre el papel estas son tierras del Estado, es decir, baldíos, en la práctica, han sido de los indígenas desde tiempos ancestrales por lo cual desde 2005 han solicitado que se les titule como resguardo y eso es lo que esperan que el juez de restitución ordene en su sentencia definitiva.
Aunque ganen esta batalla, los indígenas temen que el desarrollo que el gobierno está planeando para la región termine por acorralarlos, porque las políticas para los llanos plantean el aprovechamiento de las sabanas y los recursos naturales, pero no la protección de los indígenas, su territorio y su cultura.
Escuela de la comunidad de Kanalitojo
Como este caso, hay muchísimos más que dos organizaciones de derechos humanos, Oxfam y Codhes, describen en un informe próximo a salir. Patricia Tobón, abogada de la ONIC, explicó que hay una verdadera “tutelitis” de la cantidad de situaciones presentadas a la justicia por la misma razón: despojo por adjudicación a colonos de los territorios ancestrales de los indígenas de la Orinoquía. Pero ninguna ha prosperado a favor de los indígenas.
Lo que sí ha pasado en otros casos, es que los colonos les venden la tierra a grandes empresas para proyectos agroindustriales. Ese fue el destino de la tierra de los sikuani que hasta 1994 habitaban la hacienda Santa Cruz en el Municipio La Primavera, en Vichada también. Hoy está asentada allí Cargill, la empresa multinacional que más comercializa materias primas en el mundo.
El territorio indígena era paso de actores armados que los amenazaron, torturaron, persiguieron e incluso mataron a uno de sus integrantes. Los Sikuani fueron desplazados y luego se arriesgaron a regresar, pero encontraron todo destrozado. La amenaza del reclutamiento de los jóvenes por parte de los armados, los obligó a irse nuevamente
Los indígenas pusieron una queja en la entonces Acción Social sobre su desplazamiento. Pero fue en vano, porque el territorio le fue adjudicado a colonos ajenos a la región. Los indígenas están dispersos, algunos en el municipio de la Primavera.
Lo que ocurrió ahí ya es historia. Cargill y otras empresas protagonizaron el escándalo de adquirir enormes extensiones de tierras en contra de las normas colombianas que buscan la democratización de la propiedad rural. Como no podía comprar legalmente las 52 mil hectáreas que necesitaba para que el proyecto fuera rentable, creó 36 empresas para que cada una adquiriera un predio. Uno de ellos es la Hacienda Santa Cruz.
Por esta forma de hacerse a las tierras, el Incoder ha demandado a algunas empresas, como las que hacen parte del grupo empresarial Monica Colombia S.A.S. y a Poligrow. Esta última también está involucrada en una demanda de restitución de tierras de las comunidades indígenas Jiw y Sikuani, por comprar tierras que les fueron adjudicadas a colonos a pesar de ser territorio ancestral indígena. El territorio reivindicado en este caso está a solo 10 kilómetros de donde los paramilitares perpetraron la masacre de Mapiripán, en donde acabaron con la vida de 49 personas en julio 1997.
Y es que algo en común en la mayoría de los casos de despojo de indígenas en la Orinoquía es que el conflicto armado como telón de fondo que convierte cualquier defensa territorial por parte de las comunidades locales en una amenaza de muerte. Y ayuda, además de la pobreza, a crear una profunda asimetría en la resistencia que ellas puedan ofrecer y la posibilidad de los proyectos de entrar.
Foto tomada de Agencia UNAL
Tierra a la vista
Recientemente, la Orinoquía ha generado un enorme entusiasmo en el centro del país. El gobierno, muchas empresas y algunos medios han nombrado la zona como la nueva despensa agrícola del país y definido como un terreno estratégico para invertir y para “dar el salto a la modernidad”.
“Tierra a la vista” tituló Semana un robusto informe especial en 2013. “Los nuevos llaneros” fueron llamados en 2013 por la revista Dinero algunos empresarios que tienen proyectos en la zona, como Luis Carlos Sarmiento, Harold Eder y Alejandro Santodomingo, quien dijo: “mi gran sueño es que Colombia se convierta en un gran exportador de granos”.
En esta región no es fácil invertir. La tierra tiene algunos problemas de fertilidad. Es muy ácida, tiene mucho aluminio y poca materia orgánica. Además, la zona está desconectada, la infraestructura es precaria. Pero el gobierno ya asumió el reto de superar estas dificultades. Comenzó con formular una política de desarrollo para la Altillanura, que reúne varios municipios del Meta y del Vichada, en donde busca ordenar el territorio, mejorar los servicios sociales y la infraestructura, y generar condiciones para la inversión y el desarrollo. Plantea que con tecnología puede arreglarse el problema de infertilidad del suelo para lograr en la próxima década 780 mil hectáreas de cultivos de arroz, caña, maíz, palma de aceite, soya, plantaciones comerciales y ganadería, proteína animal, café, frutales, palma de aceite.
El giro que se piensa para la Orinoquía también ha generado algunas preocupaciones ambientales. Allá hay más de 700 especies de peces, 650 de aves, 120 de reptiles, 110 de mamíferos y 45 de aves, según UN Periódico. Además, es muy húmeda y los ciclos de agua que se dan ahí mantienen el equilibrio ecológico de todo el nororiente de Suramérica. Drenar los humedales para cualquier proyecto es, según Manuel Rodríguez, ex ministro de medio ambiente, un error monumental.
Los morichales son ecosistemas muy importantes para el ciclo del agua y la estabilidad del clima.
Foto: UNAL
Sobre la conquista de la Orinoquía han opinado muchos. Pero los indígenas no se sienten representados en la discusión, ni en las políticas formuladas. Además, el gobierno no solo no los escuchó en la formulación del proyecto de ley de baldíos que radicó la semana antepasada en el Congreso, sino que allí no reconoce sus territorios ancestrales y define su futuro.
Por eso, los indígenas ven las dinámicas de las adjudicaciones a colonos y luego el uso de la tierra por empresas para megaproyectos como una forma de despojo y sienten que el desarrollo para la región no se está planeando solo contra ellos, sino para que se implemente sin ellos. “Parece que nos hemos convertido en un estorbo para los planes del gobierno. Por eso quieren que abandonemos nuestras tierras, vivos o muertos”, comenta un indígena sikuani.
¿Los indígenas al basurero?
Aunque es un área con poca densidad de gente, una de cada tres personas es indígena en la Altillanura, y no del mismo pueblo, sino de muy distintos, como los Masiguare, Tsiripo, Wipiwi, Sikuani, Yamalero, Waupijiwi y Amorúa, los Hitnú, los Macaguán, los Mituá, los Piapoco, los Achagua, los Sáliva, los Piaroa, los U´wa, los Betoye, los Yaruro, los Mapeyeri, los Kurripaco, los Cubeo y los Purinave.
En la Orinoquía, el 33% del área son resguardos indígenas, pero en la práctica, tener la propiedad colectiva sobre la tierra no les garantiza a los indígenas poder disfrutar del territorio. El informe de Codhes y Oxfam le sigue la pista a múltiples situaciones, en donde actores externos invaden los resguardos indígenas, explotan recursos valiosos, o contaminan el agua o los suelos. Con el conflicto armado siempre presente, los indígenas terminan desplazados o encerrados en un territorio sin los medios de subsistencia necesarios.
La consecuencia es que muchos pueblos se están debilitando. El pueblo Wipiwi del Casanare, por ejemplo, tenía en 1981 cien personas y en 2010, solo 87. La degradación ambiental del entorno y la presión de actores externos han disminuido la presencia de animales para cazar y la fertilidad de los suelos. Su única comida disponible en algunas épocas ha sido el mango.
El Wipiwi es uno de los 32 pueblos indígenas del país que tienen menos de 500 habitantes y que son definidos por la Organización Nacional Indígena de Colombia como en riesgo de extinción demográfica y cultural. Colombia se suma así a la extinción masiva de culturas y lenguas que vive el mundo y que nadie explica mejor que Wade Davis, autor del famoso libro “El Río”. El antropólogo relata que sobre el planeta hay actualmente 6 mil lenguas distintas. Pero solo la mitad está siendo trasmitida a los niños. Davis se pregunta: “¿Qué podría ser más solitario que estar envuelto en el silencio, ser el último hablante de tu propia lengua, y no poder transmitir el conocimiento de los ancestros o anticipar el futuro de los niños? Y peor aún es el horrible destino de alguien cada dos semanas, en un lugar del mundo, porque cada quince días, fallece un anciano que se lleva con él a la tumba las últimas sílabas de una antigua lengua.”
Para Codhes y Oxram, la de los indígenas de los llanos ha sido una historia ininterrumpida de sumisión espiritual y económica. Primero llegaron los misioneros a imponer una visión del mundo. Luego los traficantes de los recursos de moda: en su momento las pieles de tigre o de nutria para hacer abrigos, los cultivos ilícitos después. Siempre, siempre, la presión armada de distintos grupos y la ausencia del Estado. Solo hace cincuenta años, todavía eran comunes las “guahibiadas”, que consistían en salir a cazar indígenas.
Mapa elaborado por la ONIC en el informe Palabra Dulce, Aire de Vida en 2010.
Como consecuencia, la mayoría de los pueblos colombianos en riesgo de extinguirse están en la Amazonía y en la Orinoquía. Pero superar esta situación no es ni siquiera un objetivo en la política para la Altillanura. Los indígenas Tuataque terminaron viviendo en un basurero en Puerto Carreño. Esto parece ser una metáfora, o un síntoma, de lo que Colombia está permitiendo que pase con la vida de los pueblos y la diversidad cultural cuando planea el desarrollo sin ellos.
