Esta mañana, saliendo de Boyacá hacia Bogotá, escuché por una emisora de ese departamento que los campesinos están llamándole a una ordenanza aprobada por la Asamblea la “El ”, la cual asegura el 1.1 por ciento de recursos de libre destinación del departamento a desarrollo agropecuario.
Indagué más y me topé con la grata sorpresa de que se trata de un proyecto que presentó el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, y que destinará el porcentaje mencionado a suplir necesidades tecnológicas, maquinaria, entre otros, de los pequeños cultivadores.
Hablamos de aproximadamente 2 mil millones de pesos en el 2018, monto que subirá a medida que aumenta el presupuesto del departamento lo que, sin entrar a tecnicismos, significa que en los próximos 10 años el campo boyacense, solo con esta iniciativa, contará con inversiones de 25 o 28 mil millones de pesos que llevado a la realidad significan tractores, distritos de riego y maquinaria en general.
A mis estudiantes siempre les digo que el minifundista colombiano debe pasar de la economía del azadón a la economía del tractor. Y eso precisamente es lo que parecen querer hacer los boyacenses en esta cruzada por salvar su más preciado tesoro: el campo.
Boyacá posee alrededor de 440.000 minifundios distribuidos en 880.000 hectáreas, que corresponden a más del 90 por ciento de los predios del departamento y algo así como el 20 por ciento de los minifundios del país, siendo este, de lejos, el departamento con más minifundios de Colombia.
Atendiendo lo anterior, los minifundistas boyacenses poseen en promedio 2 hectáreas de tierra (no siempre cultivables), lo que hace imposible pensar que un propietario de este tipo compre un tractor o maquinaria agrícola similar.
La que los propios campesinos están llamando la “ordenanza Amaya” es un primer paso (falta mucho aún por hacer) para suplir tantas necesidades y crea una luz de esperanza a estos agricultores que tendrán que asociarse para presentar proyectos productivos y empezar a desarrollar el campo a partir de la tecnología.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, en Boyacá solo el 4.2 por ciento de los predios cuenta con maquinaria para sus labores agrícolas, lo que hace mucho más interesante esta propuesta ya que llegará a los campesinos unidos en asociaciones que pueden abarcar mucho territorio y miles de familias que ni soñaban hasta ayer con tener máquinas para sus cultivos. Que llegue a asociaciones significa también que se impulsa la necesidad de trabajar de la mano para sacar adelante su proyecto. Ni más ni menos que dejar atrás ese refrán con el que pintan a los boyacenses que dice que ellos “rezan para que se queme el cultivo del vecino antes de que se les dé el propio”.
Para no extenderme más, y como lo dije en anterior columna, a Boyacá hay que ponerle el ojo porque están pasando cosas interesantes. Están dando pasos en la dirección correcta y están dejando un departamento con proyección hacia el futuro.
Estas estrategias, que llegan directamente a los más necesitados, son las que apalancan localizados y pequeños desarrollos que, en su conjunto, hacen crecer una economía sostenible en el tiempo, sin necesidad de introducir en el territorio grandes industrias, pensar en petróleo o extractivismo brutal como lo han hecho diferentes departamentos que hoy en día lloran sobre lo que pudieron haber hecho y no hicieron.
En conclusión, la que los propios campesinos están llamando la “ordenanza Amaya” es un ejemplo de esas revoluciones que parecen pequeñas porque las sentirán los más necesitados, los que no tienen voz para hacer tanto escándalo, pero que son el inicio de cosas grandes y que están destinadas irremediablemente a cambiar vidas.
