Que un subordinado haya denunciado a sus superiores porque supuestamente lo presionaron para que desistiera de su intención de denunciar al general Palomino por acoso sexual es algo que preocupa si no se investiga a fondo, por razones de mucho calado.
La primera y más importante pienso, es la del nivel de relevancia del personaje involucrado. Nada más, ni nada menos que el Comandante de la Policía Nacional, bajo cuyo mando están más de ciento cincuenta mil agentes a todo lo largo y ancho de Colombia. Que el superior supremo de esta institución esté libre de mancha es un requisito fundamental para exigir un comportamiento ejemplar a su gente.
Prácticamente todos los últimos comandantes de la policía han tenido su escandalito y afortunadamente han salido airosos de sus respectivas acusaciones. A Naranjo, por ejemplo, se le reprochaba que su hermano hubiera estado involucrado en asuntos del narcotráfico. El general afrontó el tema con dignidad, nunca negó las actividades de su hermano pero demostró que nada tenía que ver con ellas y hasta allí llegó el escándalo. Por eso es fundamental que Palomino también de la cara y responda a la altura de la acusación.
No se trata, como leí en una columna de Gustavo Álvarez Gardeazábal, de que le estén reclamando porque haya tenido una relación homosexual. No señor, ¡de eso no se trata! Y si así fuera, sería una acusación reprochable e inaceptable por el prejuicio y la discriminación que implica. A Palomino o a cualquier policía se le deben respetar sus opciones sexuales y su vida privada. Siempre y cuando, claro está, que no cometan un delito y menos un delito de carácter sexual o una violencia de género.
En la ley 1257 de 2008, conocida como “de no Violencia Contra la Mujer”, se crea el delito de Acoso Sexual, el cual se define como: “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años".
Así que el acoso sexual del que se acusa al general Palomino es un delito que debe ser investigado con total independencia y rigor, y en especial por tratarse de quien se trata. Ojalá no sea verdad y el general salga con su reputación intacta por el bien de la institución y del país. No interesa saber si se trató de un acoso sobre hombre o sobre mujer, lo que es imprescindible averiguar es si efectivamente Palomino se valió de su “superioridad manifiesta” para exigir favores sexuales.
La respuesta del general Palomino fue declarar insubsistentes a tres de sus hombres más cercanos, el coronel Flavio Mesa, comandante de la Policía en Cundinamarca, el mayor John Quintero, de la oficina Jurídica, y el coronel Ciro Carvajal, jefe de la Secretaría General quienes habían presuntamente presionado al coronel Reynaldo Gómez para que desistiera de su acusación hacia Palomino. Además demandó por injuria y calumnia a su acusador. ¿Por qué despidió a estos tres policías? No lo ha explicado y eso hace parte determinante de la acusación.
Esperemos que la Procuraduría investigue el caso con todo rigor, pero debe también actuar la Fiscalía, porque como ya vimos se lo acusa de un delito, no de una falta administrativa. Fiscalía y Procuraduría deben armarse de valor e independencia para estas averiguaciones porque mientras el general siga en su puesto es difícil que acusado y acusador estén en igualdad de condiciones. Piénselo, general.
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Publicada originalmente: 6 de nov. de 2015
