El asesinato de los 4 niños en Florencia (Caquetá) fue aprovechado por el Presidente a la República y el Director de la Policía Nacional, para mostrar ante la opinión pública que el Estado no es permisivo frente a este tipo de atrocidades. Santos ordenó a la policía capturar a la mayor brevedad a los responsables. Por su parte, el general Palomino se mostró a favor de la pena de muerte para delitos atroces.
Ambas declaraciones produjeron el esperado efecto positivo en la opinión pública. Pero el aplauso de las barras no puede silenciar las voces de quienes consideran que ambos funcionarios incurrieron en excesos.
El presidente no puede prevalerse de su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, para impartir órdenes a la policía judicial. Por mandato legal, el jefe de policía judicial es el fiscal general de la Nación. Por lo tanto es a la Fiscalía a quien corresponde la tarea de integrar y coordinar los equipos de investigadores y fijar los cronogramas conforme a un programa metodológico.
Uno de los graves inconvenientes que presenta el sistema penal acusatorio radica precisamente en que los miembros de la policía judicial, deben responder a la línea de mando y no a las directrices de los fiscales. Por eso es frecuente que reciban de sus jefes institucionales presiones indebidas que terminan afectando el éxito de las investigaciones.
Palomino olvida que en nuestro país muchas personas han sido injustamente privadas de la libertad acusadas de cometer delitos atroces, en virtud del señalamiento de falsos testigos, de investigaciones torcidas o apresuradas y de errores judiciales.
Esta clase de propuestas tienen acogida por el enorme repudio que causa la violencia cometida contra los niños, pero además de inconveniente y riesgosa, va en contravía de los tratados internacionales, suscritos por Colombia, que establecen la abolición de la pena de muerte.
La historia de la humanidad nos enseña que no es prudente someter a consideración del pueblo los temas del derecho penal. La biblia nos da un ejemplo claro con el juicio de Jesús a quien el vulgo escogió para la cruz, poniendo a salvo al confeso criminal Barrabás.
Ni siquiera la fallecida congresista Gilma Jimenez llegó al extremo de pedir la pena de muerte. Su propuesta contemplaba la cadena perpetua para violadores, secuestradores y homicidas de niños. Aun así no tuvo eco, pues el mismo Congreso reconoció que no estábamos preparados para imponer penas de esa magnitud debido a las protuberantes imperfecciones de nuestro sistema judicial.
Está demostrado que el aumento de penas o las ejecuciones legales no contribuyen a disminuir la violencia. En lugar de lanzar esta clase de distractores, el general Palomino debería preocuparse por la preparación y depuración de la policía judicial, con el propósito de fortalecer la justicia penal. Los países que presentan los menores índices de violencia son aquellos con mayor presencia efectiva del Estado, en todos los aspectos
Debido a la guerra interna, la corrupción y las desigualdades sociales, tenemos un estado débil y una rama judicial que carece del presupuesto necesario para cumplir a cabalidad con su misión, pero que además ha sido permeada por la politiquería y la corrupción.En estas condiciones, la pena de muerte se convierte en una amenaza indiscriminada.
Dios nos libre que como consecuencia del perentorio llamado presidencial y de la presión de los medios de comunicación, terminen pagando cárcel justos por pecadores. Si hubiese patíbulo el riesgo sería peor y el daño a las victimas irreparable.
