Parecería una perogrullada destacar que la oposición está enfrentada al gobierno. Lo que sucede sin embargo es que el enfrentamiento no se está dando dentro de los parámetros constructivos de lo que supone un proceso político.
No lo está ante todo porque no se reconoce o no se parte de la premisa que la política -es decir, los procesos políticos no la politiquería que vivimos aquí-, cumple la función de adaptar las instituciones a los cambios que ocurren en toda sociedad. Cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios en los sistemas de producción , en los factores y las relaciones que los caracterizan.
Pero también porque la función esperada es la de presentar alternativas; y, en principio, que quienes la presentan consideren mejores, que puedan aportar con el cambio mayores beneficios.
En la polarización que vivimos eso es lo que menos existe.
Para poder debatir sobre una propuesta lo mínimo es establecer el origen de esta (no en el sentido de quién la propone); es decir cuál es problema que se piensa solucionar, sus causas y la razón por la cual la solución que se presenta subsana ese problema. Pero discutir sin coincidir o por lo menos sin tener en cuenta el diagnóstico que llevó a lo que se propone, es casi inevitable que lleve a un diálogo de sordos.
Además, en nuestro caso, la oposición está tan radicalizada – puede que por error o por estrategia, asumen que estamos ante un tema de fanatismo ideológico- que no se clarifica primero qué se busca con los proyectos de ley y, después de estudiar su racionalidad, se concreta si lo que se rechaza es por estar en contra del propósito o por considerar que el camino escogido no es conducente al resultado buscado.
Cuando la oposición está es en guerra contra el gobierno nada más fácil que saltarse la esencia de lo que se pretende y encontrar algún aspecto secundario para convertirlo en el centro de la controversia
Pero cuando la oposición está es en guerra contra el gobierno nada más fácil que saltarse la esencia de lo que se pretende y encontrar algún aspecto secundario o marginal para convertirlo en el centro de la controversia. Ejemplo puede ser el decir que lo que se busca es acabar con las EPS, o, como se intentó inicialmente, atacar porque el gobierno desconocía la realidad del cubrimiento y de los avances realizados bajo el sistema vigente. El diagnóstico partía de que había una crisis financiera -no en los servicios-, que parte de ella se debía a costos de intermediación, producido sí en parte por el enfoque negocio más que derechos, pero sobre todo porque las demoras en la tramitación entre entidades implicaba financiaciones y sobrecostos ‘preventivos’ para asumirlas. Sobre los objetivos de impulsar la medicina preventiva, de llevar la salud a la mitad de Colombia que no cuenta con ese servicio, o de institucionalizar una centralización de la información para cubrir verdaderamente y en forma más eficiente la obligación de atender eso como un derecho, nada se trató. En cambio se cuestiona la aplicación de la fórmula de capitación actual para concluir que no se sabe si con ella alcanzarán los recursos dentro de 10 años, cuando el actual gobierno ni la creó ni la defiende sino sugiere que su cambio está condicionado a que esté respaldado por un estudio de costos que justifique una nueva fórmula o un nuevo valor.
En el tema de pensiones es aún más marcada esta ‘guerra’. La concretan a si el mínimo de aporte para los ancianos debe ser de xxx o de yyy sin tener más argumentos que el saboteo al funcionamiento legislativo por la vía de impedir una decisión ausentándose para evitar que se complete el quórum.
Estos ejemplos muestran cómo ha tomado más importancia el oponerse por oponerse que el compartir el propósito de dar solución a un problema.
