Lo que estamos presenciando es, no solo aterrador, sino espeluznante. Me refiero, obviamente, a que hay motivos suficientes para la preocupación con la posesión del “gobierno de los nadies”: una ministra de Minas y otra de Ambiente anti-minería; una ministra del Trabajo comunista y, por ende, anti-empresas y un ministro de Defensa con nula experiencia en el sector y con una sed de venganza contra nuestra Fuerza Pública.
|Le puede interesar: Los 10 compromisos de Gustavo Petro para su mandato
A esto se suma que Colombia tiene la inflación más alta en décadas (volvió a ser de dos dígitos tras más de 22 años, desde abril de 2000, para ser más exactos). El dólar prácticamente a 4.300 pesos; desvalorización del peso; fuga masiva de capitales tras las elecciones presidenciales; un gasto estatal inaceptablemente ineficiente; una posesión presidencial que nos costará a todos en total $5.071.172.196.
Un Estado que será capturado a partir de este 7 de agosto por los intereses de maquinarias políticas y los partidos tradicionales; inmigración ilegal fuera de control, delincuencia, homicidios y terrorismo desbordados (nos ubicamos entre los 20 países con más impacto de terrorismo en el mundo según el Instituto para la Economía y la Paz IEP).
El crimen organizado avanzando como en los países más peligrosos del mundo (el estudio más reciente de Global Initiative Against Transnational Organized Crime ubica Colombia después del Congo, de acuerdo con los niveles del mercado criminal y los actores criminales, debido a que el país es uno de los territorios con más centros de trata de personas y, a la vez, el país donde más se exporta cocaína en el mundo), aupado con el asesinato indiscriminado de nuestros jóvenes policías en todo el territorio nacional por parte del Clan del Golfo a través del "plan pistola".
Grupo que busca llegar apalancado y empoderado a presionar por una negociación en un eventual proceso de paz con el gobierno Petro más no con un sometimiento a la justicia y, además, con un prestigio internacional en caída libre, con un Canciller como Álvaro Leyva, quien en su agenda de prioridades fueron Irán y Venezuela, dos países que cuentan con condiciones opresivas: las libertades civiles están restringidas, incluida la libertad de expresión y de prensa, reunión, asociación, manifestación, religión y participación política.
Cientos de activistas y políticos están encarcelados, han desaparecido o han tenido que exiliarse, y son habituales la tortura, la falta del debido proceso y los homicidios arbitrarios y que combinan instituciones autoritarias con prácticas aparentemente “democráticas”, como las elecciones pero siempre condicionadas y con un afán de creación de más burocracia con “las nuevas oficinas transversales para la diplomacia verde y la diplomacia para la paz”.
Con una oposición parlamentaria tan reducida y con la responsabilidad y el deber para con la democracia y por el bien de Colombia debatir las reformas que presentará el nuevo gobierno (tributaria, política anticorrupción, agraria, rural integral, pensional, laboral, a la justicia, a la educación superior, a la salud, de la policía, así como la normativa para avanzar en “la paz total” (donde se incluye la propuesta de que los integrantes de la Primera Línea queden en libertad).
La creación de dos nuevos ministerios (de Paz, Seguridad y Convivencia –donde se pasaría la Policía desde el Ministerio de Defensa a este nuevo ministerio– y el de la Igualdad) y la eliminación o transformación de la Procuraduría General de la Nación con responsabilidad, altura técnica y con la disposición de las mayorías de escuchar las voces minoritarias y críticas, que estos debates deben adquirir una dimensión nacional y sobrepasar los salones del Capitolio.
Se requiere que los think tanks (tanques de pensamiento), centros de investigación, academia, gremios y sectores económicos y productivos se unan para alimentar con sus perspectivas y análisis el necesario debate democrático y plural. Nosotros, como ciudadanos, no deberíamos darle un peso más a una clase política inepta que ha fallado de manera tan dramática en el uso de nuestros recursos.
Son ellos los que trabajan para nosotros y no al revés. Es hora de exigirles que empiecen a hacer su trabajo como corresponde y dejen de reclamar que les falta todavía más plata, pues mientras más les damos, peor nos va. Por ello, como Henry David Thoreau escribió en su libro «La Desobediencia Civil», cuando reflexionó sobre cómo enfrentarse al Estado sin violencia, decía que nadie puede obligarnos a obedecer aquellas leyes que resultan manifiestamente injustas; la única obligación que tenemos es la de hacer solo lo que creemos propio.
Esto debe llevarnos a una «Resistencia Civil», que “hace alusión a una acción o inacción que se produce para desafiar al poder de un régimen o una decisión particular que este quiera implementar”. En Colombia, su uso es legítimo, pero debe ser racional y cuidadoso del Estado y sus instituciones.
Así lo estableció la Corte Constitucional al señalar que la desobediencia civil como forma del derecho a la resistencia (sentencia T-571/08), que “es el derecho ejercido a fin de lograr la cesación de un comportamiento proveniente de alguna autoridad pública enmarcado por fuera de la Constitución que violenta los derechos, principios y bienes jurídicos fundamentales que, entre otras cosas, se configura en un abuso de poder por acción o por omisión”.
Por ello, podemos ejercer determinadas medidas de presión enmarcadas dentro de la Constitución Política para conseguir la restauración de eventuales derechos vulnerados, ya sea por medio de acciones judiciales, como la acción de tutela o por mecanismos fácticos, como las huelgas, paros, marchas, protestas. La resistencia puede configurarse así en cualquier escenario donde una autoridad exceda sus funciones y resulte vulnerando los derechos fundamentales del individuo.
Todo lo que ha generado esencialmente la misma clase política tradicional que continuará en el poder tras la posesión de hoy y que nos exige pagar más impuestos, es lo que debe parar con nuestra oposición y resistencia pacífica.
¡La oposición será ciudadana o no será!
