Es obvio que Colombia es un Estado en exceso centralizado, concentrado y presidencialista, por consiguiente la estructura del gobierno también lo es. Por más que se han creado entidades descentralizadas, estas siguen obedeciendo a la lógica de un poder concentrado.
Ahora bien, la discusión alrededor de la estructura del Estado colombiano ha sido un tema que se sigue abordando con cada coyuntura política. Recientemente, la discusión estuvo amarrada a los diálogos de paz y la forma en la que el gobierno colombiano debía llevar el Estado a esas zonas que iban a ser abandonadas por la guerrilla para que no quedaran a merced de otras fuerzas ilegales que llegaran a copar ese territorio. Sin embargo, tal oportunidad se perdió, no solo en el proceso de negociación con las FARC, también sucedió con el sometimiento de las AUC y los procesos de paz de los años 90.
Situación similar se ha dado a partir de la implementación de los diferentes estados de excepción, es decir, se genera toda una serie de políticas a implementar para beneficiar a los colombianos en los 1103 municipios, sobre todo en aquellos que están alejados de las grandes ciudades capitales, incluyendo sus veredas, corregimientos y parajes. No obstante, al final estos beneficios, ayudas, subsidios o medidas simplemente no llegan.
Desde que se creó la figura del estado de emergencia económica social y ecológica en la constitución de 1991, los diferentes gobiernos desde esa época hasta acá la han implementado. Primero, lo realizó Cesar Gaviria con la crisis energética del tan recordado apagón nacional. Luego, Ernesto Samper en dos ocasiones (una en relación a la detención de su ministro Fernando Botero por el proceso 8.000 y dos años después por el grave deterioro en las finanzas públicas). Después, Andrés Pastrana, quien no se quedó atrás y decretó la emergencia para evitar lo que denominaron una “catástrofe financiera” (de allí nacería el 2x1000 que hoy es el 4) y posteriormente tras el grave terremoto en el eje cafetero. Paradójicamente, Uribe, en sus ocho años de gobierno, solo adoptó el estado de emergencia por las famosas pirámides económica (pero a diferencia de los otros, apeló al estado de conmoción interior) y Juan Manuel Santos lo hizo al inicio de su primer mandato para aplicar las medidas por la ola invernal, seguidamente en 2015 por la crisis de inmigrantes venezolanos en la frontera y finalmente con la avalancha invernal en Mocoa.
En total, nueve declaratorias de emergencia desde 1991. Antes de estas, la más recordada había sido la de la crisis de Armero, ocasionada por la erupción del Nevado del Ruiz, ante lo cual resonaron muchos en las redes sociales ya que tal emergencia fue manejada por el padre del actual presidente.
Cada una de estas declaratorias trajo consigo medidas para llevar ayudas a los afectados por las crisis generadas, se crearon fondos para la mitigación de las emergencia y se dispusieron canales con el objeto de conjurar la crisis. Sin embargo, al final todo fue una oportunidad fallida y también fue una constante que las ayudas no llegaran, los fondos se capitalizaran pero los recursos se quedaran en las manos de los empresarios y la crisis pasara pero sin que los colombianos de los pueblos, veredas o parajes vieran la implementación de las medidas gubernamentales.
En muchos de estos casos los recursos quedaron en manos de las clientelas políticas, los corruptos, carteles de la contratación y entre otra tanta variedad de avivatos. Todos amparados y aprovechándose de la estructura de un Estado inoperante y de gobiernos paquidérmicos que no fueron capaz de adaptar las instituciones gubernamentales para dar celeridad a la entrega de recursos o la aplicación de las medidas, y si en tiempo de normalidad estas son las características del Estado, mucho menos iban a funcionar en época de crisis.
Similar panorama ocurre con las ya dos veces decretadas emergencias económicas, social y ecológicas a causa del COVID-19, fundamentada en la emergencia sanitaria. Pues el gobierno Duque ha pretendido que esta solo se mitiga con la expedición de decretos, 72 en su primera versión y los más de 50 en la segunda, sin contar el centenar de resoluciones ministeriales. No se percataron de que seguimos teniendo las mismas instituciones lentas, con estructuras burocráticas que todo los vuelven problemático, que siguen pidiendo copias de la cédula al 150 y que por demás están desconectadas de las realidades locales.
Una institucionalidad que solo funciona para las cinco grandes ciudades capitales, pero no para esos pueblos enquistados en las montañas o a cientos de kilómetros en grandes valles, por eso las ayudas se pierden o se quedan en las manos de quienes no las necesitan, teniendo en cuenta que las quejas en esta ocasión fueron que los recursos entregados a los bancos a manera de subsidio para que se transfirieran a los beneficiaros se hicieron a través de líneas de crédito, las EPS se apropiaron de los recursos de la salud, las ARL no entregaron las dotaciones a los trabajadores, las ayudas a los sectores más golpeados se siguieron gestionando a través de convocatorias y la capitalización del fondo para la mitigación de la emergencia fue con la plata de las entidades territoriales y de los pensionados, agravando las finanzas de los municipios y departamentos para atender la pandemia.
Se cayó pues en la vieja práctica santandereana de creer que todo se soluciona con la expedición de normas sin apuntar a la creación de mecanismos que faciliten la entrega de las ayudas o subsidios y que permitan aplicar las medidas decretadas, para ello se debe pensar en instituciones que operen bajo condiciones excepcionales y no como si estuvieran en tiempos normales, pero eso será imposible si seguimos con una estructura de poder excesivamente presidencialista.
Es así como nuevamente se perdió la oportunidad de al menos crear una institucionalidad fuerte para atender a los colombianos que se ven afectados por cualquier tipo de emergencia, pero ya el gobierno tiene la excusa perfecta respecto a la manera ineficaz que tuvo en la entrega de las ayudas, pues ha dejado entrever que la responsabilidad de su inoperatividad la cargará a los alcaldes y gobernadores, para cuando se dispare el pico del contagio de la pandemia dirá que fue culpa de los ciudadanos por no acatar las medidas de cuidado y bioseguridad. Como dicen por ahí: ¡si estás sonriendo es porque ya encontraste a quién echarle la culpa!
