Qué vaina con esta gente. El mundo entero ve cómo día a día se degrada la vida del país en aspectos cruciales como la equidad, la cultura, los derechos humanos, la muerte sistemática de mujeres, indígenas, negros, campesinos, estudiantes, reinsertados y ciudadanos comunes y corrientes, en número y casos que cada vez son más escandalosos a los ojos del país y del mundo entero, y esta gente, el gobierno y su partido y sus bancadas y lo sectores que le son afectos, todos ellos sumidos en la obsecuencia y la ceguera, están absolutamente entregados a desmentir, a matizar, a torcer, a calumniar, todo lo que no les sea propicio, sacando a relucir gestiones y resultados que realmente no están a la altura de las dimensiones de los desafíos de la paz, el posconflicto, la justicia, la reparación y la convivencia. Es decir, la agenda urgente de un país que tiene que salir lo más pronto posible de este estado de múltiples tensiones sociales que no le van a permitir un horizonte próspero y mínimamente armónico en el inmediato futuro.
Ahora se produce el informe anual correspondiente a 2019 de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y todos ellos han salido a deslegitimar, descalificar, desconocer y calumniar, en medio de pataletas de supuestos ofendidos, con una dignidad que no tienen, porque este organismo internacional está mintiendo, sesgando e interfiriendo en la política interna del país. No sería raro y no tendría que sorprendernos si todo ello estuviera planeado y dirigido para llegar a decir desde algún tuiter no oficial desde el palacio presidencial que el informe está manipulado por el Grupo de Río y los agentes del comunismo internacional. ¡Vaya uno a saber!
Y no es que este gobierno, o cualquier otro, no esté en todo el derecho de discutir, controvertir y desconocer cualquier informe de un organismo lateral, multilateral o perpendicular. No. Lo que no es posible es llegar al descaro inmoral de pretender hacer con el mundo civilizado lo que han estado haciendo con el país: ocultar, mentir a medias o totalmente, calumniar procesos, personas (hasta víctimas) y entidades, en aras de seguir plantados en la versión esquizoide de que aquí los malos son los otros, incluida ahora la ONU; vaya uno a saber si con el propósito perverso de romper los lazos con ese organismo internacional, sacarlos del país y quitarse de encima ese ojo crítico que les molesta en su noción del mundo y de la sociedad y en el ejercicio de sus políticas totalmente en contra de los sectores sociales que les incomodan. Que al final es de lo que se trata. Las reacciones a este informe y las acusaciones a este organismo nada raro tienen que hasta allá nos lleven, pese a que retóricamente reconocen que hay un acuerdo que dice que esta misión de la ONU no saldrá del país.
Líderes comunitarias rinden homenaje a activistas sociales asesinados en el Chocó.
Foto: Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Melissa
No creo que la ONU, que ha realizado casi 1.200 misiones de campo en diferentes regiones del país para ver, escuchar y constatar todos estos hechos de violencia, no tenga los resortes y filtros bien ajustados, y las pruebas y los documentos de sustento, como para salir a rendir un informe con afirmaciones y cifras no corroboradas acerca de masacres y muertes selectivas y situaciones institucionales de seguridad que pueden estar siendo precisamente las causas de tanto desmadre en materia de control y garantía de la vida, honra y bienes de todos aquellos que luchan socialmente desde diferentes orillas por hacer posible una vida con derechos en este país.
El gobierno colombiano que ha pretendido imponerle una semántica a los informes de la ONU donde no deben aparecer palabras o conceptos como “masacre”, “conflicto armado”, “derecho de guerra” y “muertes sistemáticas”, desde luego no puede aceptar sin chistar con gran revuelo que un organismo internacional venga a aguarles la fiesta haciéndoles reparos en la política de derechos humanos, a cuestionarle el cumplimiento de los pactos del proceso de paz, a señalarle el abandono o la insuficiente presencia del estado en los territorios de los reinsertados, a corregirle la contabilidad de los asesinatos de los líderes sociales, a instarle a que la fiscalía cumpla con el deber de investigar con eficiencia estos crímenes, a criticarle el manejo de la protesta social, a decirle que el Esmad tiene que ser puesto en cintura, y a llamarle la atención sobre la implementación de la reforma rural integral y su plan de reparación colectiva y el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros reparos.
En todo caso, este informe de la ONU tiene sin duda una gran resonancia en el ámbito internacional, y es muy posible que toda esta reacción sobreactuada del gobierno colombiano, como un coro histérico concentrado más en el efecto mediático para la galería que en el análisis sereno y razonado, pueda resultar más lesiva para la dignidad del país ante el rostro del mundo. ¿Pudiera ser peor?
