Con la expectativa de resolver el dilema impuesto por el acelerado ascenso de la lucha social y del sentimiento nacional de rechazo contra su gobierno y todo lo que él representa; en la disyuntiva de encerrarse en Palacio y esperar, o salir a presentar los resultados de su “agenda social”; Iván Duque resolvió viajar a San Andrés, con un insípido espectáculo ya montado; la promesa de algunas casas cada mes para el pueblo damnificado por el huracán Iota.
Y aunque sin duda la finalidad era que la opinión pública percibiera su acto como el cumplimiento de una intacta agenda presidencial, y en consecuencia proyectar la imagen de un gobierno y un régimen democráticos y estables, la imagen como era de esperarse, se reveló distorsionada. La función de todas maneras se ejecutó, aunque con prontitud, ambientada con el rechazo y la protesta del público que lo acompañó hasta el aeropuerto de regreso a Palacio.
El otro huracán había llegado ya con su fuerza consciente a la isla, a uno de los territorios con más altos niveles de miseria en el país. Pero el pueblo colombiano al parecer no estaba dormido; sino avanzado en un lento proceso de acumulación de fuerzas, cuyo poder exhibe contundentemente en un movimiento de resistencia, que hoy es la principal fuerza política del país, la mayoritaria, la más activa y revolucionaria, en crecimiento continuo, y en fuerte disputa-sin intermediarios-, directa; con el poder minoritario del régimen, especialmente violento y poderoso, aunque en evidente declive.
Esta dictadura es un tipo de organismo social, que se acerca a su ideal de perfección, a medida que se degrada en la realidad concreta. Es una tiranía envalentonada, al saberse respaldada por la Casa Blanca, mientras garantice el libre desenvolvimiento del saqueo de las riquezas del país. Por eso el mensaje a la CIDH, a la ONU y al mundo, es que al gobierno lo tiene sin cuidado sus apreciaciones.
Mientras tanto se concentra en una carrera frenética, aunque sin muchos obstáculos, para imponerse en el Congreso, porque una dictadura a la colombiana a diferencia de las del Cono Sur en los años sesenta y setenta, se da el lujo de tener congreso y hasta de coexistir con una oposición minoritaria, tibia y acosada; se impuso de tal forma que ha terminado por elevar aún mucho más la irritación general. En muy pocos días, el gobierno a través del Congreso, aplazó la discusión del proyecto Escazú que impulsa la participación comunitaria en las problemáticas ambientales, hundió el proyecto de ley que pone freno al abuso de las empresas aéreas contra los usuarios, aprobó la sobretasa a la gasolina, y con ella el incremento del precio del transporte y los alimentos, reformó el Código Disciplinario oficializando la impunidad frente a la corrupción de más alto nivel, oficializó el tratamiento de guerra a la protesta social, hundió el proyecto que prohibía el fracking en Colombia, el de la matrícula cero, y el proyecto que buscaba garantizar la Renta Básica Permanente para 7,4 millones de hogares.
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El Congreso oficializó el tratamiento de guerra a la protesta social, hundió el proyecto que prohibía el fracking, el de la matrícula cero, y el que buscaba la Renta Básica para 7,4 millones de hogares
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Y al pueblo, y a los congresistas le dejaron el proyecto que permite cambiar el orden de los apellidos de los recién nacidos, la aprobación del Día Nacional del Carriel y el de la Eterna Novia de Barranquilla.
Se trata de una humillación del régimen a los sectores de la oposición parlamentaria, que se han solidarizado con el actual movimiento de resistencia popular, aunque en gran medida lo ha hecho de manera cada vez más tímida, principalmente después de admitir por fin; el fracaso de las tentativas de contener y postergar un movimiento, que cuenta entre sus principales rasgos, el haber germinado en el subsuelo de los postergados, y despreciar a la clase política burguesa, y a sus decadentes formas de hacer política.
Simultáneamente, la violencia fascista contra el pueblo, desatada por el gobierno en todo el país, deja un paisaje inhumano; cuerpos de jóvenes desmembrados, envueltos en bolsas o tirados en basureros, ríos o en plena calle, son ahora eventos cotidianos. Solo en los últimos 4 días han aparecido los cuerpos de aproximadamente 5 jóvenes en Cali, también en Medellín, Caldas, Pereira y Bogotá, algunos de ellos habían sido detenidos previamente por miembros de la policía nacional, quienes está comprobado asesinan y desaparecen forzosamente a ciudadanos, sean manifestantes o no. Se calcula en más de 400 los desaparecidos desde el 28 de abril hasta la fecha.
Esa misma policía henchida de orgullo, confisca bastones de mando indígena, decomisa escudos de lata y cascos industriales, ultraja a los ciudadanos en sus asambleas barriales, envenena la comida de las ollas comunitarias, y capturan campesinos que portan cuajada y queso; hablar de un régimen injusto no es suficiente. Toda exigencia al Estado que implique una mejoría social en Colombia es una utopía, como dijera Marx “utopía que se convierte en crimen una vez intenta hacerse realidad”.
La reconfiguración de dispositivos de control como la Procuraduría, decretos como el 575, la destinación de 34.732 millones de pesos para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía, son condiciones para la correcta funcionalidad de la dictadura en sus próximas fases de profundización, a lo que se le antepone, el poder político que manifiesta el actual movimiento de resistencia, que aún en sus más tempranas etapas, ha logrado aislar y disminuir de manera significativa a la oligarquía en el aspecto político, y afectarla económicamente, razón fundamental para la actual violencia irracional desenfrenada del Estado contra los colombianos.
