Duque no pudo completar la tarea porque se le atravesó el movimiento social y por su propia incapacidad de llevar a término las políticas formuladas por la OCDE, el Banco Mundial y el FMI, aun contando con mayorías parlamentarias y una fuerte base política. En pocos meses el país tendrá que retomar la discusión en el punto en que estaba antes del paro nacional y de pronto habrá que aplicar la misma receta con nuevos paros y nuevas movilizaciones.
En 2020 Colombia se convirtió en el 37° país en ingresar a la OCDE. Desde entonces paga alrededor de 4,3 millones de dólares anuales (17 mil millones de pesos) por pertenecer a dicha organización. El proceso de ingreso duró varios años y fue acompañado de múltiples recomendaciones dirigidas a adecuar las políticas públicas a la apertura económica y a los tratados de libre comercio. Los informes de la OCDE han reconocido graves problemas en la estructura económica del país tales como la inequitativa distribución del ingreso, la concentración de las exportaciones en unos pocos sectores, la desigualdad regional, la baja productividad y muchos otros problemas sobre los cuales hay un amplio consenso entre las entidades nacionales e internacionales.
Pero las soluciones y propuestas de la OCDE no apuntan al desarrollo sino a profundizar la estructura económica básica del país. Algunos objetivos solo podrían lograrse en el largo plazo, pero no se establecen caminos para su implementación, tales como aumentar la productividad del agro, fortalecer la justicia o combatir la corrupción. Otros son de aplicación inmediata y aparecen con insistencia en los informes que con frecuencia, abril de 2021, diciembre de 2021 y febrero de 2022, publica la entidad. En todos los indicadores económicos y sociales Colombia figura en los más bajos niveles de desempeño dentro de los países de la OCDE, los peores puntajes en educación, equidad, investigación, etc. Para solucionarlo, la OCDE suele hacer recomendaciones en el terreno fiscal, pensional y laboral, que siempre coinciden con más de lo mismo que se ha venido aplicando en Colombia y constituyen el núcleo de lo que intentó el gobierno de Duque con sus fallidas reformas laboral y pensional y también con lo que recomendó la Misión de Empleo.
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En todos los indicadores económicos y sociales Colombia figura en los más bajos niveles dentro de los países de la OCDE, con los peores puntajes en educación, equidad, investigación
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Las recomendaciones piden disminuir los costos laborales no salariales, ignorando que en realidad deberán considerarse estrictamente como parte del salario, pues complementan la remuneración directa y atienden problemas de la fuerza de trabajo tales como la salud, el desempleo y la jubilación o configuran conquistas del movimiento laboral tales como las primas. Instituciones tales como las Cajas de Compensación, el Sena o Bienestar Familiar han contribuido a mejorar el bienestar de la población y las propuestas que hace la OCDE no buscan conservar lo positivo de estas instituciones y políticas, sino que se proponen nivelar por lo bajo, supuestamente en beneficio de los empresarios y trayendo como argumento fomentar la inversión y la formalización. Si fuera genuina la preocupación por la suerte del empresariado, la OCDE recomendaría adoptar medidas en materia de infraestructura, desarrollo tecnológico, disminución de las tasas de interés y facilidades para la comercialización. Recortar los ingresos de la fuerza laboral solo estrecha el mercado interno y disminuye la capacidad de consumo de la población.
La OCDE se empecina en la vieja aspiración de disminuir o eliminar el salario mínimo de ley, dejando que sea el mercado el que defina nivel salarial. En un sistema como el colombiano, que siempre tendrá exceso de oferta pues abundan más los trabajadores que los puestos de trabajo, la propuesta golpeará la capacidad del movimiento sindical de influir en las políticas públicas en materia de ingresos y haría innecesario cualquier esfuerzo de concertación global en el plano salarial.
Los análisis de la OCDE parten de la base de que la informalidad es una opción voluntaria de los trabajadores y que si se nivelan por lo bajo los beneficios que reciben los formales y los informales, se acabará la informalidad, cuando es evidente que la informalidad no es algo causado por el mercado laboral, sino consecuencia de una economía precaria, con alto número de actividades por cuenta propia e improductivas y con una baja generación de empleos. Las conclusiones de la Misión de Empleo apuntan en la misma dirección. Las fallas del mercado laboral se deben al propio mercado laboral y no a la estructura económica.
También en su último informe la OCDE sigue reiterando su ataque al sistema pensional y, con el pretexto de promover una pensión universal, introduce de contrabando pensiones inferiores al salario mínimo. Al promover algo que parece sensato como serían que todas las pensiones sean cargadas al presupuesto nacional, en realidad abandona el sistema de prima media, con solidaridad intergeneracional y cuyo funcionamiento depende lógicamente de que le economía crezca. Que el Estado subsidie las pensiones no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Colombia. Existe en todos los países de la OCDE y el peso de las pensiones no es tan alto como se afirma, cuando el 51% de los pensionados de Colpensiones recibe un salario mínimo y el 91% hasta dos salarios mínimos.
El argumento es simple: eliminar el sistema de prima media, dar una pensión universal inferior al mínimo y mantener los fondos privados. Ya lo había concluido la Misión de Empleo, con resultados previsibles. Se les podrá dar un ingreso a todos los colombianos, dependiendo del músculo financiero del Estado, y como es poco, se dará poco y no a todo el mundo. Pero en nombre de la igualdad, esta especie de renta básica precaria se hará a costa de los trabajadores.
En materia tributaria, el informe publicado recientemente retoma la propuesta Duque-Carrasquilla que proponía ampliar la base tributaria, disminuyendo el tope para declarar y pagar impuesto a la renta, con lo cual personas que ganan entre 2 y 3 millones de pesos engrosarían las filas de los nuevos contribuyentes. Otro golpe a las capas medias. Ni una palabra sobre aumentar sensiblemente los impuestos al puñado de milmillonarios que no pagan una tasa proporcional a sus ingresos.
El informe de la OCDE repite lugares comunes, reitera propuestas que ya han querido poner en práctica los últimos gobiernos y describe las múltiples dolencias del país, pero no toca el modelo de desarrollo, las características de una inserción equivocada en la economía mundial y las limitaciones que para formular políticas y canalizar la inversión extranjera en beneficio del país contienen los numerosos tratados de libre comercio suscritos.
