Luego de que se hiciera público el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave situación del país en el panorama del paro nacional y su manejo por parte del ministerio de justicia, el presidente no tardó en dar su respuesta, para muchos sorpresiva, pero para otros ya era esperada debido a su pasado político y al de sus comentarios.
Las anteriores oportunidades en las que la CIDH había presentado informes sobre la situación de los derechos humanos en el país con respecto a la desaparecida institución D.A.S., al manejo y protección de líderes sociales asesinados, a los diferentes procesos de paz adelantados, entre otros, la respuesta del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tutor del actual presidente, había sido ponerse a la defensiva y defender los hechos que se habían llevado a cabo sin tomar en consideración las medidas aconsejadas por la comisión.
Igualmente, en diversas ocasiones los militantes del partido político Centro Democrático, han declarado públicamente que consideran que la CIDH está influenciada por lo que ellos llaman "castro-chavismo" pues su postura no apoya las ideas de este partido a ojo cerrado y los actos que sus adeptos apoyan, como las intervenciones desmedidas de la fuerza nacional, haciendo ver que el organismo internacional no es de sus aliados sino de sus oponentes.
Aun así, hacía ver las fallas de los gobiernos de otros países como Nicaragua o Venezuela por no permitir la entrada de la CIDH y la observación del cumplimiento de derechos humanos, sin embargo el Estado se opuso al ingreso inicial de la comisión durante el primer mes de protestas, cómo aquellos a los que criticaba. Luego de la presión internacional el gobierno de Duque cedió en la entrada, pero puso como intermediario a Alejandro Ordóñez, político y abogado que en anteriores oportunidades ya había dejado claro que no estaba de acuerdo con la forma en que este organismo trabajaba, dejando más que claro que los resultados, medidas y recomendaciones no serían aceptadas.
Por lo tanto, la declaración de que nadie debería recomendarle a un país tolerar el vandalismo, como resumen de su respuesta a los resultados de la comisión, dejó en evidencia a nivel internacional lo que al interior del país ya se había notado: el desinterés estatal por los derechos humanos y la continuidad del uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional en las manifestaciones.
