Rayos y centellas le han caído a Antanas Mockus a raíz del contrato con el Gobierno y su propuesta de la marcha del 4 de marzo. Pero también han salido muchos en su defensa reconociéndole toda una vida de transparencia y de honorabilidad, además de recordarle toda su bandera de cultura ciudadana. Este incidente, que debe tener muy molesto para Antanas –con toda la razón–, ha abierto la oportunidad de un sano debate sobre la investigación financiada por el Estado. La discusión la ha puesto en su punto justo León Valencia, en su artículo de Semana, porque cuenta que trabajos hechos con recursos estatales y de Cooperación Internacional, le han permitido llegar a conclusiones que terminaron poniendo amigos del respectivo gobierno en la cárcel.
Colombia es un país en donde financiar investigación, así sea orientada a la formulación de políticas públicas, es una verdadera odisea. La Cooperación internacional es cada vez más difícil, sobre todo para temas que no se ven –muchas veces equivocadamente–, como asociados, bien sea, al conflicto armado, a las conversaciones de La Habana o al posconflicto o posacuerdo (como se le quiera llamar a lo que venga). El sector privado es muy poco lo que financia, más aun si no está asociado con sus intereses inmediatos. Colciencias, como se ha visto nuevamente, no ha encontrado su ruta y los bancos internacionales tienen su propia bolsa de consultores a la cual solo se entra por relaciones previas. Esto quiere decir que, solo cuando coinciden los intereses del Estado con los objetivos de una investigación, es posible conseguir la financiación necesaria para adelantar este tipo de trabajos.
Dado lo anterior, es muy importante dejar en claro varios puntos. Si se sigue la línea que le ha caído duro a Mockus, solo los amigos del gobierno podrían obtener recursos para financiar sus trabajos. Además de ser inequitativo deja en una situación muy compleja al gobierno, porque, de solo contratar con personas cercanas, es probable que solo reciba elogios de sus programas analizados y se quedará sin una evaluación real. Además, puede hacer carrera la autocensura porque quedaría en el aire que lo que financia el Estado solo puede ser positivo así se encuentren fallas de fondo. Flaco favor se le harían a la investigación, al Gobierno respectivo, y por consiguiente, al país.
Debe quedar absolutamente claro que lo crítico en estos casos es la objetividad, que implica independencia. Sin importar de dónde vengan los fondos mientras sean legales, pero con mayor razón si son públicos, es fundamental que se busque, y sobre todo, que se valore la objetividad en la investigación. Y esta objetividad requiere de dos partes. En primer lugar, de la honestidad intelectual de quienes realizan la investigación. No se pueden quedar estos trabajos solo en hacer elogios pensando en que es la única manera de conseguir más contratos. Eso es precisamente lo incorrecto. Por el contrario, la objetividad garantiza que esos trabajos cumplan con su propósito que no debe ser otro que señalar lo bueno y lo malo para que realmente sirvan para corregir las políticas que tienen fallas; eliminar las que no producen los resultados esperados o proponer alternativas viables para obtener, de mejor forma, lo deseado. Pero la segunda parte, que está a cargo de quienes contratan dentro del Estado, es absolutamente crítica: no gasten recursos solamente para que alaben sus gestiones. Para eso tienen el coro de ángeles que siempre rodean a los que ostentan poder, sobre todo, en instituciones públicas.
Para tranquilidad de los verdaderos investigadores, los recursos que vienen del Gobierno o de otra instancia del Estado, son públicos y no salen del bolsillo de ningún funcionario. Es decir, le pertenecen a la ciudadanía, y por ello, es a ella a quien realmente le deben responder por los trabajos que se realicen. Si quien contrató rechaza los resultados, no debe ser un suicidio profesional hacerlos conocer. Pero para poder actuar de esa manera es fundamental ser objetivo, porque si no se cumple con ese requisito ya no se trata de hacer investigación sino de hacer negocio. Y eso ya es harina de otro costal.
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