La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha presentado el informe final del resultado de un trabajo de casi cuatro años, importante trabajo para la construcción de la verdad y la memoria, pero aún sin dar a conocer la totalidad del mismo, le ha anticipado a la nación algunos aspectos que permite establecer que los que tenían prevenciones sobre su resultado no se equivocaban. Decir esto es correr el riesgo de ser señalado como enemigo de la verdad, pero debo decirlo, así no le guste a algunos, pues lo que se ha esclarecido nos deja en deuda con ella, con la verdad.
El dramaturgo griego Esquilo en su momento en la historia dijo que “La verdad es la primera víctima de la guerra” y cientos de años después, en otro capítulo de la humanidad, Winston Churchill dijo “en tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras”. Lo cierto es que la verdad la construye quien las escribe y en se sentido esta comisión da un golpe fulminante, pues lo que surja de este punto en lo adelante no tendrá la fuerza que tiene hoy este informe.
La llegada del jesuita Francisco de Roux como presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada por los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP no fue casual, pues su trabajo de muchos años en el magdalena medio propicio una afinidad con los grupos alzados en armas que delinquían en esa zona, lo que indiscutiblemente favoreció su trabajo “pastoral” lo hizo el candidato ideal, pero ello marcaría la tendencia en la balanza de la equidad del trabajo de la comisión.
Esa parcialidad en la búsqueda de la verdad era evidente al interior del equipo de trabajo y ello dio pie a la renuncia del comisionado Carlos Guillermo Ospina quien al hacerlo manifestó que "Ya no hay espacio para mí porque dentro de la Comisión hay un señalamiento, una estigmatización, sobre mi persona. Han dicho que yo soy parte de un complot, que yo entré a la Comisión a hacer inteligencia, que yo quiero dañarla y que estoy haciendo un informe que es un contra informe, porque mi verdad es diferente a la que presentan ellos". Con su renuncia se perdía el poco carácter incluyente y la participación de la verdad de parte de la fuerza pública en la estructuración misma del trabajo. Sumado a lo anterior se registra el desprecio de militares y familiares como víctimas que no fueron escuchados.
Pero no voy a cuestionar, por ahora, el contenido del informe, pero si debo, es mi obligación hacerlo, sobre las recomendaciones que a la luz de lo expuesto en el teatro Jorge Eliécer Gaitán se ha dado a conocer en cuanto a la propuesta para la construcción de un nuevo concepto de seguridad y en tal sentido lo primero que se destaca es el pobre conocimiento, intencional o no, de lo que es la Fuerza Pública hoy, pues queda la sensación que la comisión de la verdad está hablando sobre una institución militar propia de los años 60, lo que es una coincidencia pues muchos militantes de la izquierda del país, se han quedado en el discurso y con las ideas de esa época.
El informe habla sobre la necesidad de hacer trasformaciones en la seguridad, de forma tal que disminuya la militarización. Desde hace muchos años grupos sociales y de políticos, de tendencia marxista, así como los miembros de Farc y ELN, vienen trabajando con el propósito de lograr lo que ellos llaman la “desmilitarizar la sociedad”, en un intento de alejar a los militares del pueblo al que sirven, restringiendo dentro de ese propósito actividades y programas de cooperación, y amen que la han venido logrando, coartando todo aquello que contribuya a fortalecer las relaciones entre los civiles, especialmente a niños y adolescentes, con los uniformados.
Es entendible que para los que tienen la idea de la toma del poder por la vía armada es una gran amenaza que la sociedad sienta afecto por sus militares y policías, pues aplicando el principio de Mao, la guerrilla se mueve dentro de ella como pez en el agua; y que los ciudadanos admiren a sus soldados les resta el apoyo popular y debilita sus redes de milicias y a sus estructuras armadas. Los índices de favorabilidad durante muchos años, ha mostrado que el Ejercito es una de las instituciones más queridas y valoradas por los colombianos, por ello hay que promover el distanciamiento social con ellos y es así como hasta la izada de bandera con la banda marcial en los establecimientos educativos ya son cosa del pasado, e igual suerte han corrido programas como chicas y niños de acero, soldados por un día y las jornadas de acción cívico militar y de acción integral que mitigaban un poco las necesidades de las comunidades pobres en las áreas urbanas y rurales, esto entre otras muchas actividades.
La Comisión desconoce, injusta y dolosamente, los enormes esfuerzos que durante las últimas décadas ha hecho la institución militar para incorporar en la formación y capacitación de soldados, suboficiales y oficiales, el tema de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, poniendo en el centro de las operaciones la preservación de la vida propia y la del delincuente contra los que se actúa. Y de manera atrevida cuestiona su papel en el sostenimiento de la democracia, cuando han sido precisamente los militares quienes se han enfrentado a los enemigos de ella. Da la impresión que nunca consultaron las cifras de capturas y desmovilizaciones de miembros de los grupos armados a lo largo de los años, y cuántos de ellos, heridos cuando atentaban contra la fuerza pública, fueron evacuados a centros asistenciales en los helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejercito.
Ignora convenientemente que la seguridad es un concepto universal que no debe responder a una etnia ni a grupo poblacional particular y que para las fuerzas militares y para la policía no existe distingo alguno el momento de servir a los colombianos, pese a la enorme clasificación de grupos, la segmentación y fraccionamiento social que la misma ley ha propiciado, obedeciendo a intereses de minorías, que siempre se han impuesto al de la unidad de la nación. Resalto que la preservación de la cultura en nuestra rica diversidad, no debe ser pretexto para no lograr la unidad del pueblo mediante una legislación que piense en país como causa general.
La seguridad humana ha venido siendo fortalecida en todos los niveles del Estado y es por ello que la Policía tiene claro su papel en el rol que le asiste para la aplicación de la ley en el ambiente de la seguridad ciudadana y se tiene claridad en la existencia de esas líneas sutiles que la separan de la seguridad pública y la seguridad nacional como concepto general. Las Fuerzas Militares y de Policía han incorporado los conceptos y directrices que en el seno de la OEA se han estructurado, especialmente adoptando lo consignado en la declaración sobre seguridad en las américas del 28 de octubre de 2003 y documentos emitidos con posterioridad en el mismo sentido, desde la Secretaria de Seguridad Multidimensional y de la Comisión de Seguridad Hemisférica de ese organismo multilateral del cual hace parte de una manera respetuosa y activa nuestro país.
Las Fuerzas Militares y de Policía son unas instituciones abiertas a los cambios y han atendido las necesidades e imposiciones de una sociedad dinámica y que evoluciona de manera rápida y no puede ser diferente, pues hombres y mujeres que se incorporan, que no son “importados” que vienen de lo más sentido del pueblo, traen en su bagaje cultural ideas y conceptos que no permite que las instituciones se queden en el tiempo y es precisamente esa renovación generacional la que obliga a incorporar de manera rápida los cambios de las fuerzas.
Los ajustes que propone la Comisión de la Verdad pretende llevar a que se desarrolle un nuevo concepto de seguridad que cree barreras en cuanto a la integración de esfuerzos de la fuerza pública y excluya a los militares del manejo de situaciones derivadas del narcotráfico, minería ilegal, cultivos ilícitos y otros escenarios en los que se les ha comprometido, no por iniciativa propia ni capricho de los mandos sino como política de gobierno en el manejo de esos fenómenos.
Lo recomendación de la CEV de separar a la Policía del Ministerio de Defensa y acabar con el escuadrón móvil anti disturbios (ESMAD), también fue un tema dentro de la negociación en la Habana y ha sido intención de los grupos armados ilegales, así como también fue el clamor de una bancada del senado, y en ese sentido también recomienda seguir modelos de otros países desconociendo el carácter multidimensional de los agentes y factores generadores de la violencia, de los grupos armados ilegales sobre todo despreciando su capacidad y fuerza.
Mientras un gran sector de la población colombiana manifiesta su apoyo y aceptación por la institución policial, enemigos de la libertad y el orden, especialmente los afectados por el profesionalismo de los policiales, claman por volverlas inofensivas para sus propósitos. La única policía del mundo desarmada era la inglesa pero ellos entendieron que la fuerza de la ley debe ser superior a la de los delincuentes; después de 50 años de violencia armada en Colombia, los únicos que no lo han querido entender, o lo entienden demasiado bien, son los de la izquierda tradicional y radical hoy vestidos con la ruana del progresismo.
Olvidó la Comisión que desde el gobierno del presidente Uribe, el fuero militar solo es una figura jurídica que atiende situaciones propias del servicio y que la Fiscalía avoca las investigaciones por poder preferente y en tal sentido también lo hacen los entes de control, así que este pedido ya se está aplicando así como la publicación de manuales y reglamentos que estructuran la doctrina militar lo que está disponible para la sociedad en las páginas oficiales de las Fuerzas. Estas recomendaciones solo demuestran el pobre trabajo que hizo la CEV por conocer el funcionamiento de las fuerzas militares.
Coherente con mi critica anterior, desconoce gravemente la CEV que la doctrina de las Fuerzas Militares está ajustada a los estándares de la OTAN y avalados por esa organización multinacional condición para admitir a Colombia como socio estratégico global. Esto fue el resultado de largas jornadas de trabajo (tan largas como las de la comisión de la verdad), de grupos multidisciplinarios de revisión estratégica e innovación CREI y de los comités estratégicos de trasformación e innovación CETI. No sobra contarle al distinguido señor De Roux, ya que parece que nadie le dijo, que la transparencia y los derechos humanos fueron dos temas determinantes al momento de ser certificados por la OTAN.
La eliminación del servicio militar obligatorio, que es mandato constitucional y no un invento del Ejército, es otra de los temas que siempre han estado en la agenda de las izquierda y especialmente de los grupos armados ilegales; el mecanismo de reemplazos de la fuerza pública se hace conforme lo ha establecido la ley. La comisión no tuvo en cuenta que en virtud de los acuerdos de la habana se desactivaron brigadas móviles, se suprimieron los batallones de contraguerrillas y se redujeron las incorporaciones de soldados profesionales y de regulares, dejando un déficit de más de 30.000 hombres, sin contar el retiro de cientos de oficiales y suboficiales del Ejército, además de la desarticulación de las estructuras propias de la inteligencia militar.
Es realmente evidente el sesgo ideológico de los integrantes del Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y sí estas recomendaciones son el abrebocas del informe final no quiero imaginar que verdad, se está contando en esos tomos. Estudiaremos cada capítulo del informe y aceptaremos con vergüenza, remordimiento y se pedirá perdón por lo que sea pertinente, pero también en justicia rechazaremos lo que sea mentiroso, parcializado y todo aquello que disfrazado de verdad pretenda contar la historia de años de dolor, de terror y sufrimiento como no lo fue en realidad.
La verdad es una sola y verdades a medias no son verdades y este anticipo del informe, deja la sensación de que las Fuerzas Militares fueron quienes agredieron al Estado, al pueblo Colombiano y que no actuaron como una respuesta de la política de gobierno a un ataque continuo y sistemático de grupos armados, los cuales en sus inicios con ideas foráneas y financiamiento extranjero formaron parte del entramado de la guerra fría y que luego se degradaron al descubrir lo rentable del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal, apropiándose de dicha industria criminal. Al final todos debemos aceptar las culpas.
