Después de varios intentos fallidos, el gobierno Santos intentará lograr la aprobación en el Congreso de una ley de baldíos. El trámite de la ley empezó con dificultades. Por una parte, porque al ministro que le correspondía radicarlo era al de agricultura, Aurelio Iragorri, pero el Consejo de Ministros le aceptó un impedimento por las relaciones de sus primos con baldíos en la Altillanura.
Pero además, organizaciones sociales han prendido las alarmas, porque han entendido que se trata de un nuevo intento de legalizar los métodos irregulares de acaparar los baldíos, tierras del Estado que desde 1936 están destinadas a los campesinos pobres. Consideran que a través de esta ley se sanean prácticas cuestionadas como las que los abogados de Brigard y Urrutia ingeniaron para que la empresa Ríopaila Castilla pudiera eludir la restricción legal de adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar, área máxima que puede comprar un particular cuando se trata de baldíos adjudicados a campesinos. Lo hicieron a través de la constitución de 27 sociedades anónimas simplificadas que compraron 42 mil hectáreas en Vichada.
Para algunos detractores, como Aurelio Suárez, el proyecto no facilita que las tierras se vuelvan productivas a través de proyectos a gran escala, como argumenta el gobierno, sino que permite que se conviertan en objeto de especulación financiera.
Los ponentes en la Comisión Quinta de la Cámara del proyecto son siete: el coordinador es Marco Rodríguez, congresista del Vichada del Partido liberal. Los demás son Franklin Lozano de Opción Ciudadana del Magdalena, Caren Cure, de Cambio Radical de Bolívar, Arturo Yepes, del partido Conservador de Caldas, Inti Raúl Asprilla del Partido Verde de Bogotá y Alfredo Molino, del partido de la U, Cundinamarca. Todos son de la Unidad Nacional, salvo Asprilla.
Organizaciones campesinas, indígenas, afros y otras de derechos humanos confían en que en el caso muy probable de ser expedida la ley, la Corte Constitucional la declare inexequible, como lo hizo hace dos años con los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que eliminaban las restricciones de concentrar tierras baldías. Hay otro argumento para su inconstitucionalidad y es que el proyecto de ley no fue consultado con pueblos indígenas y afros, a pesar de que los puede afectarlos de manera directa, sobre todo en la Altillanura, como lo narró Las2Orillas.
Una de las primeras expresiones sociales contra el proyecto de ley fue la cumbre en el Club del Comercio realizada el 6 de noviembre de 2014, convocada por Oxfam y la Campaña CRECE y que tuvo la asistencia de organizaciones internacionales y nacionales, como Dignidades Campesinas, ONIC, Cumbre agraria, étnica y popular, entre otras, y de los congresistas Jorge Robledo e Iván Cepeda y Alberto Castillo, y el ex representante experto en el tema, Wilson Arias y varios medios de comunicación.
Este es el análisis y las implicaciones que podría tener esta ley para los campesinos:
Ver la infografía en mayor tamaño acá:
