En un hecho sin precedentes, la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, envió una circular a los integrantes del gobierno de Medellín para decirles que no podían participar en política ni pronunciarse en el proceso de revocatoria, basándose en una ley contra la intervención en política de funcionarios públicos que solamente aplica en contra de los opositores.
Con esa situación se evidencian dos cosas. La primera, que Margarita Cabello se convirtió en la policía para funcionarios públicos opuestos al gobierno en sus múltiples facetas, puesto que ni advertencias han recibido todos los funcionarios del gobierno “Uribe III” que se han pronunciado abiertamente contra el Pacto Histórico tildándolo de comunista y vaticinando que “destruirá a Colombia”, como si este gobierno no la hubiera hecho trizas ya.
Lo otro que se comprueba es que esa entidad ya está comenzando a aceitar la maquinaria de persecución que le otorgó el Congreso de gobierno, no solamente con los 1208 cargos nuevos que servirán para aumentar la burocracia y la campaña a favor de los intereses del gobierno, sino que sin dudas serán una oportunidad para comprar votos en las regiones que se han alejado del “proyecto uribista”.
Además de grave, lo más escandaloso de la situación es que las entidades del Estado están actuando ya sin vergüenza, favoreciendo solamente lo que les conviene y persiguiendo todo aquello que represente peligro de “su institucionalidad”.
Queda claro que la verdadera democracia está en peligro y quienes la amenazan ya enfilan baterías y aceitan maquinarias desde la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y el propio gobierno, que además sigue “raspando la olla” a punta de contratos y corrupción desenfrenadas.
