En el año 2007, siendo presidente el señor Álvaro Uribe Vélez, el gobierno nacional le exigió a la gobernación de la guajira aceptar un crédito Bancario con el Banco Mundial por un valor de 90 millones de dólares, estando la tasa a $1.800, hoy nos toca pagar a $2.908. Este crédito tenía como objeto solucionar los problemas de agua y alcantarillado para este departamento. Hoy 10 años después, y cuando queda menos de 21 millones dólares por ejecutar La Guájira no tiene ni agua ni alcantarillado en cada municipio. Muchos en la guajira solicitamos en ese entonces no aceptar el crédito por las implicaciones que tenía el costo del dólar. Sin embrago la vicepresidencia (francisco Santos) insistió sobre la obligación que teníamos los guajiros de contar con esos recursos. Hoy nos damos cuenta que fue otra intervención del gobierno nacional.
El gobierno que preside Juan Manuel Santos, decidió intervenir una vez más la forma de realizar políticas en el Departamento de La Guajira. Ya lo hizo cuando decidió llevarse las regalías de la Guajira, las que producimos con el recurso minero energético como el carbón, el gas, el petróleo y la sal en nuestro territorio. En el año 2012, con el famoso Sistema General de Regalías (Ley 1530/2012), que buscaba Equidad en la distribución de los ingresos de recursos naturales no renovables. Se le vendió a los colombianos que los dirigentes guajiros se había robado los recursos de regalías y para la muestra un botón, de los 15 municipios que necesitaban proveer servicio de agua potable y alcantarillado ninguno lo tenía como tal. Hoy 6 años después los mismos municipios no tienen ningunos de los servicios esenciales para la salud y la vida de los guajiros.
En este año 2017, nuevamente el gobierno nacional, interviene a La Guajira, esta vez, encarcelando al gobernador elegido por los Guajiros, Wilmer Gonzales Brito y aclarando, con un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), donde declaro que los recursos de salud, educación y agua potable serian manejados por tres ilustres funcionarios del gobierno nacional, por un lapso de tres (3) años, para dar un manejo transparente a los dineros que transfiere la Nación a ese departamento. El Gobierno Nacional trasfiere al departamento de La Guajira anualmente cerca de $785.000 millones para financiar la provisión de los servicios de agua, salud y educación. Con esta intervención, a partir de hoy los $513.000 millones destinados a educación, $56.000 millones dedicados a agua y los $216.000 millones de salud serán administrados por equipos élite de los ministerios Salud, Educación y Vivienda, que trabajarán en el departamento junto con las autoridades locales para implementar mecanismos de contratación competitivos, mejorar la calidad de los servicios y acelerar las inversiones en curso.
"Estas medidas se toman por un periodo de tres años, que pueden acortarse si se logran las metas del plan de desempeño de forma anticipada", agregó el Presidente. Tres días después nombra a un gobernador encargado. Se trata del ilustre antropólogo Weilder Guerra Cúrvelo. Un hombre que es excelente y trasparente y que ya muy poco le interesa la política electoral. Todos en la guajira aceptamos el nombre de Guerra Cúrvelo y creemos que es otra intervención del gobierno Santos. Intervención que creemos es buena.
Ante esta última intervención ¿qué debemos hacer los guajiros?, conformar un Comité de Veeduría Ciudadana, para cada uno de las secretarías “usurpadas” por el gobierno nacional (salud, educación y agua potable), con la participación de las distintas sociedades, la de arquitectos, ingenieros, abogados, administradores de empresas, trabajo social, contaduría entre otras. Que los gremios se presten para realizar una verdadera veeduría ciudadana y le exijamos que nos den copia de los contratos y cumplimiento del mismo, que deben de realizar estos “usurpadores”. Es importante que el Dr. Weilder Guerra, nos permita a los guajiros realizar un proceso claro y transparente de veeduría ciudadana y le podamos decir a los guajiros como harán para solucionar el problema de que en nuestro territorio existan más de 15.000 guajiros que no han podido entrar a clase y como atenderá los contratos de transportes educativos y alimentación-PAE- para los quince municipios del departamento de la Guajira. Además que nos explique cómo hará el “usurpador” de educación para atender a los estudiantes de la universidad de La Guajira -15.000- en todo el departamento, para que el gobierno departamental le entregue el beneficio, para que estos se puedan matricular en el próximo semestre. Ya sabemos que el congreso de la República aprobó la Ley Pro Desarrollo Fronterizo- Ley 1813 de 2016, que plantea que las Asambleas departamentales en los departamentos fronterizos, podrá aprobar una ordenanza que vaya hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos. Pero esta ley es clara al decir en que se van a gastar los recursos de la misma así: 70% para infraestructura y dotación y 30% para capacitación, investigación y creación y pagos de plazas docentes. Es claro y necesario que todos los estamentos educativos del departamento deben buscar que la universidad de La Guajira sea del orden nacional. Es otro reto que tiene el alfil del gobierno central.
Pero nuestra veeduría ciudadana también va para el sector de la salud, en donde colocaron otro alfil que debe solucionar lo del documento RED. Hay que aclarar que llevamos más de 12 años y no hemos sido capaz de hacer el famoso documento y esto es porque los Gobernadores y Alcaldes no quieren decirle a los miembros de la comunidad que la guajira solo debe tener 4 hospitales: Riohacha; Maicao, San Juan y Barrancas y los distintos hospitales municipales se deben de convertir en centro de salud de estos 4 hospitales. Pero lo más importantes es que a este alfil, le toca el baile más feo y es la demanda que ante la comisión interamericana presentaron los wayuu, por la muerte permanente de niños en sus rancherías por la falta de comida y la escasez de agua potable. Esto indica que hay que trabajar para el montaje de agua potable y micro- acueducto en cada ranchería donde vive los wayuu y que estos tengan fuente de empleos para producir consumo agrícola para abastecerse y el auto-sostenimiento de sus familias. Y para terminar nuestra veeduría ciudadana debe meterse en el proyecto de agua y saneamiento básico en la guajira. Aquí hay que aclarar que teníamos los recursos del Banco Mundial por 90 millones de Dólares. Hoy sabemos que solo queda 21 millones de dólares. La pregunta y que debe haber respuesta en que se ha gastado el resto de la plata. ¿Que lastima que ya no este Jimmy Quintana Curiel, preguntado qué pasa con el agua en la guajira? Según el ex procurador ambiental Hugo Lacouture Danies, a Riohacha solo le faltan 17.000 millones de pesos, para colocar agua a toda la ciudad las 24 horas del día. Ojala no se termine la plata y nos quedamos sin agua.
Ante la decisión tomada por el gobierno nacional de intervenirnos lo único que nos queda es realizar una verdadera veeduría ciudadana para el gobernador nombrado por el presidente no termine como Vélez, que está “loco” de tanto defenderse. Esta veeduría es necesaria y urgente para cada municipio de la guajira y para el gobierno departamental en los próximos 20 años.
