Si hace doscientos años la revuelta era contra el sistema colonial español, hoy el pueblo de Ecuador se rebela contra el neocolonialismo del FMI. Quito, ciudad enclavada en la historia colonial de América, se planta como el escenario al que llegaron miles de manifestantes indígenas la semana pasada. Arribaron con su paso decidido, portando sus estandartes, sus banderas multicolores, ataviados con su coraza guerrera, con su tradición de resistencia pegada a la piel. Llegaron dispuestas y dispuestos a luchar como lo han venido haciendo desde hace cientos de años.
Las protestas, que tienen al país en vilo y al presidente escondido en Guayaquil, se producen debido a que el ejecutivo, decretó el retiro de subsidios al combustible, con lo cual los precios de este producto primordial se dispararon. Esta medida, se da en el marco de la firma de una carta de intención entre el gobierno de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional en marzo de este año, en dicho documento, según el informe sobre la situación de derechos humanos en Ecuador durante el estado de excepción 3 al 7 de octubre de 2019, redactado por diversas organizaciones de derechos humanos de Ecuador, el gobierno ecuatoriano busca, “acceder a un crédito denominado Servicio Ampliado (SAF) que contempla la entrega de 10.279 millones de dólares en total hasta el año 2021, de los cuáles, unos primeros 4.209 millones provienen del FMI y el resto de otros organismos de crédito multilaterales, entre ellos el BID, el Banco Mundial y la CAF”. Sin embargo, para acceder a este dinero, el gobierno de Lenin Moreno se compromete a cumplir con ciertas condiciones, entre ellas, según el documento antes mencionado, están las siguientes: “1) la remisión de intereses y multas sobre impuestos, tasas y contribuciones no pagadas; 2) el despido masivo de servidores públicos y reducción de salarios en ese sector; 3) reformas tributarias que incluyen exenciones para el sector empresarial sobre todo, y; 4) cierre y fusión de instituciones, vinculadas al despido de trabajadores, para achicar el tamaño del Estado”.
La anterior es la tras escena del discurso televisivo del primero de octubre en el que el mandatario ecuatoriano decretó, ante el desconcierto de sus ciudadanas y ciudadanos el fin de los subsidios al combustible, entre otras medidas arbitrarias y contrarias a los intereses y el bienestar de la ciudadanía. Como era de esperarse, los primeros afectados por la medida, el gremio del transporte, cito a protestas el tres de octubre. Ese mismo día, el presidente Moreno decretó el estado de excepción, con el que cualquier Estado justifica la violación de derechos humanos, con la excusa débil y cobarde de preservar el orden.
El presidente ecuatoriano, no sometió el tema del acuerdo con el FMI
a la Asamblea Nacional,
ni consultó si era viable constitucionalmente
Ahora bien, es importante aclarar que el presidente ecuatoriano, no sometió el tema del acuerdo con el FMI a la Asamblea Nacional, ni consultó si era viable constitucionalmente, todo lo hizo amparado en “una serie de reformas estructurales económicas, tributarias y sociales que el propio FMI afirma, constituyen un ajuste estructural para el país”. Ahora bien, el presidente Moreno, no es ningún ingenuo y sabía bien lo que sucedería tras su anuncio, por eso, no dudo en desplegar todo el aparato militar y policivo para reprimir de tajo el descontento, aduciendo en el decreto de estado de excepción dudosos argumentos, llenos de ambigüedades, como, por ejemplo, que se trata de “una grave conmoción interna, pues las paralizaciones en diferentes lugares del país, han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas; así como también, la alerta de una posible radicalización de la medida en todo el territorio nacional, ya que las diferentes agrupaciones continúan convocándose para jomadas de protesta continua e indefinida. Tal situación, requiere de intervención emergente a fin de precautelar la seguridad y los derechos de todas las personas.” Como se nota al leer el fragmento, no se definen, ni se aclaran, ni pormenorizan los hechos que supuestamente justifican la medida, así mismo, señala con mala intención la “posible radicalización”, un supuesto que deja vulnerables a quienes participan y ejercen su derecho a protestar. Este tipo de zonas grises en los discursos del poder, abren las puertas a la arbitrariedad por parte de las fuerzas estatales y con ello, es el conjunto de la sociedad quien debe asumir el costo del abuso, con las implicaciones que ello supone. Así, en dos días, hubo más de 370 personas detenidas, muchas de ellas fueron incomunicadas, lo que es ilegal en Ecuador, otras tantas recibieron golpes y amenazas por parte de miembros de la fuerza pública. Todo un despliegue represivo justificado desde el despacho itinerante de un presidente doblegado al neoliberalismo.
En dos días, hubo más de 370 personas detenidas,
muchas de ellas fueron incomunicadas, lo que es ilegal en Ecuador,
otras tantas recibieron golpes y amenazas
Un presidente, que, ante su incapacidad de gobernar con dignidad y valor en pro de su ciudadanía, opta por acusar de la represión que él mismo ha fomentado a otros gobiernos, como el venezolano, lo que no es más que el agotado lugar común de la nueva generación de dirigentes neoliberales del continente. No solo eso, que ya es ridículo, sino que además acusó al expresidente Correa de estar detrás de las movilizaciones, como si ellas fueran injustificadas o arbitrarias, un discurso simple que no solo resulta insultante para la ciudadanía ecuatoriana, sino que no tiene lógica alguna, porque resulta claro que el descontento no tiene colores políticos, se trata de la ciudanía hastiada de ser quienes siempre pagan la falta de carácter de quienes gobiernan en función de satisfacer agentes externos e intereses particulares. Así mismo, dijo que quienes promueven el desorden son disidentes de las Farc y miembros del ELN, finalmente, acosado por el descontento optó el sábado por cerrar el canal TeleSur Ecuador, el cual duró fuera del aire 24 horas, acción que violo la libre difusión de información.
El domingo, luego de once días de revueltas, el gobierno de Lenin Moreno se comprometió con las comunidades indígenas a sustituir el decreto 883, con lo cual, salvó su presidencia, por el momento, porque sin duda, esta derrota deja su gobernabilidad comprometida. Así mismo, queda su credibilidad democrática, pues el derroche de represión, de desinformación y de violación de derechos humanos del que hizo alarde su gobierno ante la crisis, sirvió para retratar su vocación represiva.
