Un nuevo envión contra la paz han puesto en desarrollo los amanuenses de Álvaro Uribe. Se trata de una frenética recolección de firmas, mediante las cuales buscarán darle curso a un referendo que podría significar la liquidación de la Jurisdicción Especial de Paz y el paso de sus competencias a una sala de la Corte Suprema de Justicia, que para el caso se crearía.
Esperamos que el país no caiga en esta trampa. Mucho menos las víctimas del conflicto armado, que han visto en la JEP la única posibilidad de oírles la verdad y ver sometidos a la justicia restaurativa a los autores materiales e intelectuales de la tragedia que privó de la vida, desapareció, desplazó, cobró la integridad física y mental, alteró la tranquilidad ciudadana y, en general, victimizó a la casi totalidad de los colombianos.
Esa trampa la han justificado en la presuntamente censurable decisión de no acceder al pedido de extradición del exguerrillero fariano Jesús Santrich, hecho con el que se sienten avalados para ratificar sus acusaciones a la JEP de ser un instrumento de impunidad impuesto por las guerrillas en La Habana.
Estos servidores de oficio de la violencia en Colombia pretenden hacer que olvidemos el cúmulo de expedientes de todo tipo que hacen cola en los anaqueles de la justicia tradicional, tanto la civil como la militar, no a la espera de un veredicto de culpabilidad o inocencia, que sería lo de esperar, sino del vencimiento de términos que conduzca a una definitiva y, esta sí, real impunidad. Por razones de espacio, hacemos mutis por el foro ante esa otra impunidad, la que se origina en sobornos, coimas y otros instrumentos de placer, a los que son tan adictos muchos de los que debieran ser cancerberos de la moral pública.
Es de esperar que el país responda con una actitud debidamente sopesada de lo que en realidad le conviene, que es el mejor antídoto contra los estímulos emocionales y discursos falaces en que son tan fecundos los enemigos de la paz, como ya lo demostraron en el pasado plebiscito por la paz, en el cual pusieron a votar contra ella a seis millones 425 mil colombianos.
Pero esa actitud racional, indispensable para reducir al máximo la participación ciudadana en esa recolección de firmas, será imposible alcanzarla si Fuenteovejuna no se compromete a promocionarla con total desprendimiento de las estorbosas diferencias que tanto daño le han hecho a sus propósitos reivindicativos en todos los tiempos.
Si en virtud de esta estratagema uribista resulta eliminada la JEP, también resultará eliminado un conato de paz que creímos merecer, aunque nunca nos preocupamos por demostrarlo.
