Gustavo Petro acaba de ganarle el pulso al ex procurador Alejandro Ordóñez, quien lo había destituido e inhabilitado tras la implementación del esquema de basuras cuando era alcalde de Bogotá. Sin embargo, Petro se defendió y, a través de unas medidas cautelares, logró que le suspendieran la sanción. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington acaba de pronunciarse y recomienda al Estado dejar sin efecto la decisión de Ordóñez que sacó a Petro del Palacio de Liévano por varias semanas en 2013. La decisión de la Comisión también sienta un precedente al recomendarle al Estado adecuar la “legislación interna”, es decir, modificar la Constitución Política y el Código Disciplinario Único para restringir los poderes de entidades administrativas, lo que significa que la Procuraduría General de la Nación no puede destituir ni inhabilitar a personas elegidas a través del voto popular. Sí el Estado no acata las recomendaciones de la CIDH, el caso de Petro pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para los abogados de Gustavo Petro esta decisión se convierte en un triunfo para el ex alcalde que de no defenderse internacionalmente habría tenido que dejar el cargo 2 años antes de concluir el mandato y le habría significado su muerte política. El día de ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había suspendido la multa por 217.000 millones pesos que le puso la Contraloría Distrital por el supuesto detrimento patrimonial que le provocó Petro a la ciudad con la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP.
