La historia reciente de este imponente departamento del caribe colombiano, caracterizado por lo indeleble de su huella cultural de la que no solo nos orgullecemos sino también nos deleitamos el resto de colombianos, al escuchar alguno de sus porros sabaneros, al lucir alguna de sus tradicionales artesanías o al disfrutar de su gastronomía, para citar tan solo algunos de esos momento; está atravesada por una constante captura de su institucionalidad por parte de actores, que tanto desde la luz de la legalidad como desde las penumbras de la ilegalidad, han sentenciado el destino de sus gentes.
Un análisis al contexto político y social de este departamento, permite evidenciar cómo durante los últimos veinte años se ha experimentado un complejo proceso de captura y recaptura del aparato estatal, derivado fundamentalmente de la crisis de gobernabilidad generada por la débil y hasta nula presencia del Estado, lo que genera disfuncionalidades en las instituciones impidiéndoles dar respuesta a las múltiples demandas sociales.
Un primer momento de este proceso acaecido durante las últimas dos décadas, tiene su punto de inflexión el 23 de julio de 2001, recordemos que en esta fecha este departamento fue el epicentro del tristemente célebre “Pacto de Ralito”, llamado así en alusión directa al corregimiento en donde fue suscrito -Santa Fe de Ralito, en el Municipio de Tierralta- y que consistió en el acuerdo celebrado entre las elites políticas regionales y el paramilitarismo, para la captura de la institucionalidad local, regional y nacional que permitiera consolidar el proyecto político que representaría los intereses del movimiento paramilitar, el cual fue conocido a nivel nacional como el fenómeno de la parapolítica, un capítulo del que hasta ahora se empieza a sobreponerse.
Toda esta época de reinado de la parapolítica que data desde el año 2000 y que puede decirse llegó a su final con la extradición de los jefes paramilitares hacia Estados Unidos en mayo del año 2008, marcó un primer momento de la captura de la institucionalidad en el departamento de córdoba; una captura del aparato gubernamental ideada por ilegales y materializada por legales, que devino indudablemente en la comisión de todo tipo de delitos, dentro de los cuales no faltaron los cometidos contra la moral y la administración pública, y sobre los cuales los organismos de control están aún en mora de pronunciarse.
El tránsito hacia una nueva etapa de cooptación del departamento, empezó a fraguarse con las elecciones nacionales a Congreso de la República en el 2010 y las elecciones regionales y locales de 2011; Una “nueva” dirigencia política irrumpe en el escenario político, aprovechando los efectos de la desmovilización parcial del paramilitarismo y de la extradición de los jefes paramilitares en especial de Salvatore Mancuso.
Fue así como surgen y empiezan a adquirir especial figuración y relevancia el denominado clan de los ñoños, dos casas políticas encabezadas por los actuales Senadores del Partido de la U, Musa Besaile y Bernardo Elías Vidal.
El proceso de expansión y consolidación de la llamada ñoñomanía ha tenido un ascenso vertiginoso y la recaptura del estado no se hizo esperar. Esta vez, a la luz del ejercicio democrático los dos líderes políticos han podido reconfigurar el espectro político del departamento inclinándolo a su favor. A la par, este proceso ha también conducido a un nuevo mapa político en el que otros actores empiezan a tener una preponderancia de especial consideración.
En la actualidad Besaile y Ñoño Elías no solo tienen las mayores votaciones en el país al Senado de la República, con casi 300.000 votos entre los dos, sino que adicionalmente se constituyeron bastiones de la victoria de Juan Manuel Santos en la costa Caribe; tienen representación en la Cámara de Representantes, mantienen en cabeza de Johnny Besaile Fayad (Hermano del Senador Musa Besaile ) la Gobernación del Departamento, y consolidan su proyecto político regional con alrededor de 19 Alcaldías, 4 curules en la Asamblea Departamental y cerca de un centenar de concejales en todo Córdoba.
Este poder político se convierte entonces, en una plataforma suficiente para la recaptura de la institucionalidad, esta vez, montados en el bus de la legalidad y bajo la mirada impávida de todo el país. Arrebatarle el control de andamiaje institucional a los ilegales (paramilitares) y canalizarlo para sí, es el propósito de esta nueva cruzada lanzada por estos dirigentes políticos cordobeses. De esta manera este proceso de nueva captura, vuelve a condenar a las gentes de este departamento a la marginalidad y abandono disfrazado de toda una serie de políticas asistencialistas que en nada buscan revertir los índices de exclusión y pobreza de esta región.
El monopolio ejercido por estas castas políticas, ha permitido entonces el desangre de recursos públicos a partir de los más escabrosos y bochornosos actos de corrupción que hasta ahora empiezan a salir a la luz pública y de los cuales los colombianos empiezan a conocer, pero que para la clase política del departamento son abierta y complacientemente conocidos.
Durante los últimos meses hemos presenciado como han sido puesto al descubierto los innumerables entramados de corrupción que han sido diseñados por la actual dirigencia política de este departamento, para arrebatarles recursos que le pertenecen a todos los cordobeses a partir del desfalco a las finanzas públicas; prácticas estas que otrora también fueran practicadas por los paramilitares quienes también vieron en el aparato estatal, un instrumento fundamental para el logro de sus intereses.
Los carteles de la educación, la hemofilia, los toldillos, el de las Tucson, el del síndrome de Down y el de las regalías, son apenas algunos de los ejemplos del fraude al tesoro público de los últimos años, en los que tienen todos como común denominador, la influencia de mandatarios y contratistas afines a los senadores Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías, y el silencio cómplice de los organismos de control regional -que también cooptados por estos clanes políticos- cohonestan con todas estas prácticas de corrupción, pues nada más basta recordar que el actual Contralor Departamental es el polémico exsecretario del Congreso de la República, Emilio Otero, cuota política de Bernardo “ñoño Elías .
Así las cosas, hoy por hoy éste departamento se debate entre un nuevo despojo protagonizado por actores legales que han puesto al servicio de sus intereses la institucionalidad estatal; esta recaptura, escribe las páginas de un nuevo capítulo en la historia del departamento, en la que nuevamente la debilidad manifiesta del Estado queda al descubierto y la paquidermia del nivel central para hacer frente a la misma queda demostrada.
