Tengo la fortuna de tener como senador de la República a mi hijo mayor, Juan Luis Castro Córdoba, electo y representante del Partido Verde, y más allá de esperar que sea mejor congresista que yo, estoy segura de que realizará una importante labor en pro de quienes lo eligieron y demás ciudadanos porque cuenta con muchas capacidades y valores humanos, condiciones sin las cuales no habrá trasformaciones en la política, tan necesarias para los retos a los que se enfrenta el congreso actual. En el marco del inicio de su periodo como legislador, Juan Luis presentó un proyecto de ley que busca amparar a las mujeres que hacen política para sancionar, más allá de lo punitivo, a quienes violenten y afecten los derechos políticos y civiles de mujeres congresistas, alcaldes, ediles, diputadas, gobernadoras y quienes sin ser elegidas militan en partidos y movimientos políticos.
La violencia contra las mujeres que hacen política es un tema invisibilizado y silenciado que no solo afecta a las mujeres, sino a hermanos, hijos, padres, compañeros sentimentales y amigos, esta es una de las razones por las cuales, Juan Luis ha decidido proponer una ley que ampare a las mujeres que hacen política. Como hijo, fue testigo fehaciente de los actos de violencia contra mi persona y así como otros hijos de mujeres violentadas por el hecho de ejercer sus derechos políticos y civiles, padeció a mi lado los efectos, la persecución, secuestro, las noticias falsas sobre mi accionar, consecuencias que más allá de desanimarlo o generarle algún resentimiento, lo animaron a estudiar, a ser mejor persona, a comprender la violencia en el país y ahora a ser congresista. Casos como este hay muchos, hombres apoyando y defendiendo a las mujeres para que no desfallezcan y continúen por la senda de la política.
Cada día se hace más difícil que las mujeres hagan política
porque son señaladas, agredidas física y psicológicamente,
silenciadas en sus partidos políticos…
En la exposición de motivos de esta ley, Juan Luis Castro señala cifras que demuestran que cada día se hace más difícil que las mujeres hagan política porque son señaladas, agredidas física y psicológicamente, silenciadas en sus partidos políticos en sus hogares y en los cuerpos colegiados para los que fueron elegidas, acusadas de locas, brujas y un sin fin de descalificativos que obligan a las mujeres a retirarse con el agregado de que esta violencia desanima a otras para que no participen en la política. Por eso, es tan importante que en el país se empiece por tipificar la violencia contra las mujeres que hacen política y podamos detectar cómo las afecta, cómo repercute esto en la democracia, en los hombres que están al lado de ellas y empecemos a pensar en lo que debemos hacer como país con nuestra educación para fomentar el respeto, la solidaridad, valores democráticos y reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
La ley presentada nos debe ayudar a todas las mujeres sin distingo de ideología, religión, raza, identidad sexual a crear instrumentos para prevenir, sancionar, reparar los actos de violencia, pero sobre todo nos debe alentar para que hombres y mujeres en igualdad de condiciones hagamos política con garantías en todos los espacios en que esta sea necesaria sin que esto implique, que al no estar de acuerdo con el otro se le anule física o moralmente.
Será uno de los tantos retos de este Congreso avanzar en mecanismos que ayuden ampliar la democracia y participación de nuevos sujetos, nuevos partidos y movimientos, pero sobre todo debe ser un derrotero de la sociedad colombiana, los gobernantes, partidos políticos, etc., no permitir que se normalicen actos de violencia contra las mujeres que hacen política ya que han sido pocas las que han decidido, pero si esas pocas son violentadas estaremos avanzando para retroceder, ¿de qué sirven las leyes si los ciudadanos insisten en comportarse de manera violenta, incivilizada? Por supuesto que los gobiernos nacional y local, el Congreso y demás cuerpos colegiados, así como los otros aparatos del Estado deben tener la iniciativa y activar mecanismos de defensa y protección de derechos humanos de las mujeres, pero poco valdrá esto si la sociedad, los ciudadanos no se proponen cambiar el chip de la indiferencia y la agresividad. Bien que exijamos, pero es mucho mejor y positivo para el país y la democracia empezar a cambiar prácticas y costumbres, exigirnos cambios.
