El Estallido Social que durante 50 días conmocionó al país desde el 28 de abril de 2021, construyó una agenda política que modificó la agenda neoliberal y de extrema derecha que aplicaba el gobierno de Iván Duque, el tercero de Álvaro Uribe Vélez.
Una vez logrado el retiro de la regresiva y empobrecedora reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, que perseguía recaudar $27 billones por aumentar el IVA al 19 % de la canasta básica y hundir el proyecto de privatización de la salud presentado por Cambio Radical liderado por Germán Vargas Lleras, el Comité Nacional de Paro CNP, que había convocado el paro nacional, presentó una agenda de 6 puntos para que el estado interviniera la salud en la pandemia, estableciera una renta básica para cerca de 3 millones de familias vulnerables, defendiera la producción nacional y el empleo subsidiando el pago de la nómina de la mipymes, estableciera la matrícula cero universitaria, demandó garantías de derechos y atención a las mujeres y las diversidades sexuales afectadas y discriminadas y la derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social, así como no privatizar la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol. Se señaló que para atender estas peticiones el Estado contaría con al menos éstas fuentes de recursos: emisión de moneda; hacer uso de las reservas internacionales; realizar moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa y suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero. A todo ello se agregó un punto relacionado con las garantías a la protesta y desmonte del Esmad dado la sangrienta represión desatada por el estado.
Ante la negativa del gobierno a atender y negociar éstas demandas, el CNP presentó junto con varios congresistas de la bancada alternativa, 10 proyectos de ley el 27 de julio de 2021 que resumían los motivos del estallido social, proyectos que fueron todos archivados en el segundo semestre de ese año, por las mayorías políticas del gobierno de Uribe III.
Éste cambio de agenda terminó siendo muy bien interpretada por el candidato progresista Gustavo Petro e incorporó en su programa de gobierno todos los asuntos relevantes de ese pliego de emergencia y obvio, otras viejas aspiraciones de la población empobrecida y vulnerable, que fue determinante para ganar las elecciones el Pacto Histórico como la primera fuerza en el Congreso y para el triunfo electoral en la segunda vuelta de elección presidencial, el 19 de junio de 2022.
Ésta es la agenda que viene desarrollando el gobierno popular de Gustavo Petro.
Dicha agenda avanzó de manera importante en el segundo semestre de 2022 y en las primeras de cambio del 2023 donde la coalición de gobierno logró, en el 2022 aprobar una reforma tributaria que recaudará $20 billones más al imponer impuestos a las grandes corporaciones de la minería y los hidrocarburos y a poner impuestos a alimentos y bebidas no saludables, y en el 2023 en mayo, el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia de vida" que involucra los objetivos de la paz total, la justicia social y la ambiental, ambas cuestiones claves para mejorar las condiciones de vida de la población.
Sin embargo una vez presentadas las reformas de la salud, la laboral y la pensional, la coalición de gobierno se rompe puesto que los partidos Conservador y de la U se declaran independientes, perdiendo el gobierno del cambio las mayorías en el Congreso.
En desarrollo del trámite legislativo, el avance de las reformas ha sido muy lento y traumático.
Para ello el gobierno nacional y el Pacto Histórico y las organizaciones sociales participaron de varias movilizaciones sociales, siendo las más exitosas la del 1° de mayo y la del 27 de septiembre, una desde el balcón de la Casa de Nariño y la otra desde la tarima de la plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro llamó a construir el Acuerdo Nacional, que no solo contribuya a aprobar las reformas, sino que amplíe el espectro del respaldo a la Paz total y aisle las voces de los señores de la guerra.
Pero también puede decirse que el resultado electoral del 29 de octubre, donde se movilizaron sectores vinculados al gobierno de un lado y de otro al poder regresivo de la extrema derecha que no quiere que gobierne, arroja que según el mismo presidente, contrariando el balance de las fuerzas de la guerra, al menos 15 gobernaciones corresponden a los aliados con los que él llegó a la presidencia y con los cuales se puede trabajar hacia adelante desarrollando el PND, coordinando con los planes locales y sus gobiernos. Una posibilidad entonces de levantar la necesidad de ese Acuerdo Nacional que deberá fortalecerse con los partidos y movimientos que representen esas fuerzas en el Congreso y por tal consolidarlo para avanzar en las reformas sociales.
De esa manera se puede decir hay condiciones políticas para hacer el Acuerdo Nacional alrededor de las reformas y cambios sociales que levantó el Estallido Social del 2021 y que están recogidas en las reformas presentadas por el gobierno del cambio y que requieren ser aprobadas.
De no aprobarse las reformas sería una nueva frustración para la mayoría de la población que las ha venido reclamando y mostraría de nuevo que los poderes oligárquicos les niegan sus derechos
De no suceder, sería una nueva frustración para la mayoría de la población que las ha venido reclamando y que mostraría que de nuevo los poderes oligárquicos, llenos de privilegios en los 33 años de gobiernos plutocráticos, le niegan sus derechos y mejoras en sus condiciones materiales de vida.
De no dudarlo, la pobrecía, los excluidos de siempre y los trabajadores y trabajadoras, hoy nuevamente ignorados si no se les atiende en las reformas sociales, entenderán que se requerirá de nuevo un nuevo Estallido Social de mayores alcances y repercusiones.
Posdata: El 21 de noviembre se cumplen 4 años del primer gran Paro Nacional del 2019. Y el 28 de noviembre se inicia la negociación del salario mínimo.
X: fabioariascut
