Colombia se encuentra atravesando momentos difíciles en materia de bienestar social, situación que si bien no se originó con las secuelas producida por el covid-19 y las subsiguientes crisis en la cadena de distribución a nivel mundial y los efectos inmediatos generados de la invasión de Rusia a Ucrania, sí se intensificaron exponencialmente a causa de estos choques externos, generando un incremento en la desigualdad económica, intensificación de la población en condición de pobreza y una pérdida de empleos que a la fecha no se han recuperado en su totalidad.
En cifras concretas, Colombia pasó de tener un Coeficiente de Gini, indicador que mide la distribución del ingreso, de 0,513 en 2019 a 0,542 en 2020, y 0,539 en 2021.
En materia de pobreza, Colombia tenía cerca de 21 millones de habitantes en condición de pobreza en 2020, 3,5 millones más que en 2019, equivalente al 42,5% de población nacional en situación de pobreza, mientras que el 15,1% vivía en pobreza extrema en 2020, frente al 9,6% registrado por el DANE en 2019.
Finalmente, en materia de desempleo, la tasa de desocupados pasó de 10,5% a 15,9%, entre 2019 a 2020, con una reducción significativa pero insuficiente en 2021, que la ubicó en 12,9%.
Esta situación en un país tan diverso a nivel cultural y étnico genera un desafío adicional al que sugiere a priori las cifras mencionadas, desafío que históricamente ha tenido un manejo deficiente por parte los gobiernos nacionales, que parecen desconocer los beneficios de contar con una estructura política -al menos en teoría- descentralizada.
Para corregir este error de larga data es necesario empezar a reunir la evidencia suficiente para una toma de decisiones en materia de Política Publica efectiva, esta evidencia debe proveer una fotografía amplia no solo de la precariedad económica de los colombianos, que si bien es el eje transversal en materia de calidad de vida, no es suficiente para entender las condiciones generadoras de bienestar al interior de las diferentes comunidades presentes en el territorio nacional.
Un ejemplo del tipo de herramientas que necesita el país la provee la OCDE, por medio del indicador “Better life Index”, aborda un total de 11 dimensiones construidas por medio de 24 indicadores que incluyen condiciones materiales y percepción subjetiva.
Este modelo permite enfocar una serie de consideraciones primordiales para la consecución de la vida que las personas desean tener, que abarca diagnósticos del entorno que habitan, las condiciones materiales con las que cuentan los individuos y el nivel de satisfacción que tienen de la vida que llevan.
Cuando se implementa y se examina los resultados que obtiene Colombia frente al resto de socios de la OCDE, ante los diferentes escenarios que se pueden obtener al asignarle diferentes pesos a cada una de las dimensiones, Colombia siempre ocupa las posiciones inferiores, solamente a la par de México y Turquía, como se puede ver en la siguiente ilustración, en la cual se asigna el mismo peso a cada dimensión evaluada.
Ahora bien, en la práctica, hacer una comparación de bienestar social con otros países puede generar una señal de alarma al encontrarnos en una posición tan desfavorable, pero, obtener la radiografía de una medición similar a nivel regional podría significar un avance significativo, que permita entender las diferentes necesidades de la población, identificarlas y generar propuestas que vayan más allá del otorgamiento de subsidios que a la larga nos llevan a una trampa de pobreza interminable y a un alto costo fiscal.
Con lo anterior solo quiero decir que el deber del nuevo presidente de Colombia para reducir la crisis social y económica que atraviesa el país debería partir de un diagnóstico amplio de la realidad en los territorios, entendiendo que cada comunidad es diferente a nivel étnico, cultural y territorial, lo que a su vez lleva a una concepción diferente del bienestar social y el desarrollo humano.
Adicional, se debe buscar una caracterización amplia de las minorías, con enfoque de género y segmentación de poblaciones vulnerables.
Finalmente, se debe empoderar y trabajar articuladamente con las administraciones locales, dejando de lado esa cultura arraigada de concentración de recursos en el poder central, trasladándolos a las gobernaciones y alcaldías que entienden a mayor profundidad las necesidades en cada región.
