El paro nacional del 21 de noviembre de 2019 tiende a ser un hecho histórico para el país, desde hace mucho tiempo, diversos sectores, corrientes ideológicas y líderes de opinión no se habían centrado alrededor de una manifestación ciudadana de este tipo. Lastimosamente, existe una minoría, que no entiende ni dimensiona el valor de una protesta pacífica, por el contrario, creen que el hecho de chocar de manera violenta es el mejor mecanismo para generar presión. A pesar de que se generen acciones para prevenir estos sucesos, esto se convierte en una labor difícil de concretar, tanto por las mismas intenciones de estos grupos, pero también, por la instigación de la misma autoridad pública.
Como respuesta al aceptación que ha tenido la movilización en todo el país, esto en parte al descontento en relación al gobierno nacional, y su partido de gobierno, como también a la influencia alrededor de las diversas manifestaciones en varios países latinoamericanos, especialmente el caso chileno, hay algo completamente claro y evidente, en respuesta a lo anterior: los mayores instigadores para la existencia de violencia en la próxima movilización del 21, es el Centro Democrático, partido de gobierno.
El Centro Democrático, está en su pleno derecho de no apoyar, y claramente en la obligación de no justificarlo, pues son partido de gobierno y las acciones que ha ejecutado, como las que no y las que piensa realizar el gobierno nacional, van conforme a los lineamientos del partido; esto finalmente, hace parte de lo que una vez llamaba Estanislao Zuleta, “la necesidad de buenos conflictos”, la existencia de conflictos permiten que los valores democráticos se realcen y que finalmente las ideas y voces de diversos sectores se escuchen, pero lo que no es tolerable, y es aquí donde se aplica la llamada “paradoja de la tolerancia”, planteado por Karl Popper, es la estigmatización y las mentiras alrededor de la movilización, por lo tanto se debe alzar la voz contra la intolerancia, y no ser tolerante ante la misma.
El Centro Democrático debe entender que la protesta no es un acto que atente o vaya en contra de la democracia, por el contrario, la fortalece y permite que se mantenga viva. Que así como existe el acto de votar, en medio de las diversas formas de participación política, la movilización social, es un derecho constitucional y no una concesión, ni una exclusividad para unos pocos.
El presidente Duque debe comprender el llamado ciudadano. Un llamado que se empezó a gestar mucho antes de las elecciones regionales, pero que el pasado 27 de octubre se evidenciaron las intenciones diversas de un país que se direcciona hacia las nuevas ideas, de esta manera, es fundamental que genere acciones coordinadas con los nuevos gobiernos, y diversos actores, que permitan de esta manera, atender los diversos llamados que se concentrarán en las próximas manifestaciones. Es crucial para el país el respeto por la Constitución y la defensa por la paz, existe un acuerdo, el cual es un acuerdo de transición, y que de esta manera involucra al actual gobierno.
Este 21 de noviembre estaré marchando al igual que millones de colombianos y colombianas, que rechazamos las muertes de líderes sociales y reinsertados, que rechazamos el abandono y ausencia integral del Estado, que rechazamos el descuido marcado por parte del gobierno a asuntos cruciales del país, que rechazamos las reducidas garantías para trabajadores y estudiantes, que rechazamos el bombardeo “impecable”, según el calificativo del presidente Duque sobre un número aún no definidos de niños y niñas en el Caquetá. Los que marcharemos este 21 lo haremos teniendo en cuenta siempre, la importancia y la responsabilidad que esto conlleva; una responsabilidad que debe ser mutua entre manifestantes y autoridades, respetando y garantizando, lo que el profesor Roberto Gargarella denomina como “el primer derecho”, aquel que “nos permite mantener vivos los demás derechos”.
Vamos a las calles.
