La falta de definición de una política mineroenergética al servicio del interés nacional, con altos estándares ambientales, laborales y sociales, ha motivado la realización de varias consultas ciudadanas para prohibir esta actividad en sus territorios. Así se han frenado proyectos lesivos como el de Cajamarca en Tolima y están previstas unas 40 consultas más.
Frente a esta situación, no demoró el Gobierno Nacional y los gremios de las transnacionales en poner el grito en el cielo, sobre la supuesta debacle que generaría en términos de inversión, empleo, bienestar, crecimiento y lucha contra la pobreza. Como si en los años de la mayor bonanza mineroenergética de la historia del país, durante los gobiernos de Uribe y Santos, esa locomotora hubiera servido para resolver dichos problemas. Todo lo contrario, hoy La Guajira, departamento en donde está la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, es el más pobre y con más hambre de Colombia, y los otros territorios en donde actúan estas transnacionales no son muy diferentes.
Lo cierto es que las cifras del Dane demuestran que tales beneficios de la locomotora nunca se dieron. Un análisis realizado por Cedetrabajo para el Grupo Proindustria revela que este sector económico creció más que ningún otro, aumentó su participación en el PIB, pero destruyó empleos y fue el de más alta concentración de la renta. En efecto, la participación del sector mineroenergético pasó de 6,9 % en 2005 a 9,2 % en 2014, mientras la agricultura y la industria perdieron participación. También en este periodo la tasa de crecimiento promedio anual fue de 6,2 %, el triple que en los sectores productivos, y sin embargo genera tan solo el ¡1% del empleo nacional! Para colmo, entre 2010 y 2016, a pesar de su sobresaliente crecimiento, fue el único sector cuya tasa de crecimiento anual de ocupados fue negativa en 2 %, destruyendo 33 000 puestos de trabajo. Finalmente, es el que presenta la peor distribución de la renta de todos los sectores: el 87 % va para los dueños del capital, el 11 % para los trabajadores y el 2 % para impuestos, mientras en la industria el 62 % va para los dueños del capital y el 35 % para los trabajadores.
Entre 2010 y 2016, a pesar de su sobresaliente crecimiento,
el mineroenergético fue el único sector cuya tasa de crecimiento anual de ocupados
fue negativa en 2 %, destruyendo 33 000 puestos de trabajo
Oponerse a la minería es como oponerse a la evolución humana; es sencillamente inútil, nos guste o no. La especia humana ha realizado minería desde hace unos 50 000 años y lo seguirá haciendo hasta el fin de su existencia, porque es parte de su naturaleza. El debate nunca ha estado en si se debe hacer o no, sino sobre cómo, dónde, cuánta y para qué hacerla. El Estado sabe esto, pero no actúa para no lesionar los intereses de las transnacionales que mantienen a la clase dirigente en el poder. Es necesaria una transformación productiva que aproveche la minería para estimular a la industria nacional y crear empleos de alta calidad.
Hace unos años cuando participé en las negociaciones de un paro de pequeños mineros colombianos, un funcionario que todavía está en un alto cargo del Ministerio de Minas dijo: esta es la política que hemos definido, si la quieren cambiar, deben ganar las elecciones. Hay que ponerse entonces en esa tarea.
Twitter: @mariovalencia01
